Se cumplen cuatro años de la revuelta social más grande desde el fin de la dictadura, sin duda un hito en la acumulación de procesos sociales y en historia de la lucha de clases en nuestros territorios. Las demandas que se levantaron son el reflejo de años de bronca que anidan en la clase trabajadora y los sectores populares, por la opresión de un sistema impuesto bombardeando La Moneda, caravanas de la muerte, tortura, violencia política sexual, desaparecides y ejecutades. Un sistema de injusticias que fue y es perfeccionado por los distintos gobiernos, desde Aylwin a Boric, pasando por Bachelet, Frei y Piñera. Todos apoyados en el aparataje represivo de carabineros.
Por Camilo Parada, dirigente del Movimiento Anticapitalista
El llamado “estallido social” surge por el aumento del valor del metro, bajo el gobierno de Piñera, en 30 pesos. Rápidamente, el movimiento secundario, realiza “mochilazos” y saltos de torniquete, en un gesto de solidaridad único, puesto que la subida no les afecta directamente, pero si a sus familias, vecinas y vecinos, al conjunto de la clase trabajadora. La consigna principal que sale a flote esos días es “No son 30 pesos, son 30 años”, abordando las desigualdades socioeconómicas, resultado un modelo específico, es decir, de manera bastante consciente y veloz, el movimiento secundario, levanta la exigencia de cambios estructurales y justicia social.
La respuesta del gobierno de Piñera fue la represión más brutal, desde el retorno a la democracia, sin embargo, y la reacción a esta fue la solidaridad de amplios sectores de la sociedad con el movimiento secundario, haciendo mutar las protestas, centradas principalmente en la capital, Santiago de Chile, en un movimiento de masas de carácter nacional. Desplegando demandadas que abordan un sinfín de áreas: educación pública, gratuita y de calidad; falta de oportunidades y precarización laboral, brecha salarial, feminización de la pobreza, derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, concentración de riquezas en el 1% de la población, propiedad del agua, extractivismo, pensiones, etc. Es decir, estos puntos centrales de la protesta nos hablan de la búsqueda de una ruptura con el sistema imperante, hecho a la medida de los millonarios y explotadores, con un Estado estructurado, para mantener este orden y con un régimen de partidos políticos cuestionado, corrupto, con altos sueldos, que nada tiene que ver con la realidad de las grandes mayorías sociales. La búsqueda de otro sistema, organizado desde abajo, genuinamente democrático y equitativo se convirtió en el tema central de las asambleas autoconvocadas que se desplegaron a lo largo de todo el territorio, expresando el anhelo de un cambio profundo en la estructura social y económica del país, con la participación directa de quienes nunca hemos gobernado: la clase obrera, las trabajadoras y trabajadores, los pueblos de la tierra, las disidencias, las mujeres del 99%, las comunidades migrantes, les oprimides, les cesantes, les precarizades.
Cuando el Estado queda al desnudo, la respuesta es el dedo en el gatillo
El gobierno, frente a la masividad de las manifestaciones y la ira popular por años de injusticia, responde sacando a los milicos a la calle, desplegando fuerzas represivas en todas las grandes ciudades, con una estrategia de contención que significaba de facto, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, es en ese contexto, que en cadena nacional declara: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. Estas declaraciones se producen cuando las calles ya se han teñido de sangre, con manifestantes asesinados por la represión, y en ese momento ya varios casos de trauma ocular y heridos y heridas por balines y perdigones. La rebelión toma rápidamente el sello de las violaciones a los derechos humanos, miles de denuncias se empiezan a levantar de Arica a Magallanes, como consecuencias, diferentes informes de organismos internaciones de derechos humanos, empiezan a documentarse: tortura, represión salvaje, detenciones arbitrarias por agentes no identificados, disparos al cuerpo, incumplimiento de todos los protocolos “antidisturbios” de los mismos agentes represivos del Estado, generando una repercusión mundial, por la forma sistemática de violaciones a los derechos humanos, las más brutales desde el fin de la dictadura civil militar.
