Chile, al igual que los países de la región, ha experimentado un crecimiento significativo en su política económica extractiva, pilar fundamental del modelo capitalista- neoliberal en las últimas décadas, lo que ha llevado a una serie de consecuencias negativas para el ambiente y para el tejido social, especialmente entre los sectores populares. En este artículo, examinaremos la relación entre la producción capitalista y el ecocidio en Chile, centrándonos en el daño socioambiental causado por la ratificación del TPP11, los acuerdos comerciales internacionales, el monocultivo forestal y los megaproyectos mineros. También exploraremos cómo la continuidad del modelo neoliberal por parte del gobierno de Boric que ha profundizado la mercantilización de la naturaleza y ha promovido una economía de explotación extractiva en el país.
Por Camilo Parada, Movimiento Anticapitalista
Ratificación del TPP11
La ratificación del TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) y el acuerdo comercial con la Unión Europea han generado preocupaciones en varias organizaciones ecologistas en términos de daño socioambiental en Chile. Estos acuerdos fomentan la liberalización comercial y la apertura de los mercados, lo que conduce a una mayor explotación de los recursos naturales del país con nulas salvaguardias ambientales. A pesar de su autoproclamado ecologismo, el gobierno de Gabriel Boric, quien prometía oponerse a este tipo de tratados durante su campaña, no retiró el tratado de su aprobación en el Senado y se escudó en posibles mejoras en puntos polémicos relacionados con la soberanía y la resolución de conflictos entre el Estado y las multinacionales. El martes 21 de febrero del presente año, luego de ser ratificado en el congreso con algunos votos en contra de los partidos del gobierno, pero sin haber retirado el proyecto, entró en vigencia el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) con el respaldo final del gobierno del FA, PC y ex concertación, dejando en marcha políticas públicas, sobre todo en materia extractiva, con una regulación ultraliberal y ecocida en beneficio de las grandes multinacionales y el gran capital tanto nacional como extranjero.
Megaproyectos mineros
Chile basa parte de su economía en la industria minera y en la explotación de recursos minerales, principalmente el cobre. En el año 2022, el sector minero en Chile representó aproximadamente el 13,6% del producto interno bruto (PIB) del país, un punto porcentual por debajo de los datos de 2021, que fueron los más altos desde el año 2012. Además del cobre, se ha generado un interés creciente en la extracción del litio. Durante el mes de abril, el presidente Boric anunció en cadena nacional que el Estado chileno creará la Empresa Nacional del Litio. Sin embargo, es importante destacar que esto no implica la nacionalización del mineral, sino que se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio que busca aumentar la riqueza a través de políticas de explotación público-privadas.
No obstante, la explotación del litio ha generado preocupación y oposición por parte de comunidades y movimientos ecologistas, ecosocialistas y defensores de la naturaleza debido a los problemas socioambientales asociados, especialmente en relación con el uso del agua, la alteración de los ecosistemas, el desequilibrio ecológico y la degradación del sustento de las comunidades indígenas. La extracción de litio se realiza en salares y humedales, lo cual requiere grandes cantidades de agua. En Chile, esta producción tiene lugar en el desierto de Atacama, una de las regiones más áridas del mundo. Esta área ya enfrenta una profunda crisis hídrica y la industria del litio utiliza grandes volúmenes de agua dulce, lo que impacta negativamente en los acuíferos y en la disponibilidad de agua para las comunidades locales, la agricultura y la biodiversidad.
La megaminería plantea serias preocupaciones en términos de impacto ambiental, en medio de una profunda crisis ecosocial generada por la explotación, producción y acumulación capitalista. Estos proyectos conllevan la destrucción de ecosistemas frágiles, la contaminación del agua, de los acuíferos, del aire y la generación de residuos tóxicos. Nos encontramos frente a un verdadero ecocidio, que es fomentado por un gobierno autodefinido como ecologista.
Monocultivo
Además, se suma la continuidad de las políticas de subsidio al monocultivo forestal por parte del Estado, profundizando la práctica de cultivar extensas áreas con una única especie de árbol, principalmente pino y eucalipto, con fines comerciales. Esta actividad ha sido ampliamente desarrollada en el país durante décadas, convirtiendo a Chile en uno de los principales productores de madera a nivel mundial. Esta política, que se inició durante la dictadura cívico-militar de Pinochet y ha sido perfeccionada por los gobiernos transicionales, ha llevado a la reducción de la diversidad biológica, provocando un impacto negativo en los ecosistemas locales, así como en la cultura y las formas de organización de las comunidades territoriales. Además, la falta de diversidad genética puede aumentar la vulnerabilidad a enfermedades y plagas, lo que requiere el uso intensivo de pesticidas y otros productos químicos, perpetuando un círculo vicioso del modelo neoliberal.
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Además, el monocultivo forestal tiene graves consecuencias para el suministro de agua. Los árboles de rápido crecimiento, como el pino y el eucalipto, consumen grandes cantidades de agua, lo que lleva a la disminución de los caudales y los acuíferos locales, afectando a las comunidades que dependen del agua para sus necesidades diarias, así como a la fauna y flora nativa. Sumado a los constantes incendios que cada año impactan con mayor fuerza sobre el territorio en que expolian las forestales.
