Reproducimos y compartimos en nuestra sección A 50 años del golpe militar: de la resistencia a la propuesta anticapitalista y socialista para transformar todo el libro del historiador trotskista, Luis Vitale, «¿Y después del 4, qué? Perspectivas de Chile después de las elecciones presidenciales (1970)», con el propósito de introducirnos en los debates centrales que cruzaron al movimiento obrero y las organizaciones políticas al calor del triunfo de la Unidad Popular en 1970.
¿Y después del 4, qué? Perspectivas de Chile después de las elecciones presidenciales (1970)
– Luis Vitale C.
INTRODUCCIÓN
El presente libro tiene fundamentalmente un objetivo político inmediato: alertar a los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes sobre los planes sediciosos de la burguesía tendientes a arrebatar el triunfo político-electoral que los trabajadores obtuvieron al respaldar masivamente la candidatura presidencial de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970. Al mismo tiempo, proponemos algunas tareas concretas que pueden generar el desarrollo del auténtico poder obrero-campesino, única garantía para la construcción del socialismo en Chile.
Este análisis de la situación nacional, de sus perspectivas más probables a corto plazo y de las tareas inmediatas a realizar, se compone de cinco capítulos:
I.- Tendencias económicas, sociales y políticas que condicionaron el triunfo de la Unidad Popular.
II.- El significado de las candidaturas presidenciales y el análisis del resultado de las elecciones.
III.- Del 4 de septiembre al 4 de noviembre, donde se analizará el desarrollo del proceso social y político desde el 4 de septiembre hasta fines de este mes y las variantes más probables hasta el 4 de noviembre.
IV.- Caracterización de la etapa actual y perspectivas a corto plazo, relacionadas con el contexto internacional y latinoamericano en que se inserta el triunfo político-electoral de los trabajadores chilenos.
V.- El papel de la Izquierda Revolucionaria; análisis de sus praxis después del 4 de septiembre, la política que se debería plantear a los trabajadores a corto plazo y las tareas urgentes a cumplir en la actual coyuntura política chilena.
TENDENCIAS ECONOMICAS, SOCIALES Y POLITICAS
QUE CONDICIONARON
EL TRIUNFO DE LA UNIDAD POPULAR
Para comprender en su verdadera magnitud las perspectivas que se presentan en la nueva etapa abierta en Chile con el triunfo político-electoral de los trabajadores, es necesario analizar las principales tendencias socio-económicas y políticas que condicionaron el triunfo de la Unidad Popular.
El proceso electoral se produjo en un período caracterizado por una agudización de la lucha de clases, expresada en un vigoroso ascenso de las masas latinoamericanas y chilenas. América Latina, la rebelión de los obreros y estudiantes argentinos de las jornadas de mayo de 1969 que estuvieron especialmente en Córdoba y otras provincias al borde de una cuasi-insurrección popular; el enfrentamiento de miles de obreros de los frigoríficos de Montevideo con la policía y el ejército en junio de 1969, seguido de una serie de huelgas parciales y de la cuarta huelga general en el Uruguay en menos de dos años , combinada con un aumento de la actividad y eficiencia revolucionaria de los Tupamaros; las reacciones populares antiimperialistas en casi todos los países de A. L. con ocasión de la gira de Rockefeller que pusieron en un nuevo contexto las luchas guerrilleras de Guatemala, Colombia y Venezuela y los recientes brotes de lucha armada en Bolivia y Brasil.
El renacer de las luchas urbanas, tanto los combates de las masas como la guerrilla urbana, que mostraban la presencia dinámica del proletariado y de la vanguardia estudiantil, combinada con las luchas en las áreas rurales, junto a una elevación del nivel de conciencia política antiimperialista de las masas a nivel continental nos condujo a señalar en un documento de 1969 que la etapa pre-revolucionaria abierta en A. L. con la Revolución Cubana, había entrado en una nueva fase coyuntural caracterizada, fundamentalmente, por la incorporación masiva al proceso social revolucionario de las masas explotadas del campo, la ciudad y las minas, junto al surgimiento de las nuevas formas de lucha de vanguardia revolucionaria, expresadas en la guerrilla urbana de los Tupamaros, Marighella, grupos argentinos y bolivianos.
ASCENSO DE LAS MASAS CHILENAS
En el contexto latinoamericano, Chile no era una excepción. El triunfo de Frei en 1964 había significado una derrota electoral de las masas trabajadoras allendistas, pero no un retroceso social, por cuanto los obreros y campesinos que votaron por la DC lo hicieron por los cambios estructurales prometidos por la demagogia populista de Frei. Pasado el primer año de repliegue, las masas trabajadoras, tanto las que habían votado por Allende como las que apoyaron a Frei, comenzaron a soldar su fisura político-electoral y unirse en la acción por sus reivindicaciones inmediatas. Desde principios de 1966, se pudo observar una lenta reanimación de las luchas obreras y una mayor radicalización de los estratos medios con las huelgas de profesores y empleados bancarios, especialmente del Banco de Chile. Lo más notable fue el ascenso del movimiento campesino. De febrero a septiembre de 1966, se registraron 229 huelgas campesinas, algunas de carácter provincial. La toma de tierras , las huelgas con ocupación de fundos, los pliegos colectivos llegaron a abarcar a provincias enteras; pliegos únicos, el Talca y Colchagua, donde la huelga de los obreros agrícolas abarcó 55 fundos.
La reanimación de las luchas obreras de 1966 se transformó en 1967 en un franco ascenso, tanto cuantitativo como cualitativo, expresado en nuevas formas de lucha. De 723 huelgas en 1965 se pasó a 1.142 en 1967, luchas que culminaron en el Paro General del 3 de noviembre de 1967.
El ascenso, aunque desigual e incoordinado, continuó en 1968, año en el que se registraron los combates de los textiles, metalúrgicos (CAP), Papelera y, sobretodo, la combativa huelga de Saba, con ocupación de fábrica y apresamiento de obreros. La huelga de Saba marca un hito no sólo porque expresaba un síntoma de la combatividad proletaria sino porque significó un paso decisivo en la unidad obrero-estudiantil cuya vanguardia revolucionaria comenzaba a realizar una praxis real de solidaridad con un segmento del proletariado en lucha. En 1968, los trabajadores del Estado también entraron en combate a través de las huelgas de profesores, de Correos y Telégrafos que impactaron por su combatividad; en enero de 1969, se produjo la huelga general de 48 horas de todos los trabajadores del sector público.
El movimiento campesino continuó su firme ascenso. No sólo se ocuparon fundos en 1967-68 sino que varios patrones fueron tomados como rehenes. Las huelgas más importantes fueron la de Molina en 1967 y la de San Miguel (Aconcagua) en 1968, en que los campesinos ocuparon el fundo, levantaron barricadas y enfrentaron al Grupo Móvil. Esta ocupación del fundo San Miguel también marcó un jalón en la unidad campesino-estudiantil, concretada en la amplia solidaridad prestada por la vanguardia estudiantil de la izquierda revolucionaria.
Para dar una idea aproximada de la magnitud de este ascenso presentamos un cuadro comparativo de las huelgas a base de estadísticas de la Dirección General del Trabajo.
Entre los años 1947-1950, el promedio anual de huelgas legales fue de 39 abarcando a 13.034 trabajadores, con 951.128 días hombres en huelga; y 82 huelgas «ilegales» que abarcaron a 31.569 trabajadores con 243.757 días hombres en huelga. Total: 11 huelgas. 44.603 trabajadores y 1.194.885 hombres.
Entre los años 1951-1954, el promedio anual fue de 55 huelgas legales que comprendieron a 36.129 trabajadores con 984.481 días hombres en huelga; y 176 huelgas «ilegales » con 73.320 trabajadores y 443.345 días hombres. Total: 231 huelgas, 109.449 trabajadores, 1.427.726 días hombres en huelga.
En 1955, año culminante del ascenso de ese período con el paro general del 7 de julio, las huelgas «ilegales» cuadruplicaron a las legales: luego se produjo un retroceso, a raíz de la derrota de la huelga general de enero de 1956, que fue remontando con la polarización política de la clase obrera que apoyó a salvador Allende en la elección presidencial de 1958. Durante la década del 1960-70, estará presente en las luchas del proletariado y campesinado chileno la influencia de la Revolución Cubana.
Comparando el número de huelgas del período anterior con el de 1967-68 nos encontramos con la siguiente estadística que demuestra en gran medida el grado de ascenso de los trabajadores chilenos.
En 1967, se produjeron 2.447 conflictos que significaron 2.106.000 días hombres en huelga (1.289.000 en huelgas legales y 700.000 en «ilegales») y en los primeros ocho meses de 1968, 2539 conflictos con 4.470.000 días hombres en huelga con un cambio significativo en cuanto a huelgas «ilegales» (3.024.000 días hombres en huelga «ilegal» y 931.000 días hombres en huelgas «legales»).
En 1969, continúa el ascenso de las masas a través de las combativas huelgas de metalúrgicos (Mademsa, Madeco, Fensa), ocupación de fábricas (Metalpar, Famela, Somela). De mayo a junio de 1969 es el punto álgido del proceso con la huelga de la Marina Mercante Nacional, ferroviarios, INDAP, ANEF, campesinos de Chillán y especialmente con la primera huelga nacional campesina (mayo 1969). En este año, el movimiento de pobladores «sin causa» irrumpe violentamente a la palestra de la lucha de clases, aportando un nuevo contenido al enfrentamiento social y nuevas formas de lucha. Se produce la ocupación de terrenos en Santiago (Barrancas, La Reina, Conchalí, La Granja) en Concepción (Partal, San Miguel) y la masacre de los pobladores de Puerto Montt, que había sido precedida por un poblador muerto en Arica.
El estudiantado universitario y secundario dinamizó este proceso de ascenso con la acentuación de sus luchas reflejadas en las tomas de escuelas y en los combates callejeros, aunque a partir de 1969 comenzó a enredarse en la telaraña de la Reforma Universitaria.
Aun en pleno proceso electoral, la burocracia reformista no logró paralizar las huelgas de Chilectra, ENAP, BATA, Trabajadores de la Salud, de los campesinos de Ñuble, Coquimbo, Colchagua, Melipilla, Talca. Los «sin casa» siguieron ocupando terrenos y dieron un salto cualitativo en sus combates a generar embriones de milicias populares en los campamentos 26 de enero, Lenin y otros.
El proceso de ascenso no ha sido ininterrumpido sino que se ha desarrollado como característica más destacada una tendencia a la generalización masiva de tomas de fábricas, fundos, sitios de trabajos y escuelas; barricadas no sólo en las ciudades sino en los campos; lucha callejera violenta con serios enfrentamientos con las fuerzas represivas.
Esta explosividad, que ha adquirido formas masivas, es el resultado de profundas transformaciones registradas en la sociedad chilena de las últimas dos décadas.
EL CAMPESINADO
El fenómeno social más relevante es la estructuración de un proletariado rural, como producto de un relativo desarrollo del capitalismo agrario y de las transformaciones planteadas por la Reforma Agraria.