Impunidad
A cuatro años del estallido, la impunidad es uno de los ejes principales del incumplimiento de las promesas que hizo el actual presidente Gabriel Boric, conjuntamente con medidas de reparación y de no repetición efectiva, podemos afirmar sin ápice de duda, que la impunidad es no solamente la piedra en el zapato de un gobierno que se inscribe de facto, en continuidad con los gobiernos transicionales que llevaron al estallido, siendo además artífices del Pacto por la Paz y la Nueva Constitución, cocinado entre gallos y media noche. Tenemos presente la reciente condena a Nicolás Piña, trabajador y padre de familia, acusado de homicidio frustrado a carabineros, por pruebas indemostrables, presentadas por los “intramarchas”, comando de la policía militar infiltrados en las protestas, que la mayoría de las veces, inducían a la provocación de hechos imputables, este es un caso más entre muchos.
La impunidad de ayer y hoy, en casos de violaciones a los derechos humanos es un tema recurrente. La falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de los altos mandos policiales, llevan a un llamado constante de la sociedad y organizaciones internacionales para garantizar la justicia y reparación a las víctimas. Este hecho se arrastra desde la dictadura y prepara el camino para nuevas aberraciones por la parte del Estado contra la protesta social, como la reciente votación de la Ley “Gatillo Fácil” donde el gobierno posibilista, superando toda la vileza política y social, le puso urgencia para su tramitación legislativa.
De cocina y acuerdos
El Acuerdo por la Paz, firmado por el arco político del régimen, desde el Frente Amplio al partido de extrema derecha pinochetista UDI, y con la omisión de un PC que luego, alegremente se sumo a las cocinas posteriores, fue la respuesta d la burguesía para una salida institucional a la revuelta, que sobrepasaba completamente la capacidad de respuesta de la clase dominante, con situaciones prerrevolucionarias. Pero el acuerdo también fue un pacto de impunidad a los violadores de derechos humanos, partiendo por el presidente de aquel entonces Sebastián Piñera. Hay que decir, que si bien, logró en un primer momento disminuir la masividad de las protestas, sumado a la afección social por los asesinatos y mutilaciones, solo el confinamiento debido a la pandemia del COVID pudo desarmar el camino de la calle. Es importante recalcar que el acuerdo se centró en una nueva constitución, fruto de una convención con amarres y limitaciones, que se contradecía con una de las demandas de la Rebelión, a saber: una Asamblea Constituyente, libre, democrática, soberana y plurinacional. El acuerdo tampoco abordaba de manera integral las demandas estructurales del movimiento social, intentado cerrar desde arriba un capítulo de la lucha de clases inédito en la historia contemporánea postdictatorial.
Luego de una masiva votación contra la derecha y por las listas independientes, el proceso constitucional finalmente marchó al ritmo de las instituciones capitalistas sin prestar atención a los reclamos de las calles. El resultado de esta institucionalización y traición a los intereses de las mayorías se vio expresado en un texto constitucional sin fuerza alguna ni que contemplara las demandas populares que se estrelló contra el rechazo.
El acuerdo por Chile, el postre de la cocina posibilista
Frente al fracaso del plebiscito de salida del texto propuesto por la Convención Constitucional y una campaña de los medios de comunicación masiva llamando a votar rechazo, el gobierno del FA y el PC, propone un nuevo acuerdo, esta vez apoyándose en el parlamento, nuevamente el poder constituido decide cuáles serán los mecanismos del poder constituyente, es decir, el poder soberano popular brilla por su ausencia. Esta vez la apuesta es aún más antidemocrática, se designa desde el legislativo un “comité de expertos” que redactan un documento original que luego es discutido por los consejeros y consejeras electas, sin posibilidad de participación e independientes y movimientos sociales, es decir, una verdadera mascarada, que revela de manera patente las limitaciones de la democracia burguesa, fruto de otro acuerdo, aún más antiguo, por la transición a la democracia, con los muertos sobre la mesa. Todas las demandas populares siguen vigentes, y el sistema político defendido desde el PC hasta la reacción de ultra derecha, como la UDI y Republicanos, claramente no responde a los estándares mínimos de democracia y la necesidad imperante de reformas profundas. Como se ha demostrado a lo largo de la historia de la clase obrera, sólo retomando el camino de la calle, de la organización popular desde abajo, se podrán generar los cambios necesarios, no podemos esperar nada de las estructuras de poder hechas para mantener al régimen, la democracia en este sentido, no es para nosotres, anticapitalistas, votar por representantes que sólo representan sus propios intereses de clases, pero que nos dotemos de los mecanismos de manera autoorganizada, para discutir sobre todos los temas que nos afectan, y eso también incluye los resortes económicos de esta sociedad de acumulación y consumo, es decir que decidamos de manera soberana, qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, aún más con el desafío urgente del cambio climático. Es decir, qué tipo de democracia.