Este tipo de explotación ecocida se produce principalmente en territorio ancestral mapuche. El monocultivo forestal se ha convertido en una fuente de conflictos y tensiones. Las tierras históricas del pueblo nación Mapuche han sido ocupadas por la industria forestal, lo que afecta directamente su forma de vida tradicional, su relación con el territorio y su acceso a los recursos naturales. Existen disputas históricas en torno a la propiedad y gestión de estas tierras, así como la falta de consulta y participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones que afectan su territorio, en medio de una política continua de despojo. Esta política también impulsa la represión, utilizando a las fuerzas militares como guardias privados de las empresas transnacionales forestales. Es importante señalar que tanto Boric como la derecha justifican el Estado de Excepción acusando un supuesto terrorismo, criminalizando la resistencia mapuche.
Mercantilización de la naturaleza, un sello capitalista
En paralelo, estamos presenciando el respaldo del gobierno a proyectos ecocidas, como la aprobación del comité de ministros para la expansión de la mina Los Bronces y Alto Maipo, así como el megaproyecto del Puerto Exterior, un proyecto portuario en un enclave único desde el punto de vista ecosistémico. Estos proyectos, aunque se promueven como impulsores del crecimiento económico, conllevan graves consecuencias para el ambiente. La deforestación, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad son algunos de los problemas asociados a estos proyectos, que afectan de manera desproporcionada la calidad de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.
El sistema capitalista trata a la naturaleza como una mercancía a través de la explotación desenfrenada de los recursos naturales comunes. En Latinoamérica, esta mercantilización de la naturaleza ha llevado a una economía basada en la explotación de commodities, en la que se prioriza la extracción y exportación de bienes naturales por encima de las necesidades de las personas y la preservación de las condiciones que permiten la vida. Esto reproduce una lógica que destruye la naturaleza y subordina nuestros países a los imperialismos que disputan nuestros territorios.
Ecosocialismo o Barbarie: una propuesta de transformación radical
Desde el Movimiento Anticapitalista, sección chilena de la Liga Internacional Socialista, nos organizamos para desafiar y cambiar completamente este sistema de opresión y destrucción. Nuestra lucha integra la ecología y la justicia social en un enfoque de transformación revolucionaria de la sociedad. Nos oponemos a un modelo económico basado en la explotación intensiva de los bienes naturales sin considerar los impactos sociales y ambientales. Nuestra organización busca promover un enfoque anticapitalista, feminista y ecosocialista, luchando por una sociedad socialista y ecologista.
Creemos en la diversificación de las actividades productivas, la protección de los ecosistemas y la participación democrática de las comunidades locales. Defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos y abogamos por una sociedad en la cual todas las personas, los trabajadores y las trabajadoras, participen auto organizadamente en la toma de decisiones sobre qué, cómo y cuánto se produce.
La producción capitalista en Chile ha llevado a un ecocidio significativo, donde la búsqueda de ganancias empresariales ha primado sobre las necesidades de las personas y la protección de la naturaleza. La ratificación del TPP11, el acuerdo comercial con la Unión Europea, la continuidad de un modelo subsidiario forestal, la cementación neoliberal, la explotación salmonera en áreas protegidas y los megaproyectos mineros han agravado los problemas ambientales en el país. Estas políticas, implementadas por el gobierno de Gabriel Boric junto al Frente Amplio y al Partido Comunista, demuestran que el progresismo neoliberal es parte del problema, al igual que los gobiernos de los «30 años» que han perfeccionado la herencia del pinochetismo y tensan los limites sociales y de naturales en beneficio del 1%.
La mercantilización de la naturaleza y la economía basada en la explotación extractiva han contribuido al daño social y ambiental. Las zonas de sacrificio y la sequía causada por el saqueo del agua han afectado gravemente la calidad de vida de las comunidades locales. Es fundamental adoptar un enfoque ecosocialista que priorice la protección del ambiente y el bienestar social en lugar de la maximización de las ganancias empresariales.
Frente a los monopolios agroindustriales, proponemos un enfoque revolucionario y socialista basado en la agroecología y la silvicultura diversificada. Nuestra propuesta busca fomentar la biodiversidad, la soberanía alimentaria, el manejo sostenible de los recursos y la participación democrática y activa de las comunidades en la propiedad y la toma de decisiones. Nuestro ecosocialismo revolucionario cuestiona enérgicamente el modelo económico y político basado en el crecimiento ilimitado y el lucro capitalista, que es defendido por los supuestos ecologistas del progresismo neoliberal criollo y su falsa ideología posibilista, al igual que las hipócritas promesas del capitalismo verde.
Por esta razón, desde la Liga Internacional Socialista, estamos organizando un foro mundial ecosocialista, donde podamos debatir democráticamente estos temas, compartir experiencias de lucha y organizarnos a nivel internacional. No tenemos un planeta B, por lo tanto, invitamos a todos los anticapitalistas a sumarse al foro mundial ecosocialista, que se llevará a cabo el 8 de julio a través de las redes del Movimiento Anticapitalista.
Ecosocialismo para transformarlo todo, súmate.