De 94.000 obreros agrícolas que existían en 1936 se ha pasado a cerca de 250.000. En el sector de inquilinos, que ha bajado de 107.000 en 1936 a 76.000 en la actualidad, se notan cambios importantes, ya que la mayoría tiende a convertirse al régimen del salariado exigiendo un mayor porcentaje en dinero que en regalías, a la inversa del pasado. A estas fuerzas motrices de la revolución en el campo, hay que sumar los 200.000 minifundistas que viven en condiciones
miserables y que gran parte del año deben trabajar como peones asalariados en fundos vecinos para poder compensar el escaso rendimiento de su pequeño pedazo de tierra. La concentración del proletariado agrícola en la zona central ha permitido su rápida organización, promovida con fines demagógicos por la DC a través de la ley de sindicalización campesina. De un par de miles de obreros agrícolas organizados en 19 sindicatos en 1964, se ha llegado al 31 de diciembre de 1969 a 394 sindicatos que abarcan 103.644 obreros agrícolas. El proletariado rural ha comprendido más rápidamente que los obreros fabriles la necesidad de luchar en forma conjunta, a través de la presentación de pliegos únicos por provincia y a veces por varias provincias, llegando a realizar en mayo de 1969 la primera huelga nacional campesina por un pliego único. Estas huelgas son un principio de cuestionamiento de la propiedad privada territorial por cuanto presentan la tendencia a la ocupación masiva de fundos, hecho que se ha expresado en la ocupación en 1969 de 25 fundos del Norte Chico, de 44 fundos de Melipilla y de otros tantos de Curicó. Algunos sociólogos sostienen que el campesinado chileno no se interesa tanto por la tierra, sino por aumentos de salarios. Es efectivo, que esta ha sido la tendencia manifiesta de las huelgas de la década 1960-70, pero cabría preguntarse si esto no ha sido producto de la orientación que han dado el reformismo burgués y el reformismo obrero y de un embrión de burocracia sindical campesina que ha empezado a desarrollarse. La combatividad de las huelgas campesinas se expresa en el apresamiento de patrones, como rehenes; en la formación de barricadas para enfrentar a las fuerzas represivas; en la voladura de puentes y corte de líneas telegráficas y telefónicas, que también son modos que asume el cuestionamiento de la propiedad privada.
LOS POBLADORES
El movimiento de pobladores comenzó a tomar auge en la década de 1950 (La Legua; Campamento La Victoria, José María Caro, Barrancas, La Cisterna) como producto del proceso de industrialización que promovió la migración del campo a la ciudad y el desplazamiento de los trabajadores urbanos, hacinados en los conventillos levantados en las décadas de 1920 y 1930, hacia el cinturón de las grandes ciudades, donde se instalaban las nuevas fábricas. En nuestro país semicolonial de desarrollo capitalista atrasado, desigual y combinado, se daba bajo nuevas formas la tesis Engels en su trabajo sobre el problema de la vivienda en Inglaterra en el sentido de que los trabajadores no tienen un «hogar estable» en este mundo capitalista, sino que se desplazan hacia los lugares cercanos a los sitios que se compra su fuerza de trabajo.
Desde 1940 a 1960, la migración del campo a la ciudad fue absorbida por la industria liviana en formación, transformándose la mayoría de los recién llegados del campo en obreros fabriles avecindados en las poblaciones «callampas». Era la época en que las fábricas trabajaban dos y tres turnos y en que la población activa de la industria subió 287.872 en 1940 a 406.000 en 1960; fue el período de auge de la industria de sustitución de importaciones: textiles, metalurgia, alimentación, cuero y calzado, etc., desarrollada a base de capital variable.
En los últimos diez años, los cambios tecnológicos introducidos en la manufactura tradicional y en el desarrollo de nuevas industrias, como la intermedia y «dinámica» (que produce bienes de capital y productos de consumo durable) han variado la composición orgánica del capital constante. Así, la moderna industria ha sido incapaz de absorber la mano de obra disponible y el número de obreros fabriles ha quedado prácticamente estancado a los niveles de 1960. Esto ha significado un aumento sensible del número de cesantes, desocupados , semi-desocupados, vendedores ambulantes, «maestros» a domicilio, etc., que viven hacinados y en forma miserable en los cinturones de las ciudades y muchas veces como «allegados» en casas de otros hermanos de clase. A estos «allegados», que presionan por una vivienda, debe sumarse los nuevos campesinos que arriban a la ciudad, ya que la corriente migratoria del campo a la ciudad no se ha detenido, como lo demuestra el último Censo Nacional realizado en 1970.
Los pobladores, que no sólo se avecindan en las grandes ciudades, sino también en las ciudades medianas, constituyen un potencial revolucionario que se expresa en las frecuentes tomas de terrenos de los «sin casa» y en la organización de embriones de milicias populares, lo que demuestra un paso significativo en el nivel de conciencia de clase de este sector de los explotados.
LA MODERNA CLASE MEDIA
Otro sector importante del proceso social contemporáneo chileno está formado por la llamada moderna o nueva clase media que incluye tantos altos jefes administrativos como la gran masa de empleados pauperizados. El sector más importantes son los trabajadores del Estado que se han desarrollado a causa de la creciente demanda de servicios públicos y de los nuevos requerimientos burocráticos del moderno aparato estatal burgués. Este sector ha logrado organizarse a pesar de las leyes que prohiben la sindicalización de los empleados públicos. Los 250.000 trabajadores del Estado, en los cuales no sólo hay empleados sino un apreciable número de obreros, ferroviarios, municipales, transporte, salud, etc., han demostrado una alta combatividad en sus huelgas. Luchan contra un sólo patrón (El Estado burgués) y tienen la ventaja de estar organizados a escala nacional. Según las estadísticas de Clotario Blest, el 94% de los trabajadores del Estado están sindicalizados (235.000). La importancia que han adquiridos los servicios públicos determina que una huelga de estos sectores produzca a veces más impacto social y mayores repercusiones políticas que una paralización de faenas en fábricas del área privada.
El otro sector de la llamada «moderna o nueva clase media», además de los empleados públicos, es el de los empleados particulares, cuyo número ha crecido en Chile a raíz del aumento del sector terciario (comercio, etc.). hay que distinguir una alta clase media de acomodados, técnicos, altos jefes, etc., que ganan sueldos elevados y el otro segmento que es mayoritario y que gana entre uno y dos sueldos vitales . En los últimos diez años, los empleados de bajas rentas, muy timoratos para sus luchas, han empezado a demostrar un descontento creciente. El poder adquisitivo de su «sueldo vital» causa de una inflación galopante ha disminuido en porcentajes apreciables. Se ha iniciado un proceso de sindicalización que abarca ya a un 25% del total de empleados particulares (3000.000). Empleados de empresas, como Huachipato, carbón, Madeco, etc., han comprendido la necesidad de realizar acciones comunes con los obreros en defensa de sus reivindicaciones económicas, hecho que se expresa en la presentación de pliegos únicos comunes a empleados y obreros.
EL PROLETARIADO
Con respecto al proletariado fabril y minero, a cuyas recientes luchas nos hemos referido en páginas anteriores a su evolución en la Historia del Movimiento Obrero (Stgo., 1962) cabría agregar que su número no ha variado significativamente desde 1960, con excepción de los obreros de la construcción y metalúrgicos (a raíz del nuevo tipo de industria intermedia y de productos de consumo durable) que han aumentado sensiblemente. El proletariado minero se mantiene, con bajas en salitre y carbón y aumento en hierro y petróleo. En total existen unos 200.000 obreros fabriles, 50.000 mineros, 150.000 obreros de la construcción, unos 200.000 obreros de fábricas artesanales de menos de 4 operarios y unos 45.000 obreros de comercio, además de los 230.000 obreros agrícolas.
El proceso de sindicalización «legal» del proletariado urbano, iniciado en la década del 1930-40 y acrecentado en las décadas del 1940-50 y 60, ha determinado un alto porcentaje de organización. Según la estadística sindical entregada por Clotario Blest, que es más precisa que la de la Dirección General del Trabajo, al 31 de diciembre de 1969 existían 1.361 sindicatos industriales con 200.404 socios, sin considerar al proletariado rural cuya cifra ya hemos mencionado.
En síntesis, el total de trabajadores organizados en sindicatos de los sectores público y privado al 31 de diciembre de 1969 era de 503.261 del sector privado y 235.000 del sector público, lo que significa un 27.4% del total de la fuerza de trabajo del país que es 2.694.100.
Algunos economistas y sociólogos han sostenido que el proletariado latinoamericano y chileno se ha «aburguesado», como consecuencia de un presunto aumento general del nivel de vida, confundiendo el incremento de salarios con el poder adquisitivo. La verdad es que la mayoría del proletariado chileno vive en condiciones miserables, salvo una pequeña minoría que trabaja en el cobre, tabaco, petróleo, industrias de bienes de capital y de productos de consumo durable (Huachipato, entre otras). La inmensa mayoría del proletariado, constituido por textiles, alimentación, metalurgia liviana, cuero y calzado, talleres artesanales, comercio, obreros de la construcción y el proletariado agrícola, ganan como promedio salarios inferiores a un sueldo vital.
Los sociólogos burgueses y «desarrollistas» que cuestionan al proletariado como agentes históricos del cambio social a base de discutibles encuestas, han debido deformar la realidad social latinoamericana para acomodarla a sus concepciones neo-capitalistas. Argumentan que el proletariado está «integrado» al régimen capitalista y que ya no lucha por cambios revolucionarios porque tendría un satisfactorio standard de vida; sus «altísimos» salarios se deberían a que el proletariado
«explota» indirectamente a los campesinos. Algunos revolucionarios latinoamericanos que se han apoyado en las apariencias de esas mismas encuestas para explicar la insurgencia activa del estudiantado, cuyo papel reconocemos y valoramos en su real dimensión, ignoran que los métodos de investigación de la sociología, (las encuestas, estadísticas, etc.), están cuestionados por el marxismo que nos e basa en lo puramente cuantitativo, aunque lo tiene presente, sino fundamentalmente en un análisis concreto y dinámico de la sociedad y los conflictos de clase. Ya Trotsky a modo de símil señaló las limitaciones específicas de la estadística cuando comparó la fotografía estática con la película que expresa el movimiento a través de la secuencia cinematográfica. También el Che Guevara se encargó de ridiculizar a los sociólogos norteamericanos y a sus estadísticas «científicas» que indujeron a Kennedy a dar el salto al vacío en Playa Girón. Por lo demás, las estadísticas tienen un elemento subjetivo irreductible. Si un encuestador desconocido le pregunta a un obrero si es revolucionario, es ingenuo pretender que el obrero lo manifieste. No se trata de hacer una radiografía estática de un momento del proletariado sino de ver la dinámica del proceso y, fundamentalmente, de acelerar a través de la lucha de clases y del partido marxista revolucionario la conciencia de clase y política de los explotados.
En esta tarea creemos que la izquierda revolucionaria chilena, desde la creación de grupos que pasan por la Izquierda Comunista en la década del 30, del POR en la década del 40-50 y de los grupos castristas de 1960 hasta la formación del MIR en 1965, ha logrado avances apreciables. Si bien es cierto que el reformismo sigue controlando formalmente a la mayoría del movimiento obrero y campesino con una política frente populista, la Izquierda Revolucionaria chilena tiene una presencia política en la vida nacional y ha contribuido a acelerar el ascenso de las masas de los últimos años.
LA SITUACION ECONOMICA
Este ascenso de las masas chilenas tuvo como telón de fondo el deterioro de la situación económica iniciada en 1967. Este año se había detenido la curva de crecimiento relativa producida durante 1965-66. La tasa de crecimiento industrial del 7% como promedio anual durante el período 1960-66 bajó a menos de 2% en 1967. Según un informe de la CEPAL (1968) también bajaron las ventas industriales en 1,6% en relación a 1966 y «el producto interno sólo creció en un 3%, frente a un 5% en 1965 y al 6,6% en 1966». En 1968, se acentúa el deterioro económico, agudizado por la sequía que produjo graves pérdidas de ganado y producción agrícola, del Norte Chico hasta Chillán, y baja a raíz de la sequía, dela producción de energía eléctrica por la reducción del cauce de agua generadora de fuerza motriz. El desmejoramiento de la situación económica prosiguió durante 1969 y 1970 provocando una curva ascendente de la inflación (más del 30% como promedio anual oficial), una cesantía de 7% en Santiago y de 11% en Concepción. La situación no llegó a un punto crítico debido a los altísimos precios del cobre que alcanzaron a un promedio anual cercano a los 70 centavos de dólar la libra, lo que permitió al gobierno disponer de unos 2.000 millones de dólares más en cinco años, a los cuales habría que agregar unos 300 millones de dólares por año que recibió el gobierno de Frei por concepto de créditos extranjeros.
