Acusaciones constitucionales, Piñera libre y con un pacto para la impunidad.

El día de ayer el Congreso, presionado por la movilización, aprobó la acusación constitucional contra Chadwick, mientras que hoy era el turno de Piñera. A propuesta de la derecha se discutió la llamada “cuestión previa”, que consistía en definir si correspondía la acusación. Por supuesto el pleno, haciendo honor al pacto, votó para salvar al asesino Piñera y rechazó por esa vía avanzar con la acusación constitucional. En paralelo  las Fuerzas Especiales, fieles a su mandato, continúan reprimiendo violentamente al pueblo movilizado y en menos de 2 días dejaron con riesgo vital a una menor de 15 años y un adulto, ambos producto de impactos de lacrimógenas. Situación repetida a lo largo del estallido ¿Qué hay que hacer para que paguen los violadores de DDHH? 

Oposición a medida de lo posible.

Sin dudas, la acusación constitucional contra Chadwick es producto de la presión de la movilización que obligó al Congreso actuar sobre el ex Ministro del Interior y de Seguridad Pública, un hecho importante contra quien fuera paladín del gobierno en los primeros días del estallido y cargaba con la responsabilidad del asesinato de Camilo Catrillanca desde el 2018. Sin embargo, dicho proceso no prosperó contra Piñera, demostrando los limites institucionales para abarcar el camino contra la impunidad.

Centenares de mutilados productos de la represión, veintenas de muertes, violaciones y torturas, además de miles de presos sólo por manifestarse, es el saldo en casi dos meses de rebelión. Una política que pese a las violaciones sistemáticas de derechos humanos no ha logrado desactivar el ímpetu de la movilización social. Un esquema que generó que la oposición se proyectara en jugar un papel que comenzó con el pacto con quien declaró la guerra al pueblo y hoy utiliza estos mecanismo para quitar la política de las calles.

Este proceso expresa aquello, por un lado obliga al arco político a actuar, mientras que genera condiciones para sembrar falsas perspectivas. El Frente Amplio y el Partido Comunista en un intento de lavado de imagen celebraron la aprobación contra Chadwick, cuando días previos estaban cuestionados por impulsar directamente o por omisión la Ley anti capucha. Por su parte la derecha entiende que  debía ceder con Chadwick para mantener a Piñera impune, el principal acuerdo entre el Gobierno, la ex Nueva Mayoría y el Frente amplio, así lo expresó el “pacto por la paz”.

Para frenar la represión y la impunidad Piñera tiene que caer junto al pacto.

Más allá de actos aislados y auto lavados de imagen, la política impulsada por el Frente Amplio y el Partido Comunista ha sido criminal en el proceso revolucionario,  mantienen a Piñera en el gobierno con el menos del 5% de aprobación.

Dicha posición aísla la fuerza callejera con la posibilidad de avanzar con el movimiento, anclándolo en la medida de lo posible y utilizando a la dirección de Unidad Social para desactivar la principal herramienta que nos ha permitido doblegar al gobierno, la huelga general, así  construyen actos cercados como el acampe con una posición de diálogo con quienes nos asesinan.

Una dificultad de nuestro proceso es que los límites de las direcciones políticas que negocian en el parlamento, luego en las calles expresan dicha posición: desmovilizando y amparando la impunidad. Hay que hacer lo contrario, la mayor politización y democracia está en la movilización y en las instancias autoorganizadas, a partir de ellas hay que seguir potenciando el camino que frene la represión activando la autodefensa como medida legitima.

La Mesa de Unidad Social tiene una gran responsabilidad y por eso es fundamental que salgan de la pasividad y de los actos aislados y sean coherentes con el llamado que ellos impulsan de “desobediencia civil”, poniendo fecha urgente a una huelga general, una medida que debe ser decidida de abajo hacia arriba con asambleas en cada lugar de trabajo y coordinado con las instancias territoriales, única garantía para dar freno a la represión y que Piñera y el Pacto caigan y sean indagados los crimines de derechos humanos de ayer y hoy a partir de una Comisión Investigadora Independiente, así ver a Piñera y todos los responsables en una cárcel común, como debería ser.

M.A.