Polarización y extrema derecha
En este contexto y resultado de las decisiones tomadas por la casta política chilena para defender sus privilegios, incluyendo al reformismo y la centro izquierda posibilista, como el PC, en medio de una crisis global y multidimensional del sistema capitalista, que desde la crisis financiera internacional o la Crisis Subprime del 2008, no ha hecho más que acelerar los estallidos alrededor del mundo, y donde los países centrales no han logrado, hasta el día de hoy recuperar las tasas de ganancias anteriores, podemos ver como en nuestro país, la extrema derecha reaccionaria, el viejo pinochetismo pardo y sectores recalcitrantes nacionalistas, avanzan de manera patente, logrando la mayoría en la nueva puesta en escena de la Convención Constitucional, por dar solo un ejemplo. El populismo jurídico del gobierno de Boric ahonda aún más en este fenómeno, que, por cierto, no es único de nuestra franja, pero que podemos ver diferentes expresiones, en todo el mundo, sin ir más lejos, en la hermana Argentina, el liberfacho Milei, tiene hoy, enormes posibilidades de ser el próximo presidente, por el espacio y la frustración dejada por el progresismo del vecino país. El desencanto con las instituciones, la falta de respuestas reales a la crisis, han llevado al resurgir de las extrema derechas, que avanzan por el camino que les allana el reformismo. Este hecho de la realidad, este retroceso en materia de derechos sociales y democráticos, significa un desafío para las organizaciones que luchan por transformar todo, sobre todo, que la centro izquierda, en parte responsable de esta situación, basa su estrategia en el sempiterno llamado al voto útil y al mal menor, pero las y los de abajo, sabemos en primera persona, que el mal menor sigue siendo un mal. Para afrontar a la extrema derecha necesitamos más izquierda, y la construcción alejada de sectarismos que tanto abundan en nuestro sector, de una alternativa revolucionaria y anticapitalista amplia y que sintetice las diferentes experiencias de la izquierda revolucionaria, esa es la tarea que desde el Movimiento Anticapitalista nos ponemos, para romper con un modelo de injusticias, con la orientación capitalista neoliberal, con las desigualdades y la impunidad en todas las materias, esas mismas que llevaron al “Estallido Social”
La salida es por izquierda y en las calles
A cuatro años de la Rebelión de Octubre, tenemos que tener una mirada crítica, analizar qué fue lo que falto para tomar el cielo por asalto y dar vuelta todo, somos conscientes que no se trata solo de la represión, de las violaciones a los derechos humanos, de la impunidad, de la cocina, de las falsas promesas de un sector cuyo rol final es defender sus privilegios, es decir, del cual no esperamos absolutamente nada; todo balance basado en un método científico, racional e independiente, debe partir de las condiciones reales que hacen e hicieron parte de la revuelta contra un sistema que lleva la explotación de las y los trabajadores y de los bienes comunes en su ADN, debemos analizar las condiciones objetivas y subjetivas sin autocomplacencia, pero de forma generosa. En este sentido, desde el Movimiento Anticapitalista, defendemos la tesis, que una de las principales carencias del movimiento de masas de la revuelta fue el problema de dirección, frente a un Estado que no duda en matar, es necesario aprender las lecciones para estar mejor preparades en futuras situaciones de protesta social y estallido, porque van a surgir, tarde o temprano, y debemos perder toda la ingenuidad al respecto, tener los ojos abiertos, estar despiertas y despiertos frente a las nuevas coyunturas, para poder forjar una salida alternativa desde abajo e izquierda del sistema actual, nuestra propuesta es la autoorganización popular, anticapitalista, internacionalista, feminista de clase y con las disidencias, los pueblos originarios, les migrantes, la construcción de una herramienta revolucionaria, democrática y ecosocialista para dar vuelta todo en pos del socialismo. Desde el Movimiento Anticapitalista te invitamos a sumarte a esta tarea.