EL GOBIERNO DEMOCRATACRISTIANO
Seis años de gobierno democratacristiano demostraron la incapacidad de la llamada «revolución en Libertad» para sacar a Chile de su atraso, de su dependencia y de la miseria de sus clases explotadas. Nuestro país se mantuvo como semicolonia yanqui, dirigida por una clase dominante que no fue afectada en lo esencial por el gobierno de Frei y con aparato estatal burgués reforzado por quienes un día prometieron una «patria joven» en la que habría una mayor participación del pueblo. «La revolución en libertad», nueva variante frustrada de revolución democrático-burguesa, sólo sirvió para garantizar la estructura clasista, resguardar los intereses monopolistas de la industria y la banca, perfeccionando el aparato represivo a través del Grupo Móvil y de la preparación antisubversiva del Ejército burgués.
La DC, cuyos orígenes y praxis política hemos analizado en el libro «Esencia y Apariencia de la Democracia Cristiana» (Stgo. 1964), fue el partido con una ideología propia del reformismo burgués que apoyó el imperialismo yanqui para mantener el sistema capitalista chileno, analizando a las masas descontentas con un programa demagógico y populista. El gobierno de Frei representaba losa intereses de la burguesía de un país semicolonial que es incapaz de liberarse del monopolio extranjero, y que pretende jugar en forma activa el papel de socio menor, solicitando mejores precios para las materias primas, mercado permanente para las mismas, amplios créditos, y aspirando a negociar en mejores condiciones con el imperialismo el reparto de la renta nacional.
El ascenso de la DC al gobierno significó el desplazamiento de la vieja oligarquía industrial en las últimas décadas. De ahí, la Reforma Agraria podía aumentar el mercado interno consumidor de artículos manufacturados y, fundamentalmente, porque garantizaba la continuación de la política inaugurada por el mayor exponente de ese sector de clase: Jorge Alessandri. Esta política económica consistió en el apoyo a las industrias intermedias y dinámicas, varias de las cuales son industrias de exportación: derivados de la celulosa, acero de Huachipato, harina de pescado, etc. No por casualidad, Frei puso énfasis en el desarrollo de la ALALC y finalmente del Pacto Andino, pero ese intento de superar la asfixia del capitalismo chileno se frustró, en gran medida, por los roces interburgueses latinoamericanos.
En este período se consolida la inversión del capital financiero extranjero en la industria. El imperialismo yanqui, que desde hace unos quince años prefiere invertir en la industria en mayor grado que en las materias primas básica, logra bajo el gobierno de Frei penetrar y en gran medida controlar las principales industrias intermedias y dinámicas de Chile. La lista de inversiones imperialistas en metalurgia, industria automotriz, petroquímica, electrónica, alimentación, celulosa, etc. es muy larga para enumerarla aquí. Sólo anotaremos las más relevantes. En metalurgia, han invertido en Inchalam, American Screw, Siam di Tella; ADELA ha comprado acciones en CINTAC y COMPAC; en la industria automotriz, la Rockwell Standard se ha asociado con 2 compañías chilenas y controla la producción de piezas y repuestos. Otras inversiones en este rubro han sido hechas por la General Motors, a través de Chile Motores, la Chrysler, por intermedio de Automotora Chilena y Nun y German.
En la industria alimenticia, el imperialismo ha invertido en la Corn y Products Co. (Alimentos Knorr), la General Mills que produce harinas y galletas, la Ralston Purina que elabora alimentos para aves. se han hecho fuertes inversiones extranjeras en Embotelladora Andina, Ambrosoli, Savory, Watt. En INDUS Lever, en Cía. de Fósfatos. Los productos lácteos (CHIPRODAL), explosivos (DUPONT), electrónica (Phillips, RCA Víctor y Electromet); en siderurgia (ARMCO); en química y Farmacia (Pfizer, Parke Davis, Lepetit, etc.) La casa Grace controla las fábricas que producen un 20% de las telas de algodón, 25% de pinturas. En noviembre de 1967, se produjo la inversión de capitales norteamericanos en la petroquímica por medio de la Dow Chemical que explotará derivados del petróleo en una sociedad mixta en la cual la compañía yanqui tendrá el 70% de las acciones. En celulosa, el capital financiero extranjero ha hecho inversiones en las plantas Arauco y Constitución; en la Compañía Agrícola y Forestal Copihue (el nombre de la flor autóctona de Chile), el capital extranjero tiene un control del 66% de las acciones, al igual que en industrias de papel y cartulina.
En la Cía. Chilena de Tabacos hay una inversión de un 60’% de capital extranjero. El consorcio internacional BATA controla también la industria del cuero calzado SOINCA y Manufacturas Catemu. En la industria del caucho, el imperialismo tiene en INSA el 53% del capital y porcentajes superiores en Cristal Yungay, en Cemento Cerro Blanco Polpaico, en cemento Bío-Bío y en Pizarreño.
Los capitales extranjeros también han penetrado Huachipato: la Cía. Industrial del Pacífico Sur tiene en CAP más de 5 millones de dólares, la Koppers unos 4 millones, la Chile Exploration más de tres y medio, la Braden cerca de dos millones de dólares, lo mismo que el First National City Bank.
Pedro Vuskovic ha señalado que «consideradas las 160 principales sociedades anónimas industriales, más de la mitad resulta tener participación extranjera» (Punto Final, No112, p. 13, 1o de septiembre 1970). Años antes, Ricardo Lagos en La concentración del Poder Económico en Chile, p. 125, Ed. del Pacífico, 1960, había afirmado que: «La trascendencia de la sociedad anónima extranjera se revela en las siguientes cifras: en 1957 los activos de las sociedades anónimas nacionales alcanzan a Eo 826.434.000 (sin considerar bancos ni compañías de seguros) y los activos de las agencias extranjeras llegan a Eo 430.781.251, o sea, corresponden a más de la mitad del capital de las sociedades nacionales. Estas cifras resultan más reveladoras si se atiende a que las entidades extranjeras sólo son 60, mientras que las nacionales son 1.300.
Las cifras indicadas no abarcan las inversiones extranjeras en la minería del cobre, hierro y salitre, no tampoco a las empresas mixtas de elaboración del cobre, como MADECO y Cobre Cerrillos donde el imperialismo controla el 37 y el 76% de las acciones respectivamente.
En síntesis, la praxis democratacristiana en el gobierno muestra que ha sido el partido político chileno escogido por el imperialismo yanqui para ejecutar sus nuevos planes de expansión y dominio, entre los cuales sobresale la política económica denominada «desarrollismo», que bajo una apariencia de «progreso industrial» refuerza los lazos de dependencia y acentúan el carácter semicolonial de nuestro país.
El saldo social más importante que deja la DC es el comienzo del la Reforma Agraria y el hecho de que su demagogia ha acicateado las aspiraciones de los «sin casa» a tener casa y de los campesinos a organizarse para luchar por la tierra y mejores salarios. En definitiva, la política populista de la DC resultó un «boomerang» para la burguesía chilena. Cientos de miles de pobladores y campesinos se han incorporado al proceso social revolucionario chileno.
El proceso de izquierdización de las masas fue el problema clave que debieron enfrentar las candidaturas presidenciales que pasamos a continuación a analizar.
II
EL SIGNIFICADO DE LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES
Y EL ANALISIS
DEL RESULTADO
DE LAS ELECCIONES
Mese antes de las elecciones del 4 de septiembre, la «inteligentzia de izquierda» trató de hacer una interpretación del contenido de clase de las candidaturas; sus opiniones fueron reproducidas en un documento que circuló en las Universidades de Chile y de Concepción; posteriormente, Punto Final y un documento divulgado en las Federaciones de Estudiantes, se hicieron eco de esta interpretación. El enfoque partía de una hipótesis clave: la burguesía se presentaba dividida a las elecciones con dos candidatos: Alessandri y Tomic. Algunos «cientistas sociales» opinaron que la burguesía estaba tan fortalecida que era capaz de presentar dos candidatos en condiciones de ganarle cualquiera de ellos a una izquierda debilitada. Otros, basados en esta apreciación, llevaron su análisis hasta las últimas consecuencias tratando de precisar los sectores de clase que representaban Alessandri y Tomic. Llegaron a la conclusión de que Tomic representaba la llamada industria dinámica e intermedia y de que Alessandri reflejaba los intereses de la vieja oligarquía terrateniente y comerciante y el sector de la industria manufacturera tradicional. Finalmente, no faltaron quienes señalaron que Tomic representaba a la pequeña burguesía chilena que aspiraba a cambios más profundos que los realizados por el gobierno de Frei. En síntesis, se trataba de buscar respuesta a las preguntas: ¿por qué se presentaba dividida la burguesía? ¿por qué la burguesía levantaba dos candidatos contra la izquierda unida?.
Es efectivo que en Chile existen tres ramas fundamentales de la industria: la industria manufacturera tradicional productora de vestuario, alimentos, cuero y calzado, maderas y muebles, bebidas, metalurgia liviana, tabaco, etc., que se desarrolló durante las décadas de 1940-1950, en el período llamado de sustitución de importaciones. A fines de la década del 50, se producen algunas transformaciones en el proceso industrial chileno y comienzan a desarrollarse las industrias denominadas intermedias y dinámicas que son las de bienes de capital y productoras de bienes de consumo durables, estructuras metálicas, electrónica, automotriz, acero, petroquímica.
Este sector industrial, que requiere una tecnología avanzada y una gran inversión de capital constante, se ha constituido en el principal motor de la industria chilena. No por casualidad las principales inversiones de capital financiero norteamericano se han producido precisamente en la industria intermedia y dinámica, como hemos demostrado en páginas 27 y 28.
Sin embargo, el hecho de que existan estas ramas básicas de la industria no significa que la burguesía chilena esté dividida en sectores tan diferenciados de clase que correspondan a cada uno de estos intereses. Hemos sostenido reiteradamente en otros libros (Interpretación Marxista de la Historia de Chile, t. II) que la burguesía de nuestros países semicoloniales desde el siglo pasado e inclusive desde la época colonial, ha tenido una evolución diferente a la burguesía europea en donde existieron diferenciaciones relativamente marcadas entre diversos sectores de la clase dominante. Nuestra burguesía ha tenido un desarrollo desigual y combinado reflejado en la interpenetración de intereses entre las capas mineras, terratenientes y comerciantes durante la colonia y el siglo XOIX. En Economía y Sociología de chile Contemporáneo (Concepción, 1969) hemos demostrado que la burguesía minera invertía sus ganancias en la compra de fundos en la zona central y se convertía en terrateniente; que éstos a su vez eran mineros y comerciantes; y que los comerciantes y banqueros adquirían propiedades territoriales y mineras. Durante el siglo XX, a partir de la primera guerra mundial y especialmente después de la gran crisis mundial de 1929-30, se inicia un proceso de industrialización en América Latina. En Chile, no sólo el Estado facilita capitales por intermedio de la CORFO para el desarrollo de la industria de sustitución de importaciones, sino que la burguesía terrateniente, financiera y comercial hace fuertes inversiones en la industria. Basta una mirada a la lista de accionistas de las industrias y bancos para ver a connotados terratenientes obtener suculentas tasas de ganancia en las diferentes ramas industriales.
