La renuncia de Susana Tonda el día lunes 4 de mayo, se enmarca en una ola de denuncias contra el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Denuncias de pedofilia, tortura y violaciones en residencias, muertes de más de 1000 niños y niñas. Sumado a esto, la precarización en las condiciones laborales de las y los trabajadores tercerizados por fundaciones “sin fines de lucro” y finalmente, el convenio con la ANI, donde se dispone la entrega de todos los datos de los usuarios, a la Agencia Nacional de Inteligencia del país.
SENAME no es el “fracaso” de la política pública hacia la infancia y juventud como señalan algunos, sino que, por el contrario, es la justa expresión de un régimen que no tiene nada más que ofrecer que miseria.
El negocio de la infancia y la juventud
En pleno desarrollo del modelo privatizador que se instaura en Dictadura, se crea en 1979 SENAME, como el organismo público encargado de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Pero fue en el gobierno de Ricardo Lagos, con la ley 2032, que se forma la figura de los “organismos colaboradores de SENAME”, ley que destina los recursos públicos a fundaciones u ONG privadas que ejecutaran la política pública. A la fecha, más del 80% de la oferta de SENAME se encuentra en manos de estas empresas privadas, que se escudan en el eslogan “sin fines de lucro” para acrecentar sus ganancias a costa de la vida de los sectores más precarizados de la sociedad.
Sin embargo, es precisamente en este tremendo negocio en que se han transformado las políticas públicas del país, en donde se han escudado las denuncias más brutales contra niños, niñas y adolescentes institucionalizados por el Estado, solo por un motivo, ser pobres.
Son más de 40 años de denuncias respecto a lo que sucede con SENAME. Incluso, está el informe realizado por el Comité de los Derechos del NNA (2018), que atribuye directamente al estado como responsable de las graves vulneraciones de Derecho cometidas en centros residenciales CREAD y OCAS (Organismos Colaboradores de SENAME) clasificándolas de “naturaleza grave” asociado al daño emocional generado y a vulneraciones sistemáticas.
Las denuncias no solo son en defensa de los niños, niñas y adolescentes (NNA) sino también, cargan una enorme lista de denuncias por maltrato laboral, malas condiciones laborales, altísimos niveles de estrés a los que están sujeto las y los trabajadores, así como persecución política y prácticas anti-sindicales. El gran negocio que significa SENAME para los privados y los partidos del régimen asociados (UDI-DC-PS-RN) a las fundaciones que licitan los programas, ha significado una vida de abusos y violaciones sistemáticas a los derechos de los NNA y el conjunto de trabajadores y trabajadoras que ejecutan las políticas públicas.
SENAME se debe acabar
La crítica situación del SENAME no depende de quien se encuentre a la cabeza de este organismo, por el contrario, la renuncia de Susana Tonda no viene a terminar con un problema estructural de fondo, sino que lo mantiene, sucediendo así, como se ha develado el desmantelamiento de la salud pública producto de la privatización, ocurre exactamente lo mismo con SENAME, es la expresión de la herencia pinochetista puesta en las políticas públicas y que han sido profundizadas por todos los gobiernos de ex concertación y la derecha en la defensa de una sola cosa, pensar nuestras vidas como un negocio.
SENAME no negocia con la vida de los hijos de los ricos, sino que con la vida de las y los hijos de la clase trabajadora, que no pueden pagar consultas privadas para terapias o reparaciones. El Estado, a través de SENAME, se mete en las vidas de nuestra clase para funcionar como control social, dictaminando cómo se debe ser padre o madre y normando a los NNA para que se muevan sin mayores “problemas” dentro de los marcos que esta sociedad impone.
Toda esta situación devela que no son hechos ocasionales los que se han develado en el último periodo, sino que reproducen una historia de vulneraciones sistemáticas al que han estado sujetas las y los niños y jóvenes usuarios de la red SENAME así como el conjunto de las y los trabajadores sometidos a condiciones paupérrimas por parte del Estado Chileno, quien no protege ni un apéndice la vida de las y los hijos de nuestra clase, más bien, criminaliza e institucionaliza la pobreza, la regimenta y la transforma en negocio. SENAME debe acabar en defensa de la vida de las y los niños y jóvenes.
Es este régimen social capitalista, el que genera las condiciones para la existencia de la pobreza, la violencia, el abuso y el conjunto de las vulneraciones de derechos a las que están sujetos las y los hijos de la clase trabajadora, por lo tanto, la superación de esta situación no será posible en los marcos de un Estado que sostiene este régimen a favor de la ganancia privada a costa de la de miseria y explotación . En tiempos de pandemia, donde se acrecientan las crisis, se hace urgente la lucha por el fin del SENAME, pero sobre todo la lucha para poner fin al capitalismo y de esta forma transformar radicalmente la sociedad.
C.M. y F.F. por el Movimiento Anticapitalista
