Más de 200mil personas se encuentran sin agua potable en la región de Los Lagos, situación crítica producida por el derrame de 1.100 litros de petróleo por parte de la empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (Essal), contaminando el suministro y el río Rahue. Alerta sanitaria derivado de criminales ambientales, responsabilidades y una salida posible.
Crónica de un desastre.
Cumpliendo casi la semana de la filtración de petróleo, aún no hay soluciones concretas para los habitantes de Osorno y las localidades aledañas. Según lo planteado en un primer momento la situación se restablecería un día después de la contaminación, hecho que no ocurrió, demostrando las irregularidades que han marcado la tónica. Es de esta forma que Essal culpa de un “error humano”, mientras que los antecedentes de la empresa exponen un historial de multas por deficiencias en el tratamiento de aguas servidas, cortes del suministro en años anteriores y la contaminación del lago Llanquihue, por lo tanto no era de extrañar un suceso de mayor envergadura estuviera latente. El gobierno se escuda en un fuego cruzado de declaraciones que apuntan al ocultamiento de información por parte de la empresa, multándola con un monto de 1.000 UTA, alrededor de 600 millones de pesos, según la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Cifra que no se compara con las ganancias de Essal del pasado año, más de 10.000 millones de pesos. Otra medida sancionadora es una compensación a los consumidores. Sobre esto, el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, plantea «Si la empresa sanitaria no responde en este proceso, tendrá que hacerlo ante la Justicia”, otorgando espacio a la empresa para suplir el crimen ambiental y sanitario con esta mínima sanción.
Lo cierto es que más allá del cruce de declaraciones, estas situaciones responden a la lógica de ganancia rápida del empresariado auspiciado por el Estado chileno con una serie de medidas que otorgan una completa libertad a las acciones privadas. Un repaso a la historia: en 1988 en plena dictadura a través del DFL Nº70 marcó el proceso de privatización del agua, dicho Decreto de Fuerza de Ley garantiza la rentabilidad del 7% a las empresas sanitarias. Una década después, la Concertación con el gobierno de Eduardo Frei actualiza la Ley ampliando las concesiones y venta de activos que poseía el Estado. El 2011, en el primer gobierno de Piñera con la reforma del Código del Agua se avanza a la privatización absoluta de este bien común, el 95% en manos de transnacionales.
Era evitable, pero no en manos de privados
Este proceso es similar a todos los derechos básicos en nuestro país, que a su vez les libera de regulación real y transforma un bien social en una fuente irracional de ganancia, poniendo como motor el beneficio privado bajo dos premisas básicas: a) abaratar los costos de la fuerza de trabajo, aumento de la productividad (bajando salario, incrementando ritmos de trabajo y reemplazando personas por máquinas) y b) Abaratando el costo de los insumos básicos, las materias primas para la producción. Por lo tanto como primera conclusión es que el incidente sí era evitable pero no en manos de privados, el “error humano” que acusa Essal tiene consecuencias en la racionalidad empresarial.
El esquema de los comprometidos con este crimen ambiental comienza con el Estado y sus representantes, tanto la ex Nueva Mayoría y la Derecha ocupan un lugar privilegiado, siendo responsables de poner en riesgo la vida de cientos de miles de personas y el territorio con sus políticas de continuidad de la dictadura. En la misma tribuna de los responsables se encuentra Essal de forma directa, empresa dependiente de Aguas Andinas, figura del monopolio de la transnacional Aguas Barcelona, principal controlador del lucrativo negocio de las sanitarias en nuestro país. Por lo tanto, como segunda conclusión la lógica de la ganancia privada es motor de desastres, una solución pasa por revertir la propiedad y control de las sanitarias.
Una salida posible.
Por nuestra parte opinamos que es impresentable que meramente se les sancione con una multa pequeña en comparación a sus ganancias y además teniendo gravas previas, la incertidumbre en la información deja mucho espacio para dimensionar el real daño que causó a nivel sanitario y a nivel ambiental con la contaminación del río. Un crimen socio ambiental con responsables identificados.
Todo esto demuestra que Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (Essal) no puede seguir usufructuando de un derecho, al igual que demuestra la bancarrota de las políticas neoliberales. Por lo tanto, en primer lugar Essal debe ser sancionada con hacerse cargo de la crisis en la totalidad de las dimensiones que causó con la contaminación, mientras que debemos avanzar en exigir la estatización de la sanitaria bajo control social y de las y los trabajadores como una medida de urgencia para evitar nuevos desastres socioambientales y como verdadera sanción.
Para que esta salida sea posible no hay escollos técnicos que planteen que un derecho humano como es el agua esté bajo control de quienes la consumen y sus trabajadores, el limite es político, ya que exigir mayor regulación no acaba con la lógica de la ganancia rápida de un bien escaso en el mundo, tampoco una mayor sanción como lo plantea el PS (ex – Nueva Mayoría) o Revolución Democrática (Frente Amplio), porque sería un parche para tapar una grieta profunda que potencia nuevas tragedias. En definitiva, es un freno de emergencia la estatización de Essal y de todas las sanitarias, una acción democrática que ponga el bien común por sobre la ganancia privada, por eso el control social y de las y los trabajadores. Ampliar una fuerza político y social bajo perspectivas anticapitalistas es central para constituir un programa ecosocialista que da respuesta a la debacle que nos lleva este modelo, es una salida posible: democrática y ecológica. Nuestras proposiciones y voluntad de solidaridad con los afectados directos, levantar lazos para movilizar y pensar nuevos horizontes.
Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