Numerosos terratenientes han colocado sus capitales en el Banco Español que tiene grandes inversiones en textiles, empresas pesqueras, etc. El grupo de Punta Arenas (los Campos Menéndez, Braun, Behety), además de controlar el 50% del total de los capitales invertidos en la agricultura (poseen 1.605 latifundios con cerca de 3 millones de Há.) tiene inversiones en las empresas industriales del Banco Chile, Edwards y Español, controla 5 empresas de navegación, y es poseedor de numerosas acciones en astilleros Las Habas y en compañías pesqueras. Industriales y terratenientes se entrelazan mediante la capitalización de la renta agraria en la industria y la territorialización de la ganancia industrial. Los Matte-Ossa controlan negocios inmobiliarios urbanos y son dueños de industrias y fundos. Los Edwards, además de sus industrias, tienen fuertes acciones en la Cía. Agrícola Chilena S.A. y en Frutera Peumo. Guillermo Correa Fuenzalida, industrial, es dueño de la estancia «La Junta» de San Vicente; los Valdés y los Larraín son industriales y terratenientes; el clan Alessandri-Matte, con fuertes inversiones en la industria y la banca, controla la sociedad Agrícola «Trinidad» y la Sociedad Agrícola «El Budi».
desde hace unos quince años, el imperialismo ha comenzado a hacer fuertes inversiones en la industria chilena, como resultado de su plan mundial de inversiones consistentes en colocar en los países semicoloniales más porcentaje de capital financiero en la industria que en las materias primas básicas. Como resultado del desarrollo del capital monopolístico mundial, la industria en Chile ha dejado de ser «nacional», aunque figuren como gerentes hombres de nacionalidad chilena. En páginas anteriores, hemos señalado que durante el gobierno de Frei se consolida este proceso de «desnacionalización» de la industria chilena, iniciado bajo la administración de Jorge Alessandri, quien fue el «pionero» del desarrollo de las industrias de exportación, concediéndoles franquicias que luego fueron reforzadas por Frei. En síntesis, en 1958 y en 1964 las candidaturas de Alessandri y Frei representaron los intereses generales de la burguesía de este país semicolonial cada vez más dependiente del imperialismo yanqui. En varios documentos hemos sostenido que Frei no fue más que el continuador de la política económica pro-imperialista y «desarrollista» de Jorge Alessandri en cuanto al «progresismo» industrial. A esta burguesía industrial, orientada por el imperialismo que ya había copado gran parte de las acciones de las principales industrias «chilenas», le convenía una moderada Reforma Agraria que permitiera ensanchar el mercado interno de sus productos mediante la creación de un poder adquisitivo de nuevos propietarios del campo, que a su vez podían convertirse en un colchón social capaz de frenar el proceso social revolucionario del campesinado chileno. la medida de Reforma Agraria, recomendada por la FAO, organismo controlado por el imperialismo, produjo roces del gobierno de Frei con un sector de los terratenientes pero no afectó mayormente sus intereses por cuanto la mayoría de ellos había desplazado sus capitales a la industria y la banca. Creemos que los «cientistas sociales» han caído en un burdo esquematismo al caracterizar a Tomic como candidato de la burguesía que controla la industria intermedia y dinámica y a Jorge Alessandri como un mero representante de la burguesía industrial manufacturera tradicional, comerciante y terrateniente.
A nuestro juicio, la candidatura de Tomic fue concebida por una élite burguesa pro-imperialista que luego de un análisis de la realidad nacional, llegó a la conclusión de que el problema fundamental en esta coyuntura electoral era enfrentar el proceso de izquierdización de las masas chilenas. El imperialismo y la élite burguesa democristina se dieron prontamente cuenta de que en Chile se había producido un ascenso de las luchas sociales de obreros, campesinos, pobladores y estudiantes desde comienzo de la década de 1960, bajo la influencia de la Revolución Cubana y del movimiento guerrillero latinoamericano. para canalizar este ascenso por la vía electoral se levantó como alternativa «democrática» la candidatura del Frei en 1964, con un programa demagógico y populista. Convencidos del éxito obtenido por esta estrategia, ya que Frei resultó ganador con el apoyo no sólo de la burguesía y de los estratos medios sino también por obreros, pobladores y, fundamentalmente campesinos que fueron engañados por la demagogia freísta, el imperialismo y la dirigencia democristina trataron de afinar la táctica para las elecciones presidenciales de 1970. El hecho social más resultante en Chile, para quien quisiera ver, era el proceso de ascenso de las masas chilenas que se había agudizado perceptiblemente desde 1967. Este era el problema clave que debía enfrentar cualquier candidatura burguesa que se levantara, ya que el gobierno de Frei había sido incapaz de canalizar realmente ese proceso; al contrario, su demagogia sobre la Reforma Agraria y la Operación Sitio no hizo más que acelerar el proceso despertando esperanzas en los «sin casa» y en los «sin tierra». Frei intentó detener esta evolución endureciendo su política de represión contra pobladores, huelgas obreras y campesinas, luchas callejeras estudiantiles, creando el Grupo Móvil, e iniciando procesos y persecuciones contra la Izquierda Revolucionaria y sectores sociales de tendencia castrista. El nuevo intento democristiano fracasó también, y el proceso de ascenso de las masas continuó llegando a su punto crítico a mediados de 1969.
En esta fecha, en pleno auge de huelgas, cuyas características hemos analizado en las primeras páginas, precisamente, se comienza a diseñar la estrategia y la táctica de la burguesía y el imperialismo para las elecciones presidenciales. Los ideólogos más «avisados» de la burguesía se dieron cuenta de que la izquierda contaba con las mayores probabilidades para canalizar el ascenso de las masas y que cualquiera que fuese su candidato (el nombre de Allende surge recién a principios de 1970) tenía grandes posibilidades formales de triunfo. Para la burguesía y el imperialismo se trataba entonces de levantar un candidato que fuera capaz de restar votos a la candidatura de izquierda. Pero ya no bastaba con el lenguaje y el programa moderado de Frei para atraer un sector de las masas, sino que era necesario levantar un candidato más demagógico y populista que incluso llegara a declarar en contra del capitalismo y el llamado neocapitalismo, por la nacionalización de las minas y de otras empresas extranjeras, por una reforma agraria más profunda, por una mayor participación de los trabajadores en el poder, etc. Sin embargo, si bien es cierto que este programa pseudo-izquierdizante podía restar votos a la eventual candidatura de izquierda, su verbalismo «anti- imperialista» y «anticapitalista» no podía menos que incomodar al grueso de la burguesía y a los estratos medios más pudientes y derechistas de Chile.
Este sector, que se había fortalecido económica y políticamente, aspiraba a tener su propio candidato; no estaba dispuesto a repetir la experiencia de 1964, como carro trasero de la DC. Así surgió la candidatura del connotado industrial y gerente Jorge Alessandri. Este candidato representaba los intereses generales de la burguesía y en especial la ideología de la clase dominante y de la pequeña burguesía fascistizante que reclamaba un gobierno de orden, de autoridad y austeridad, capaz de poner freno y mano dura al «caos social» producido por las innumerables huelgas, ocupaciones de terrenos, fundos y fábricas; un gobierno capaz de reprimir violentamente a la izquierda revolucionaria en ascenso, uno de cuyos sectores más importantes (el MIR) se había lanzado a las expropiaciones de bancos; un gobierno autoritario que pudiera terminar con los desfiles callejeros de una juventud estudiantil tan «irrespetuosa» y provocadora del «desorden» social. Postulaban una «Nueva República», de corte neo-portaliano, apoyada en un P. Nacional que aspiraba a reverdecer las viejas glorias de su homónimo fundado en 1857, y liderada por un Manuel Montt redivivo en la neo-austeridad de Jorge Alessandri.
Mientras la candidatura de Alessandri cumplía el papel de polo nucleador de toda la votación burguesa y de los estratos medios derechistas, Tomic cumplía el papel encomendado por el imperialismo y la élite democristiana: restar el máximo de votos populares ala candidatura de izquierda. No hay más que seguir la orientación programática-verbalista de Tomic, desde que inicia su campaña hasta que termina, para darse cuenta que su objetivo fundamental era ganar los votos de los obreros, campesinos, pobladores y estratos medios proclives a la candidatura de izquierda. A ambos les pareció insólito – y en la apariencia lo era- que Tomic cuando desembarcó en Valparaíso, a su retorno de Estados Unidos, una vez renunciado como Embajador, pronunciara palabras que en el fondo significaban una crítica al gobierno de Frei, su camarada de partido. No podía interpretarse de otra manera el discurso del «delfin» cuando en Valparaíso, sin consultar aparentemente con Frei ni con su partido, planteó la nacionalización del total de todas las minas de cobre, la reforma bancaria, la profundización de la reforma agraria y otras medidas que Frei había realizado a medias o que, sencillamente no las había emprendido para no afectar intereses contingentes de algunos burgueses adherentes a su ideologías. A lo largo de toda su campaña Tomic fue izquierdizando su lenguaje, al punto que a las masa le resultaba difícil establecer la diferencia entre el programa tomicista y el allendista.
Tomic iba elevando el tono de su verbalismo populista a medida que crecía el apoyo a Salvador Allende entre los obreros, campesinos, pobladores y estratos medios radiclaizados. Los ataques formales de Tomic a la «oligarquía» y al sistema capitalista en muchas ocasiones fueron tan agudos como los de la Unidad Popular. Con esta táctica, la candidatura de la «izquierda cristiana» pretendía perfilarse ante los trabajadores como una alternativa «dentro de la izquierda». En síntesis, el objetivo de Tomic era aparecer ante los trabajadores como un candidato antioligárquico, antiderechista y crítico duro del candidato de los patrones. Esa preocupación tomicista en diferenciarse de la candidatura de Alessandri tenía como fin primordial disputarle los votos populares a Salvador Allende.
El juego multifacético democristiano llegó a tal grado que la candidatura Tomic se incorporó activamente a la comisión parlamentaria que analizaba las denuncias contra la «campaña del terror», campaña que había sido organizada por el alessandrismo bajo los mismos «slogans» que los sustentados por el terrorismo ideológicos desatados por la DC en 1964, en ocasión del enfrentamiento Frei-Allende.
Otra muestra de este juego demócrata-cristiano chileno fue el viaje de connotados académicos de la Universidad de Católica a la Cuba Socialista de Fidel Castro, un mes y días antes de las elecciones presidenciales. NO se da un paso tan espinudo en esos instantes sino forma parte de una táctica tendiente a demostrar ante los trabajadores y estratos medios radicalizados, simpatizantes del castrismo, que los demócratas cristianos buscaban un «camino no-capitalista» parecido al que ofrecía en general la Unidad Popular. Tomic jamás insinuó una crítica a las expresiones favorable a Fidel de los demócrata cristianos que viajaron a Cuba el 26 de julio de 1970. En caso de derrota el puente de plata entre la DC y la UP estaba ya tendido; su aval: un pariente del ideólogo máximo de la DC.
Cuando los dirigentes de la DC se dieron cuenta de que no podían obtener el triunfo de su candidato se esforzaron por restar el máximo de votos a Salvador Allende para permitir la victoria de Jorge Alessandri. Tomic, consciente de que había perdido terreno entre los obreros organizados, volcó sus esfuerzos en captar los sectores que podían ser más permeables y más fácilmente neutralizables. Esos sectores fueron el campesinado, los estratos medios radicalizados y las mujeres, el comando de la DC se dio cuenta de que la «campaña del terror» no había calado tan hondo como en el período que permitió el triunfo de Frei y que las capas izquierdizantes de la moderna clase media podían inclinarse por Allende en un porcentaje superior al previsto. Más aun, la dirigencia dela DC visualizaba que las mujeres iban a votar en mayor número porcentual por la Unidad Popular que en elecciones anteriores. De ahí que en los últimos meses de la campaña, Tomic haya centrado su propaganda en la captación de estos votos populares.
La política bifronte de la burguesía perseguía como objetivo fundamental polarizar la votación burguesa y pequeño burguesa en Alessandri y evitar la polarización de los votos populares en Salvador Allende. Divididas las preferencias de los trabajadores, estratos medios radicalizados y especialmente, de las mujeres obreras y campesinas, entre Tomic y Allende, el triunfo de Alessandri estaba a punto de ser consumado.
