La aprobación de la “Ley Nain-Retamal” marca la profundización del giro represivo del gobierno de Gabriel Boric que asume como propia la agenda de la derecha. El amplio consenso de los representantes del régimen busca un nuevo marco legal para preservar la impunidad y los rasgos intrínsecos de una institución criminal como es Carabineros. Esta avanzada abre campo al populismo de derecha y la xenofobia bajo el auspicio del progresismo.
Por Joaquín Araneda y Camilo Parada, Movimiento Anticapitalista
En las últimas semanas, la agenda política estuvo marcada por una intensa acción comunicacional y legislativa sobre “seguridad” intentando sacar provecho del asesinato de tres carabineros en menos de un mes. Situación que implicó un corretaje a derecha a nivel político y discursivo del Frente Amplio y el Partido Comunista quienes eligen “disputar” con los sectores conservadores asumiendo su programa y fomentando el populismo penal para retomar impulso, de esta manera la derecha cimentó la ruta para un gobierno que se caracteriza cada día más por la gestión concertacionista del neoliberalismo, dejando cualquier rastro de mínimas ilusiones democráticas para fomentar los rasgos principales del régimen heredado de la dictadura: una democracia protegida, entreguismo y la represión impune de los pacos.
Una ley a la medida del gatillo fácil y la represión
La Ley Nain-Retamal legaliza la práctica habitual de carabineros permitiéndoles el gatillo fácil, explícitamente el texto compromete que “Siempre que un funcionario de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o el funcionario de las Fuerzas Armadas, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público, hicieran uso de su arma de servicio, empleo de armamento menos letal o elementos no letales, se presumirá legalmente que estos han sido correctamente empleados”, con la firma de Boric se avanzó además en nueva dotación millonaria por parte de Hacienda a carabineros.
Esta situación no es opuesta a la orientación del gobierno de Boric, incluso previamente al llegar al poder se expresaba. Una rápida recapitulación fue la votación a favor del Frente Amplio para la Ley “anti-barricadas” y “antisaqueo” en plena rebelión, momento que los pacos asesinaban y torturaban. Posteriormente, ya en el poder, militarizó las fronteras -así asumió la agenda antiinmigrante- y continúo con el Estado de Excepción en el territorio Mapuche justificado en un supuesto terrorismo, mientras que la prisión política de la rebelión continúa por operaciones legales del Estado y a cargo de los pacos continúa el violador de derechos humanos de Ricardo Yáñez.
Este esquema represivo conlleva un amplio consenso del régimen político que intenta superar la crisis que abrió la irrupción popular del 2019, es por eso que por un lado apuestan por cerrar la impugnación al modelo con una nueva constitución que conserva los parámetros neoliberales y a su vez, sabiendo que la acumulación de demandas callejeras sigue latente sin solución, se anticipan a la represión social con una nueva legalidad de impunidad. En ese mapa Boric es fundamental para generar todo lo que la derecha no pudo mientras estaba en el poder.
Desde la firma del presidente de la Ley la ofensiva de una institución caracterizada por la corrupción, el asesinato y la tortura aprovechó el viento en popa del aval proporcionado por el gobierno para rehabilitar el uso de la subametralladora UZI en los patrullajes de rutina y en menos de 48 horas ya asesinaron a un conductor que evitó un control vehicular con 7 disparos en el rostro, así dan riendas sueltas al gatillo fácil de la Ley Naín-Retamal.
El camino más corto al populismo de derecha
La implementación de la agenda represiva debió contar con una avanzada comunicacional en dónde el acento se centró en la delincuencia y la migración, medidas preparatorias de una batería legal para intentar relegitimar al cuerpo represivo de los pacos, muy golpeados por los casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. En ese sentido el dial político cerró a derecha y en el intento de encontrar eco los autodenominados progresistas que salieron a disputar con los sectores reaccionarios para acumular en el campo conservador, aquel corretaje discursivo abre espacio a lo peor del régimen que utilizando un perfil outsider se completan con la nomenclatura delincuencia/migración para asumir una salida populista, así personajes como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en una supuesta lucha contra el narcotráfico destruye viviendas que no cumplen con los requisitos legales con un amplio operativo mediático, o bien, se perfilan nuevamente personajes del pinochetismo habitual como Evelyn Matthei, ambos rostros de la derecha en la campaña para la nueva constitución. Así se suman a la lista de populistas de derecha que compiten por cimentar camino en el descontento con una política reaccionaria en dónde el Partido de la Gente se propone y se encuentra con Pamela Jiles junto a Parisi. Todos personajes que son el reflejo de la polarización en dónde las puertas las abre la centro izquierda para que se logren posicionar mediáticamente.
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Ese camino de postulación de la derecha es a nivel electoral por el momento, ya que a nivel programático, como vemos, el Gobierno de Boric impulsa su agenda con sus medidas neoliberales y de populismo penal, dejando abierto no sólo la reposición de lo peor del régimen, también dejando postergada mínimas demandas sociales en un contexto de deterioro económico, por lo tanto, la actividad en las calles será lo definitorio en el periodo que transitamos para constituir oposición de izquierda, el único camino de cerrar camino al populismo.
La seguridad para las mayorías sólo se logra con control social y desmantelamiento del aparato represivo
Una primera respuesta ante la avanzada represiva es sin duda desenmascarar las supuestas intenciones del gobierno sobre “garantizar una mayor seguridad”. Está comprobado y así surge incluso en los últimos casos que tomaron trascendencia mediática, Carabineros es parte estructural de la gestión del delito en nuestro país. Las armas que nutren a las bandas delictivas, los vehículos e incluso las ocasiones donde resultan abatidos los funcionarios están relacionados a otros funcionarios. Tal como sucede en otros países del continente las policías son, en muchos casos, las que gestionan el delito.
Como se explica que a pesar del presupuesto, el armamento, los vehículos y la cantidad de efectivos no ha parado de crecer en los últimos años la delincuencia y que el gobierno acuse un “aumento del delito”. Solo hay una respuesta: Carabineros es una institución criminal, formateada por la dictadura para la represión a las mayorías y la colaboración con los delincuentes. Por eso, lejos de garantizar seguridad, lo que logrará esta Ley es un aumento de la autonomía de esta institución y facilidades para actuar sin control de ningún tipo.
Lo necesario en primer lugar para una agenda de seguridad democrática y efectiva pasa por cuestionar y resolver los profundas problemas sociales que generan las condiciones para que la inseguridad se apropie de los territorios populares, esas causas están asociadas a un modelo de exclusión, saqueo e impunidad, que el actual gobierno lejos está de combatir.
Por otra parte, hay que avanzar en desmontar las instituciones represivas como Carabineros y poner en pie organizaciones democráticas, con un profundo control social, donde las organizaciones populares, las juntas de vecinos y las organizaciones de DDHH puedan incidir y fijar parámetros de actuación. Instituciones que partan de tener prohibida la represión a la protesta social, y protocolos muy estrictos frente al uso de armamentos.
El gobierno lejos está de transitar esta salida, todo lo contrario, profundiza el esquema planteado por la derecha cediendo a su programa y por lo tanto a los intereses de los poderosos de siempre. Necesitamos construir una referencia política distinta, nueva y al servicio de las mayorías populares. Por eso nos organizamos en el Movimiento Anticapitalista. Sumate!