El impacto regional e internacional de la noticia se transformó en el acontecimiento político más importante de Centroamérica durante los últimos días y logro instalar en la opinión pública el reclamo de libertad a los más de 180 detenidos por luchar contra la dictadura capitalista que gobierna Nicaragua.
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El día de ayer 27 de octubre la Asamblea de Familiares de Presas y Presos Políticos informó mediante un comunicado que 3 mujeres familiares de lxs presxs politicxs inician una huelga de hambre líquida hasta el 2 de noviembre, día en el que exigen se vote en cámara el proyecto de indulto general según acuerdo de la Comisión. Una medida desesperada que refleja el hartazgo ante una indolente espera de dos años que aún no tiene solución, ni garantías de reparación y de no repetición.
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Para este 29 de julio está convocada una jornada de Protesta Popular por la libertad inmediata de los(as) prisioneros(as) políticos(as) de la Revuelta y por la aprobación del proyecto de ley de Indulto General, la cual es convocada por las agrupaciones de familiares de prisioneros(as) políticos(as) de la Revuelta. Ante este llamado de Dignidad, es que las organizaciones abajo firmantes declaramos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la Comunidad Internacional que:
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a revuelta de octubre dejó claro que el “Nunca Más” sigue siendo una tarea urgente, en Chile los derechos humanos no han cesado de violarse, una situación recurrente en el Wallmapu, que se extendió a todos los territorios, con la feroz represión por parte del gobierno de Piñera como respuestas a las demandas de las calles rebeldes.
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La situación de las cárceles chilenas es la antesala de una crisis humanitaria de dimensiones siniestras cuyo responsable no es el contagio del virus en sí, sino las medidas (y ausencia de ellas) del gobierno de la clase dominante, que avala una lógica clasista y patriarcal de justicia que solo beneficia a los mismos de siempre.
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Desde entonces, nuestros recintos penitenciarios se llenaron de presxs políticxs, muchxs de ellxs menores de edad, que hoy se encuentran en prisión preventiva y expuestos al contagio del COVID-19.
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Apenas comenzó el estallido, el gobierno, con toda la fuerza del aparataje estatal, desplegó una política de brutal represión y persecución. Si bien la potencia de la movilización logró la retirada de los milicos, Piñera se ha dispuesto a gobernar a punta de balas y cárcel.
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