ANALISIS DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 4 DE SEPTIEMBRE
El cómputo de las elecciones resultó finalmente insólito para la burguesía y el imperialismo. Todas las encuestas realizadas desde el comienzo hasta el final de la campaña electoral, arrojaron un resultado favorable a Jorge Alessandri.
Sin embargo, las multitudinarias concentraciones efectuadas por Allende en el Norte, Concepción, Valparaíso y sobre todo la de Santiago tres días antes de la jornada electoral, hicieron prever una llegada muy estrecha.
A esa altura de la campaña, Tomic estaba ya fuera de combate, pero sus concentraciones en las zonas campesinas, en Concepción, Valparaíso y Santiago hacían suponer que iba a restar a Salvador Allende innumerables votos populares, que podían hacerle perder la primera mayoría relativa.
Si alguna duda quedaba acerca de si la burguesía había dividido su votación entre dos candidatos, la concentración de Alessandri realizado el domingo 30 de agosto en Santiago, en Mapocho, demostró claramente que la votación burguesa estaba volcada en su totalidad a favor de Alessandri. Aquel domingo casi la totalidad de los habitantes de Las Condes, Providencia, Vitacura y en gran parte de Ñuñoa y el centro de Santiago, se descolgaron de sus barrios residenciales para asistir en masa a la más grande concentración realizada en toda su historia por la burguesía chilena.
Reiteramos una vez más, que esto no significaba que Tomic hubiera dejado de ser la otra cara de la política burguesa e imperialista. El candidato democristiano cumplía su papel de evitar la polarización de los votos populares en Allende, tratando de dividir la votación de obreros, campesinos, pobladores y estratos medios radicalizados. La concentración de Tomic en Santiago, dos días antes de la elección, despejó también cualquiera duda que pudiera existir acerca de la composición social que los votos arrastraba. En dicha concentración no se vio, salvo excepciones, una concurrencia masiva de burgueses y pequeño burgueses acomodados, como la que respaldó a Jorge Alessandri en Mapocho, sino numerosos trabajadores, pobladores, mujeres proletarias y clase media, aunque en menor medida que en la concentración del día anterior de Salvador Allende en la Alameda, la que realmente puede considerarse como la más grande concentración pública realizada en Chile. Si en 1958, el cura de Catapilco, Antonio Zamorano, logró restarle más de 40.000 votos populares a Salvador Allende, precisamente los que el candidato de la izquierda tradicional necesitaba para ganarle a Jorge Alessandri, ahora en 1970, Tomic jugaba objetivamente el papel del gran Catapilco electoral.
Cuando los periodistas extranjeros, que traían la visión de que Alessandri era ganador seguro, vieron las concentraciones de los tres candidatos en Santiago, comenzaron a dudar acerca de si sus informaciones habían sido ajustadas a la realidad o eran un producto de la euforia de la burguesía alessandrista que controlaba importantísimos medios de comunicación de masas.
La última encuesta del sociólogo Eduardo Hamuy, que según su autor fue guardada en secreto hasta el día de la elección bajo sobre sellado, fue la que más se aproximó a la realidad. Hamuy declaró el día de la elección que no podían predecir ningún ganador y que la llegada iba a ser muy estrecha entre Allende y Alessandri; que éste debía mantenerse por encima del 40% en Santiago para poder ganar y, en el caso de que no alcanzara ese porcentaje, sólo podía compensarlo una fuerte votación en el Norte, en la zona Central y Sur. Alessandri no alcanzó ese porcentaje en Santiago y aunque su votación en el sur fue buena, no pudo compensar la pérdida de Santiago porque la zona norte se volcó masivamente a favor de Allende y la zona central arrojó una votación pareja para los tres candidatos.
El siguiente análisis estadístico muestra las características principales del proceso electoral: Varones % Mujeres % Total %
Allende 631.863 41,66 443.753 30,69 1.075.616 36,30
Alessandri 479.104 31,59 557.174 38,53 1.036.278 34,98
Tomic 392.736 25,89 432.113 29,88 824.849 27,84
Los votos blancos representaron el 0,27% y los nulos el 0,61%. La abstención alcanzó al 16,3%.
Salvador Allende triunfó en 10 provincias: en las 4 provincias del Norte que tienen una aplastante mayoría de obreros mineros del salitre, cobre, hierro, etc., y un fuerte contingente de obreros marítimos, portuarios, pescadores; en O’Higgins, provincia minera y campesina; en Curicó y Talca, donde existe la más fuerte concentración del proletariado fabril y minero; en Arauco, provincia donde predomina en forma casi absoluta el proletariado minero y Magallanes, donde hay una mayoría de obreros petroleros y de proletariado rural.
Allende fue segundo en Aconcagua, provincia campesina y en parte minera, en Valparaíso, donde existe una gran concentración de obreros, estratos medios y un buen número de campesinos; en Colchagua, Linares, Maule, Ñuble, Bío- Bío, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé, todas provincias fundamentalmente campesinas, aunque combinadas con importantes núcleos urbanos en Chillán, Valdivia y Osorno. Finalmente, Allende fue segundo en Santiago, pero logró altísimas votaciones en las zonas obreras: San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo, Barrancas, Conchalí, Renca, Cerrillos; además, obtuvo una fuerte votación en el cuarto distrito, con gran concentración campesina, y fue segundo en el primer distrito, donde reside un fuerte núcleo de los estratos medios.
Allende fue tercero en tres provincias campesinas: Malleco, Cautín y Aysén, de fuerte predominio demócrata cristiano.
Alessandri ganó en trece provincias: Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Linares, Ñuble, Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé. Recibió el apoyo de toda la votación burguesa y pequeño burguesa acomodada y de los estratos medios timoratos e ideologizados por la campaña anticomunista; su triunfo en once provincias campesinas demuestra no sólo el apoyo de los terratenientes sino de una significativa cantidad de medianos y pequeños propietarios de la tierra y de la pequeña burguesía semi-urbana de los pequeños y medianos pueblos rurales.
Tomic fue el primero en Valparaíso con un 33,95% y en Aysén (34,23%; segundo en Concepción (27,59%, en Cautín (37,05%), Malleco (29,74%%, y 2o distrito de Santiago; en otras provincias campesinas fue tercero, pero logró porcentajes superiores a su promedio general de 27,84% ya que en Colchagua obtuvo 29,32%, en Talca 29,63%, en Maule 27,91%, en Ñuble 29% y en Linares 29,63%. En O’Higgins (28,72%), provincias campesinas y mineras, alcanzó también porcentajes superiores a su promedio general; de manera similar ocurrió en las zonas obreras de los distritos de Santiago: segundo, tercero y cuarto, donde también disputó los votos populares a la candidatura de Salvador Allende. Otro hecho importante es que Tomic obtuvo porcentajes muy superiores a su promedio general en las mujeres de los barrios obreros de Santiago, Valparaíso y Concepción y, fundamentalmente, en las mesas de mujeres de las provincias campesinas donde derrotó en casi todas al candidato de la Unidad Popular.
En síntesis, la estadística electoral demuestra que Tomic logró elevada votación en las zonas campesinas, especialmente mujeres, y en las poblaciones obreras de las grandes y medianas ciudades, donde restó numerosísimos votos populares a Salvador Allende. Estuvo a punto de lograr su objetivo fundamental: impedir el triunfo del candidato de la Unidad Popular.
III
DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
Después de la derrota electoral del 4 de septiembre, la burguesía y el imperialismo yanqui han continuado jugándose en defensa de sus intereses privilegiados de clase con una política multifrontal. Una cara burguesa, expresada por la mayoría del Partido Nacional, muestra desembozadamente su decisión de desconocer el triunfo político electoral de los trabajadores; mientras otra, la DC, exige «garantías» ala Unidad Popular para minimizar su programa y, sobre todo, para resguardar el aparato estatal burgués y básicamente las Fuerzas Armadas, con el objetivo de mantener en lo esencial las relaciones de producción capitalista, la estructura y la superestructura del régimen burgués.
LA CONSPIRACION DE LOS «MOMIOS»
Inmediatamente después de conocidos los resultados oficiales de las elecciones, se hizo evidente que la burguesía tenía ya resuelto de antemano desconocer el triunfo de Salvador Allende. las alternativas escogidas para el desconocimiento de la victoria político-electoral de los trabajadores fueron tres: el golpe de Estado, la elección de Jorge Alessandri en el Congreso Pleno y una segunda elección presidencial en caso de renuncia de Alessandri.
Durante los tres primeros días que siguieron al 4 de septiembre pareció que la burguesía se inclinaba por la primera alternativa; las declaraciones del Comando alessandrista, especialmente la emitida por el ex-ministro Ortúzar el domingo 6, las movilizaciones de la burguesía y de la pequeña-burguesía «fascistizante» que prácticamente se apoderaron de las calles del Barrio Alto y sectores céntricos de la capital, fueron un síntoma de que la burguesía parecía haber optado por el golpe de Estado.
Sus tentativas no debieron prosperar ya que, sin abandonar esta posibilidad, comenzó a inclinarse a partir del 8 de septiembre por la variante de la elección de Alessandri en el Congreso Pleno y, en caso de renuncia de éste, por una segunda elección presidencial, con el fin de aparentar una salida «relativamente constitucional» a la crisis. Cualquiera que fuese la táctica, se hizo evidente que la burguesía estaba dispuesta al enfrentamiento social.
La burguesía, especialmente a través de sus medios de comunicación de masas, comienza entonces a buscar una base de sustentación social a su política de desconocimiento del triunfo popular, rastreando en los sectores de la pequeño- burguesía.
En un mito fabricado por los historiadores y sociólogos al servicio de la ideologización burguesa del pueblo chileno, que toda la clase media sea «democrática». Existe un sector muy numeroso de la antigua clase media, o pequeño-burguesía, integrada por comerciantes, dueños de talleres artesanales, de vehículos de la locomoción colectiva particular, medianos e inclusive pequeños propietarios de la tierra, pequeño-burguesía semi-urbana de los pueblos y ciudades medianas, etc., que tiene una tendencia «fascistizante» que se expresa en sus aspiraciones a tener un gobierno fuerte que imponga su autoridad a los desórdenes estudiantiles y a las huelgas de los «rotos» que conducen al país al «caos económico y social». En la moderna clase media estas tendencias son menos manifiestas, pero se reflejan en los profesionales acomodados, en los altos empleados de las industrias y del comercio, en los jefes de la administración pública y, en general, en aquellos estratos medios cuyo ideal está forjado por una pseudo-sociedad de consumo, a la que defienden en busca de prestigio y de status social.
Conscientes de que este numeroso sector era caldo de cultivo para consolidar una base de sustentación social, los medios de comunicación de masa de la burguesía centraron su propaganda en captar sus inquietudes. El diario «El Mercurio» publicó el 13 de septiembre un editorial titulado «Garantías insuficientes» en el que manifestaba: «se menciona la casa propia, pero queda en el vacío el destino que correrán los propietarios que poseen más de una propiedad, caso en que se encuentren miles de pequeños rentistas y jubilados que habitan una vivienda y arriendan otra para subsistir. En cuanto a los vehículos puede haber quien posea dos o más, como en el caso concreto de los empresarios dueños de camiones o camionetas que los sectores medios analicen en su significado y alcance exacto las garantías que se les ofrecen. En un editorial del mismo día, «El Diario Ilustrado» trataba de sembrar el pánico en los dueños del comercio detallista.
En una conferencia de prensa realizada el 14 de septiembre, el general (R) Héctor Martínez Amaro, acompañado de dirigentes del Partido Popular Nacionalista, Comandos Populares, Unión Popular Alessandrista, Comando de Trabajadores y Pobladores Alessandristas, hizo un llamado a los «independientes para crear un vasto movimiento de unidad, de extracción popular y de clase media», (El Mercurio, 15-IX-70).
El movimiento fascistizante tendiente a ganar base de sustentación social en la pequeña burguesía ha sido canalizado por la agrupación «Patria y Libertad», liderada por el abogadillo Pablo Rodríguez Grez, quien para cazar incautos ha puesto énfasis en que es un «hombre modesto, que no es abogado de los latifundistas ni de los monopolios sino que su deseo es servir a las clases medias y populares». Esta nueva espada «civil» de los golpistas, dijo en la concentración realizada el 24 de septiembre en el Estadio Chile: «Yo quiero agradecer a quienes han hecho posible este acto, a las imprentas que gratuitamente nos regalaron los volantes que hoy día surcan el cielo de Santiago llamando a la libertad y a la democracia. Quiero agradecerles a los pilotos que cruzaron el cielo de Chile llamando a esta concentración … Les voy a contestar aquí, ante ustedes, ante el pueblo auténticamente chileno que reclama su libertad y que está dispuesto a defenderla, incluso con su propia vida … No pasarán ¡no pueden pasar!… Llamo al resto de los democratascristianos a incorporarse en esta cruzada democrática. Nosotros tenemos un puesto junto a nosotros… ¡La democracia no se va a defender con contratos, con garantías ni con prendas… mantendremos la libertad cualesquiera sean los riesgos que sobre nosotros pasen! … Este proceso electoral terminará pese a quien pese y pase, con el triunfo de la democracia y a libertad… Para nosotros, la angustia de la derrota electoral se transformó en fervor de lucha y este fervor de lucha lo llevaremos hasta las últimas consecuencias… Los que piensan que llevamos a Chile a una guerra civil es porque tienen temor de ejercer los derechos que nos da el sistema democrático y porque tienen miedo y son cobardes de ejercer las libertades … Si quieren la guerra civil, aquí nos encontrarán de pie… Les advertimos que restableceremos el orden en Chile …»(reproducido por «El Mercurio», p. 24, 15-IX-70).
El general Viaux, que detrás de sus apariencia profesionalizante esconde una real ambición de poder, no ha estado ausente de estas maniobras; se sabe que ha enviado a sus partidarios vestidos de civil a los barrios en busca de base de sustentación social para sus planes golpistas. El 16 de septiembre, reiteró una vez más que «la patria no se negocia ni se transa» y que está dispuesto a servirla al frente de «mis compañeros de armas».
La posición pro-golpista se irá precisando, si el movimiento popular no logra detenerla mediante una activa defensa del triunfo popular, a medida que se acerque el 24 de octubre, día del Congreso Pleno, porque a la Derecha se leva cerrando el camino de una segunda vuelta presidencial, en el caso de que la DC resuelva consagrar con sus votos parlamentarios como presidente a Salvador Allende.
En este último caso, no hay que descartar la posibilidad de que la burguesía y el imperialismo traten de sobornar a los parlamentarios de centro para la votación del Congreso Pleno. No sería la primera vez que ha intentado realizarlo en la historia de Chile. Varios autores han comprobado que la época de Balmaceda, sectores de la burguesía, aliados con el imperialismo inglés, por intermedio de Thomas North, el «rey del salitre», sobornaron a numerosos parlamentarios, logrando una mayoría que no sólo saboteó las medidas del presidente en el Congreso, sino que se alió a quienes desencadenaron la guerra civil de 1891, que terminó con la derrota y suicidio de Balmaceda. Ahora, la votación del Congreso Pleno el próximo 24 de octubre puede arrojar sorpresas. Es sabido que el voto es secreto y que ya se ha ofrecido a varios parlamentarios cifras que fluctúan entre quinientos mil y un millón de dólares por votar contra Salvador Allende. En los bastidores de la burguesía quizá se está preparando el gran soborno político del siglo XX.
Otro de los puntos de ataque de la burguesía, para abonar su conspiración, es acusar a la Unidad Popular de inconstitucional por haber proclamado ya presidente electo a Salvador Allende , antes de que el Congreso Pleno se pronuncie. La derecha, que desde el 5 de septiembre está tratando de cuestionar la «constitucionalidad», resulta ahora una ferviente defensora de la misma, para justificar un intento golpista en «defensa de la legalidad». Tampoco ésta va a ser una maniobra inédita en nuestra historia. El golpe contra Balmaceda -no contrarrevolución porque nunca hubo revolución- fue hecho en nombre de la restauración de la constitucionalidad que supuestamente habría violado el Ejecutivo.
«El Mercurio» del 13 de septiembre, en su página editorial afirmaba: «la propaganda marxista está forzando el marco de la legalidad cuando procura por todos los medios que el poder supremo se transfiera de hechos a un candidato aún no proclamado». Esta línea había sido ya planteada el día anterior por el comando alessandrista en una declaración, firmada por Enrique Ortúzar, en la que se sostenía en el punto 5: «no puede el candidato de la Unidad Popular atribuirse la calidad de Presidente Electo pues ello lo coloca al margen de la Constitución» (El Diario Ilustrado, 13-IX-70). Otro de los jefes de la Derecha, Ernesto Pinto Lagarrigue, manifestó por cadena de emisoras el 14 de septiembre: «Son por lo tanto inaceptables las categóricas declaraciones que ahora hace el señor Allende colocándose al margen de la Constitución y son extraordinariamente graves las amenazas de que su pretendido triunfo será defendido por el pueblo, revelándose así abiertamente en contra de nuestro régimen institucional… La insólita pretensión del senador Allende, quien con una representación precaria y una ventaja ínfima aún no confirmada pretende abrogarse la calidad de Presidente Electo, marginándose así abiertamente de la Constitución». El gerente de Cemento Melón, terminó su discurso haciendo un llamado abierto a la sedición: «chilenas y chilenos: los demócratas amantes de la libertad no estamos vencidos. Todo lo contrario, representamos el 70 por ciento de la ciudadanía y tenemos la obligación de preservar la democracia para que nuestros descendientes no puedan enrostrarnos mañana el no haber sabido defenderla». (Reproducido «in extenso» por «El Mercurio», 15-IX-70). El mismo «leitmotiv» fue esgrimido por el pequeño aspirante a Fuhrer criollo, Pablo Rodríguez Grez, en una entrevista realizada por un redactor del diario «la Segunda», el 15 de septiembre : «se nos acusa de ser golpistas y sediciosos. Yo quiero preguntar quién es golpista y sedicioso. Si lo es o no quien sobrepasa la constituciñón política del Estado dando por concluido un proceso en plena realización; quien se proclama Presidente Electo en circunstancias que el Congreso Pleno no ha dictaminado aún; quien, por último, llama a la subversión al país si no es reconocido por el Parlamento».
En otro intento de ampliar la base de sustentación social para consolidar la conspiración, dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad católica, hicieron una declaración publicada el 14 de septiembre llamando a los jóvenes católicos «a despertar su conciencia religiosa y a pedir a Dios -con fe y profunda- que su Providencia interceda para salvar a Chile del Marxismo. Con fines señalados , FEUC invitará a la ciudadanía a realizar actos cívicos y religiosos dentro de los próximos días. Siendo la única Federación Universitaria no controlada por el marxismo, FEUC cree su deber el ofrecer hoy al país un liderato juvenil que alcance con su voz y con su acción a todos los sectores nacionales … El marxismo está al borde de adueñarse del país … Cuando está a punto de sucumbir lo fundamental, cuando es la patria misma la que está en peligro, con todos los valores morales, espirituales y humanos de su Historia, nadie puede permanecer ajeno a asumir su responsabilidad personal y colectiva». El manifiesto de los estudiantes católicos pro- fascistas, émulos del falangista Primo de Rivera, antesala de la guerra civil y de la dictadura militar franquista, termina con un llamado «a librar la gran batalla cívica y moral que habrá de evitar que se consume la traición de que Chile sea entregado L Marxismo, en contra incluso de la verdadera voluntad del pueblo de nuestra Nación. Mientras esta lucha sea probable, no escatimaremos esfuerzos, sacrificios no riesgos, cualquiera que éstos fueren, porque es la Patria misma la que está en juego».
Para llevar adelante sus planes, la burguesía cuenta no sólo con su poderío económico, sus influencias sociales y sus lazos con algunos sectores del Ejército, sino también con la debilidad de la dirección del reformismo que no está preparando en forma activa la defensa del triunfo popular. Mientras los dirigentes reformistas están enfrascados en sus negociaciones con la DC, la reacción podría anotarse avances sorpresivos.
Es inquietante ver la tranquilidad con que numerosos sectores allendistas de la población, especialmente los estratos medios, observan el desarrollo de los acontecimientos. La mayoría, que no ha tomado conciencia de los planes de la burguesía, piensa que la Derecha se ha resignado a su derrota y que en Chile continuará respetándose el derecho de la primera mayoría electoral. Esta actitud, peligrosamente confiada, refleja en qué grado la clase dominante y, en cierta medida el reformismo, han ideologizado al pueblo acerca de la tradición «democrática y constitucionalista de nuestro país, de sus partidos burgueses y de sus Fuerzas Armadas. Esta actitud es menos manifiesta en el proletariado, al que hemos visto mostrar una mayor desconfianza de clase y una oposición más alerta en la eventualidad de que se desconozca el triunfo popular. Sin embargo,, esta desconfianza no se ha traducido aún en formas orgánicas que permitan una preparación eficiente y activa para la conspiración en marcha de la burguesía.
Una manifestación evidente de estos planes es el boicot económico, que forma parte de la clásica técnica del complot por las clases dominantes de otros países.
Desde el 5 de septiembre, la burguesía ha comenzado una campaña sistemática tendiente a crear una apariencia de «caos económico». Algunas empresas, entre ellas la General Motors, han notificado a sus proveedores la suspensión de sus contratos. Otras, han paralizado sus proyectos ya iniciados con anterioridad al 4 de septiembre. ha habido un retiro apreciable de bonos CAR y de las cuentas de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos. En la Bolsa y los Bancos se ha tratado se sembrar el pánico. El dólar ha subido en la bolsa negra a precios sin precedentes. El grupo de «Los Pirañas», dirigido por los Claro, ha suspendido el pago por el banco Hipotecario de sus intereses a los depositantes. En ciertas casas comerciales, no se reciben pagos en cheques. Cemento Melón, empresas de la cual es alto ejecutivo Ernesto Pinto Lagarrigue, jefe del alessandrismo, suprimió la venta a crédito a los fabricantes de baldosas. Los distribuidores de carne, como Tattersall, intentaron exigir el pago al contado de la carne en vara. En varias empresas han comenzado, aunque no masivamente aún, a despedir a empleados y obreros.
A mediados de septiembre, la «opinión pública» creyó que la Derecha había desistido de su campaña alarmista y de sabotaje a la economía del país. Pero, posteriores informes, entre ellos el de la Sociedad de Fomento Fabril, demostraron que la burguesía continuaba con sus planes tendientes a sembrar el pánico, ya que ponía énfasis en que la producción industrial no sólo había bajado en su tasa de crecimiento sino que descendía bruscamente en cifras absolutas, especialmente en las industrias llamadas «dinámicas», es decir, bienes de capital y productos de consumo durable: televisores, refrigeradores, electrónica, automóviles, etc.
El informe económico, presentado al gobierno por Andrés Zaldívar, Ministro de Hacienda, y dado a la publicidad el 23 de septiembre, echó toneladas de carbón a la caldera del pánico al presentar, bajo una apariencia objetiva, cifras y hechos que, si bien pueden tener alguna base real, están cargados de apreciaciones subjetivas que responden a una intención política del gobierno de Frei que, que hecho, aparece coludido con la Derecha en los planes alarmistas sobre la situación económica y sus perspectivas. Por la importancia de este informe, que ha sido considerado como un terremoto político por los periodistas, reproducimos sus puntos más sobresalientes:
«Con posterioridad al acto eleccionario, el comportamiento de la economía ha cambiado radicalmente, creándose una situación que altera de manera completa y generalizada la marcha de los diferentes sectores económicos… El primer impacto se reflejó esencialmente en una violenta presión ejercida por depositantes y ahorrantes para retirar sus recursos y mantenerlos en forma de dinero. Obviamente, el efecto de esta conducta se reflejó en los problemas generados en las cajas de los Bancos y de los sistemas de Ahorro y, en último término, sobre las disponibilidades de billetes. Siendo este último elemento un producto que debe ser fabricado y manejado por la vía de stocks adecuados a las fluctuaciones de su demanda, se tuvo especial cuidado en resolver los problemas técnicos que generan su fabricación y distribución. La magnitud del efecto producido se refleja en las siguientes cifras:
«a) En el mes de septiembre, hasta el día 14 el nivel de depósitos en moneda corriente en los bancos cayó en alrededor de 920 millones de escudos.
b) En el sistema de Ahorro y Préstamos se han producido, entre el 7 y el 17 de septiembre, retiro de Valores Hipotecarios Reajustables comprometidos a 30 día, de depósitos de Ahorros y de Bonos de la Caja Central, por un total que bordea los 340 millones de escudos. El respaldo otorgado por el Banco Central para paliar la primera de las situaciones descritas, ha significado una entrega de 780 millones de escudos en billetes por distintos conceptos hasta el 17 de septiembre. De esta cifra, el sistema bancario recibió en Santiago Eo 688 millones, cifra superior en 300% a la entrega promedio mensual en los 7 primeros meses del año. La Caja de los Bancos pudo así mantener sus niveles formales de funcionamiento, puesto que el impacto lo recibió el Banco Central, el que redujo sus reservas de billetes desde aproximadamente Eo 8000 millones a mediados de agosto, a sólo Eo 220 millones al 17 de septiembre…
«Es importante destacar, en relación con el impacto inicial, las medidas tomadas en el área cambiaria para impedir una fuga masiva de capitales. En esta materia se suspendió la aprobación de cuotas adicionales de viaje y se derogó el acuerdo que permitía el pago anticipado de deudas generadas en importaciones con cobertura diferida. Además, se instruyó a los bancos para enviar en consulta al Banco Central toda solicitud de compra de divisas por devolución de aportes de capitales.
«por otra parte, la corriente de ingresos de capitales se detuvo bruscamente y no muestra síntomas de recuperación… «Mientras se producía la situación descrita anteriormente, se registraba además una discriminación brusca de la demanda, especialmente de bienes durables … el público en general ha orientado sus compras hacia aquellos bienes de consumo impostergables.
«Otro factor que introdujo una severa perturbación en las ventas fue el cambio que se produjo en las modalidades de pago. La primera reacción de las industrias y de las firmas distribuidoras fue eliminar los plazos otorgados a su clientela… «El proceso descrito anteriormente, se ha reflejado, en primer lugar, en una venta de los stocks, en una reducción sustancial de los pedidos a los fabricantes y, en algunos casos, en la suspensión de órdenes ya colocadas para entrega futura…
«Ciertas empresas han procedido a suspender sus planes de expansión y aun a paralizar algunos que están en marcha… los rubros textiles, vestuarios y calzados han sufrido disminuciones de ventas que oscilan alrededor del 30% al nivel de la industria. Las ventas de bienes durables, como son los artículos para el hogar, los televisores, radios y muebles, se han reducido en porcentajes que fluctúan entre el 50 y el 80%, según el rubro. El caso de la industria automotriz es aun más crítico, ya que frente a ventas del orden de los 650 vehículos semanales en el mes de agosto, éstas se redujeron a menos de 180 vehículos semanales. Esta industria tiene especial importancia por el efecto en cadena que produce sobre sus proveedores de piezas y partes, constituidos por numerosos empresarios medianos y pequeños que, en conjunto con las industrias terminales, ocupan cerca de 15.000 personas.
«Con posterioridad al 4 de septiembre, se ha visto seriamente afectada la construcción de viviendas financiadas por el sector privado, que representa alrededor del 60% de la inversión de este sector y que ocupa directamente más de 40.000 personas…
«Por último, las industrias cuya producción está ligada a los planes de expansión de las empresas privadas, han visto reducidas las órdenes de compra y anulados algunos pedidos, lo que tiene un efecto más inmediato en las maestranzas que en algunos casos han anunciado su próxima paralización …
«Al mismo tiempo, el no pago de deudas va en crecimiento registrándose una disminución en las recuperaciones de los Bancos. En el caso del Banco del Estado, la cifra normal de recuperaciones, base mensual, que era de 150 a 160 millones de escudos, ha bajado a una cifra de 80 a 90 escudos…
«El financiamiento necesario para los próximos tres meses no podrá provenir de mayores impuestos y, por los tanto, el único camino sería recurrir al sistema monetario, el cual, por sus propias aflicciones, debería hacer uso de la emisión inorgánica, en términos de la magnitud que amenazaría las bases mismas de la economía».
En la parte final de las conclusiones, el informe del Ministro de Hacienda señala: «Además de la emergencia originada por el retiro de dinero, el problema más serio que enfrenta la política económica de corto plazo es la disminución de las inversiones, la contracción de la demanda y el cambio de su estructura, con el consiguiente incremento de la cesantía… Para que las medidas fiscales y crediticias surtan algún efecto significativo se debería recurrir a la emisión inorgánica de dinero en cantidades de tal magnitud, que son incompatibles con un manejo responsable de la economía. Si se procediera de esta manera se estarían creando las condiciones para que se desate en el país un proceso inflacionario de consecuencias imprevisibles sobre todo el sistema económico».
El anuncio intencionalmente alarmista de Zaldívar -no por casualidad destacado en la primera plana por la prensa burguesa- en orden a encargar a Inglaterra la impresión de billetes con el pretexto de que los talleres estatales especializados para tal efecto no daban abasto, evidenciaba la finalidad política perseguida por el gobierno de Frei al dar a conocer la situación de un problema clave como lo es la economía de un país.
Con el fin de contrarrestar esta nueva versión de la «campaña del terror», algunos dirigentes del movimiento popular han señalado que la situación económica, después de los momentos críticos de las segunda semana de septiembre, ha vuelto a la normalidad. A nuestro juicio, es un error ignorar que algunas de las cifras de Zaldívar tienen un cierto fundamento real y corresponden en parte al boicot burgués desatado desde el 5 de septiembre. La Federación Nacional Textil denunció en un ampliado realizado el 23 de septiembre que los monopolios Yarur, Said y Sumar estaban boicoteando el abastecimiento de materias primas y de que las fábricas Ananías, Monarch, Deik y otras han rebajado la jornada de trabajo y suprimido las horas extraordinarias. («El Siglo», 25-IX-70).
El informe económico que comentamos estaba inequívocamente destinado a recrear en un nivel el pánico fomentado por la burguesía y el imperialismo desde los primeros días que sucedieron al triunfo político electoral de los trabajadores. Además de presentar un análisis falso sobre el estado de la economía antes del 4 de septiembre con el objetivo de fabricar una imagen final favorable del agónico gobierno democristiano, el informe pretende establecer que la actual crisis es producto del resultado de las elecciones presidenciales y de que si la economía se ha deteriorado a tal grado antes de que asuma Salvador Allende, el futuro de los trabajadores y de la clase media en cuanto a conseguir ocupación y estabilidad en el trabajo será incierto. El gobierno democratacristiano, que tuvo buen cuidado en no señalar a los verdaderos responsables del boicot económico, ha alentado de manera no muy disimulada los planes burgueses tendientes a sembrar el pánico para justificar sus planes de desconocimiento del triunfo popular.
«El Mercurio» prontamente aprovechó la jugada del gobierno para seguir su sistemática campaña de buscar base de sustentación social en la pequeña burguesía. En su editorial del 25 de septiembre titulado «Inquietante situación económica» sostenía: «La opinión pública advierte ahora que en pocos días el pánico ha destruido una prosperidad que parecía avanzar con firmeza, en tanto que el empleo de medidas como las que aconseja la Unidad Popular sería capaz de acelerar la inflación a velocidades imprevisibles, aniquilando capitales que han tardado muchos años en formarse. En esta situación de emergencia, que en breve tendrá efectos dramáticos para muchos miles de hogares, la política sigue desenvolviéndose como si estuviéramos en plena normalidad. Muchos de nuestros hombres públicos parecen no advertir que el pánico es también una forma de expresión democrática, pues él constituye la modalidad con riesgos que estima inherentes a una solución marxista. Mientras se habla de garantías para la subsistencia de la democracia empieza a apreciarse que el problema básico es de la subsistencia de la economía misma del país, gravemente amenazada por un cambio se sistema que se orienta hacia el aniquilamiento de la propiedad de los particulares sobre los bienes de producción. Debe insistirse en que ese pánico está muy lejos de coincidir con la defensa de monopolios o de otros privilegios de una minoría. Muy por el contrario, es un grupo numeroso de chilenos y tal vez el más dinámico de la población, en este momento, de su depósito de ahorro, de su vivienda o de su empresa mediana o pequeña. La impresión de que con el gobierno de la Unidad Popular no se da comienzo a un programa realista de reformas profundas sino que empieza un proceso revolucionario cuya dinámica puede bien escapar de manos de sus iniciadores, es lo que paraliza el ánimo de los chilenos y detiene sus decisiones económicas. Vive pues el país una situación de emergencia cuyo carácter dramático fluye claramente de la exposición del señor Ministro de Hacienda. La opinión pública -dice finalmente «El Mercurio»-, ha experimentado la sorpresa de que la República está en riesgo de deslizarse por vías legalistas hacia el comunismo; ahora recibe una nueva sorpresa: también está Chile en riesgo de deslizarse en completo orden hacia una catástrofe económica». De este modo. continuaba hasta fines de septiembre la conspiración encubierta o desembozada de la burguesía y el imperialismo.
LAS NUEVAS TABLAS DE LA LEY
En el análisis que hicimos en el capítulo II sobre el significado de la candidatura demócrata-cristiana, demostramos que el objetivo básico de Tomic era restar el máximo de votos populares a Salvador Allende. Después del 4 de septiembre, la DC no conforme con la derrota de su gran Catapilco, que según un comentarista fue más que cura, ha pretendido constituirse en el árbitro político de la situación nacional, depositaria absoluta de la constitucionalidad y partido «elegido» para salvar a la democracia chilena, lenguaje magnificado que esconde detrás de su apariencia desinteresadamente patriótica, una vez más, la esencia burguesa de la política de los dirigentes democristianos que tiende a salvaguardar los intereses de la clase dominante y de los nuevos planes del imperialismo yanqui.
Para cumplir su nueva praxis política, la DC no sólo chantajea a la Unidad Popular con sus decisivos 75 votos parlamentarios, sino con el control de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Los dirigentes de la DC, por encima de numerosas de sus bases populares y especialmente de los sindicatos campesinos cristianos que han reconocido públicamente el triunfo de Allende, han tenido la soberbia -defecto repudiado por el auténtico y prístino cristianismo de la época imperial romana- de constituirse en el juez que impone condiciones, y eventuales penas no confesadas, a la candidatura triunfante con el apoyo de la amplia mayoría de los trabajadores chilenos.
Ya todo el país conoce los puntos que la DC ha presentado el 24 de septiembre a la UP como exigencia para otorgar los votos parlamentarios que de acuerdo a la constitución burguesa necesita Salvador Allende para ser proclamado Presidente en el Congreso Pleno. En este nuevo decálogo figura un punto clave. Se trata de la exigencia acerca de mantener la actual jerarquía de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El llamado «estatuto de las Garantías» establece en el punto pertinente: «Nos interesa que las Fuerzas Armadas y El Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de nuestra convivencia democrática. Esto exige que se respeten las estructuras orgánicas y Jerarquías de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado a su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilicen las tareas de participación que se les asignen en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas, ni comprometer sus presupuestos, ni se creen organizaciones armadas paralelas a las Fuerzas Armadas y Carabineros». Esto significa que la DC pretende seguir manteniendo el control, aun bajo el gobierno de Allende, de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que ha logrado consolidar después del «tacnazo». Esta «rebelión» de apariencia profesionalizante del general Viaux el año pasado, fue, a nuestro juicio, alentada y abortada por el gobierno de Frei para depuara los altos mandos de las Fuerzas Armadas y convertirlos políticamente en adictos a la Democracia Cristiana.
Los dirigentes de la DC, agentes ideológicos y político-prácticos de los intereses generales de la burguesía y de los nuevos planes del imperialismo yanqui, consciente de que la mejor garantía para salvaguardar el régimen capitalista chileno es mantener en su integridad el aparato estatal burgués y su baluarte: las Fuerzas Armadas. Los dirigentes de la DC, herederos de la «sabiduría» secular del jesuitismo, saben que el gobierno de la Unidad Popular no podrá iniciar la construcción del socialismo, si se mantiene intacta la maquinaria del Estado burgués y, repetimos una vez más, su bastión: las Fuerzas Armadas. Más aun, la DC sabe que las Fuerzas Armadas serán una espada de Dámocles para el gobierno de Allende cuando éste pretenda tomar aun sólo medidas democrático-burguesas avanzadas, como la profundización de la reforma agraria, la reforma bancaria, la estatización del comercio exterior y la nacionalización de las empresas extranjeras, incluyendo en éstas no sólo a las del cobre sino también a las industrias intermedia y dinámica.
¿Debe entenderse esta nueva manifestación de la esencia burguesa de la DC, expresada en su enfática preocupación por la integridad de las Fuerzas Armadas, como una declaración inconfesada de que ella -de la DC- depende dar el visto bueno al estallido o no de un golpe de Estado en Chile?
En un artículo publicado en «Las Noticias de Ultima Hora» del 24 de septiembre, Clodomiro Almeyda denuncia algunos aspectos de la maniobra de la DC al escribir: «El introducir al vocabulario político el inusitado concepto «autonomía» de las Fuerzas Armadas y el colocar en un mismo plano este concepto con el de la autonomía universitaria, como si fueran ideas análogas, encierra -para decir lo menos- una peligrosa confusión conceptual y teórica de inesquivables consecuencias políticas…Las Fuerzas Armadas por definición no son autónomas en el sentido en que lo son las universidades. Es de la esencia de la institución militar, el estar ligada al Poder Ejecutivo, vale decir, a la autoridad superior del Estado, por el vínculo de la obediencia».
Otro punto básico de las nuevas «Tablas de la Ley», elaboradas en el Sinaí de Alameda con sapiencia burguesa por los ideólogos de la DC, tan alejados del espiritualismo del legendario Moisés, es aquel que se refiere al nuevo mandamiento que prohibe cualquier intervención de «otros órganos de hecho, que actúan en nombre de un supuesto poder popular». Los nuevos «jueces», redivivos menguadamente en los actuales dirigentes de la DC, tienen indudablemente una alta conciencia de clase al servicio de los intereses de la burguesía al darse cuenta que allí, precisamente, en el desarrollo de esos órganos de poder obrero-campesino está la clave para el derrocamiento de la burguesía y de su aparato estatal y la real posibilidad para que Chile evolucione hacia el socialismo.
El resto de las exigencias de la DC se refieren a resguardar la prensa burguesa, insistiendo en la «inexpropiabilidad» de los medios de comunicación de masas; a un intento de deprimir la importancia del Ejecutivo, en beneficio de un parlamento que será controlado por una mayoría de la DC y el P. Nacional; al mantenimiento de los colegios particulares donde se educa la alta burguesía y los hijos de la pequeña burguesía arribista; al statu-quo en el sistema educacional burgués e inclusive en los textos de enseñanza para seguir ideologizando y mistificando a nuestra juventud con los valores de la sociedad capitalista occidental-cristiana.
Las exigencias de la DC tienden a acelerar una transacción con la Unidad Popular que garantice un gobierno moderado que no afecte sensiblemente el régimen capitalista y que, al ser un gobierno más, con oposición tolerada, permita a la DC capitalizar en seis años los errores de esa administración, y constituirse, luego de haber recogido los restos náufragos del P.N., en la única alternativa burguesa para las elecciones presidenciales de 1976 o antes, «si Dios quiere». Luis Maira, escribió con su seudónimo de «Castor» en «El Clarín» a la semana siguiente a las elecciones: que el PDC con «el apoyo de sectores populares y medios que en la reciente campaña fueron engañados por la Derecha y llevados a actuar en contra de sus propios intereses, será siempre una alternativa de poder». Este plan de la DC de capitalizar los votos obtenidos por Alessandri se ratifica en la declaración de Benjamín Prado, presidente de la DC, el 11 de septiembre: «la DC constituye la única fuerza política democrática capaz de oponer su solidez ideológica y el respaldo de sus bases, convirtiéndose en el más firme baluarte defensor de la libertad y de las garantías individuales».
Con la presentación de su decálogo ultimatista, la DC, por encima de su apariencia democrática, ha demostrado una más la esencia de su praxis política burguesa. Adorada en 1958 y 1964 del derecho de los ciudadanos y de la tradición chilena de consagrar presidente al elegido con la primera mayoría, y portaestandarte del bien común -que se supone debe alcanzar también a los trabajadores allendistas- hoy la DC quema el incienso de la democracia burguesa para discriminar con criterio elitista, como San Pedro, quién debe entrar o no al reino presidencial.
La dirigencia DC -al parecer poseedora de la verdad absoluta burguesa- dictamina a través de su «Estatuto de las Garantías» qué es democracia y quiénes son demócratas, quiénes son libertarios y quiénes no. ¡Loado sea Dios! Los nuevos pontífices de la democracia -una veintena de dirigentes democristianos- se arrogan el derecho de representar la opinión de los diez millones de chilenos. Parece ser una forma anti-democrática de defender la democracia. Es una actitud verdaderamente totalitaria de quienes han pretendido erigirse en abanderados del anti-totalitarismo. No por casualidad «el decano de la democracia», «El Mercurio», implora a la DC que salve a Chile del «totalitarismo comunista», aunque para ello haya que emplear el totalitarismo fascista. En realidad, estos poseedores de la falsa conciencia de la libertad son capaces de luchar hasta las últimas consecuencias por ella, aunque tengan que recurrir a una conspiración antidemocrática y fascistizante.
Los flamantes cruzados de la fe democrática, cual nuevos soldados disciplinados de la orden de Ignacio de Loyola, pretenden tener la última palabra de la política chilena. Están absolutamente persuadidos de que de sus santas manos depende conceder la bienaventuranza para que Salvador Allende cruce sano y salvo el umbral de la Moneda el 4 de noviembre. Pero se equivocan, señores dirigentes de la DC. La clave de la situación política de Chile no son ustedes. Son los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes. La historia no la fabrican ni amañan las élites, aunque a veces logran deformar momentáneamente los procesos de cambio. Si los trabajadores chilenos se preparan, previa toma de conciencia de los planes de los reaccionarios, harán saltar en mil pedazos la política bifronte de la burguesía, expresada, por un lado, por la cara descubierta, pero no por eso menos peligrosa, de la Democracia Cristiana.
DE aquí al 4 de noviembre, la Derecha, antes y después del Congreso Pleno del 24 de octubre, intentará por todos los medios desconocer el triunfo de Salvador Allende. Pero, como aún no tiene el control de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, puede dar un salto al vacío. Paralelamente, continuará con sus provocaciones, como la ejecutada por miembros de la Democracia Radical disfrazados de Brigada Obrero Campesina (BOC), auto-asaltos pre-fabricados a bancos y empresas comerciales, sabotajes y boicot económico, desfiles callejeros para provocar enfrentamientos, sobornos y chantajes, y mil y una formas de la clásica técnica del complot fascistizante. Sólo la movilización combatiente de los trabajadores podrá parar la conspiración burguesa.
IV
CARACTERIZACION DE LA ETAPA ACTUAL Y PERSPECTIVAS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Con la victoria de la Unidad Popular, los trabajadores han obtenido un importante triunfo político-electoral. Al proceso general de izquierdización de las masas, expresadas en el respaldo a Salvador Allende, hay que sumar un considerable sector de obreros, pobladores y, sobre todo, campesinos que votaron por Tomic, no por su esencia reformista burguesa sino por su apariencia populista y su programa demagógico.
El triunfo político-electoral de los trabajadores no significa Revolución Social. La propiedad privada de los medios de producción sigue en manos de los capitalistas; el aparato burgués y su baluarte las Fuerzas Armadas permanecen intactos. Revolución Social es derrocamiento de la clase dominante y reemplazo del sistema capitalista por un régimen de transición al socialismo. Revolución Social significa un salto cualitativo de la democracia burguesa a la democracia proletaria, fundamentada en los órganos de poder obrero-campesinos.
Chile ha entrado en una etapa pre-revolucionaria caracterizada por un ascenso de las masas trabajadoras, una agudización de la lucha de clases que hace altamente explosiva la situación, una polarización creciente de clases que acelera el enfrentamiento social. El cuestionamiento del triunfo de Allende por la burguesía inmediatamente después del 4 de septiembre, muestra una tendencia al agotamiento de la democracia burguesa, con características similares a las planteadas por Engels en el siglo pasado con ocasión de la reacción burguesa europea ante los avances político- electorales de los partidos socialdemócratas alemán y francés.
La especificidad chilena se manifiesta en la decisión burguesa de desconocer el triunfo del candidato popular Salvador Allende, así como la «Rosca» boliviana desconoció la victoria de Paz Estenssoro en las elecciones presidenciales de 1951 lo que condujo a la Revolución Boliviana de 1952.
Esta actitud de la burguesía acelera el enfrentamiento social antes y/o después del 4 de noviembre. Si la burguesía no logra imponer la segunda vuelta presidencial en el Congreso Pleno del 24 de octubre y dar el golpe antes del 4 de noviembre, preparará más pacientemente las condiciones y la base de sustentación social para darlo cuando el gobierno de Allende experimente un relativo desgaste político.
Si la Derecha desiste de sus planes golpistas se deberá a dos factores básicos: a la combatividad de los trabajadores que harán imposible el triunfo de cualquier golpe pro-imperialista o a que el gobierno de la U.P. no afecte sensiblemente sus intereses y se limite sólo a nacionalizar ciertas empresas, a ampliar la Reforma Agraria y realizar otras tareas democrático-burguesas y reformistas.
¿Qué formas podría adquirir el enfrentamiento social? Al principio se manifestará de manera encubierta a través del boicot y sabotaje burgués a la economía del país, de la fuga de capitales y de una menor inversión que signifique de hecho un aumento de la cesantía y desocupación, de una campaña sistemática de denuncias falsas acerca de preocupaciones políticas, sociales y religiosas, de auto-atentados y provocaciones montadas por la CIA, en fin, de una serie de hechos que tenderán a abonar para el golpe de Estado.
Chile no es como otros países latinoamericanos en que los militares lanzan el golpe de Estado sin mayores consideraciones acerca de si cuentan o no con el apoyo social suficiente. En Chile, la propia tradición «democrática» se vuelve, en cierta forma, y de manera dialéctica, contra la clase dominante cuando ésta se ha decidido, como ahora, por una posición que tiende al agotamiento de la democracia burguesa, cuyo principio es el desconocimiento del triunfo de Allende y cuyo fin es la preparación de un golpe de Estado si no logra avances sensibles en sus otros planes y negociaciones. Para desencadenar un golpe de Estado en Chile se necesita una preparación previa de las condiciones objetivas y, fundamentalmente, de una base de sustentación social poderosa que respalde masivamente «el golpe restaurador de la democracia y la libertad».
Esta forma de enfrentamiento social será definitoria porque la burguesía se jugará el todo por el todo. Si las masas populares logran derrotar el golpe burgués en una confrontación armada puede abrirse un proceso revolucionario de carácter permanente que conduzca con rapidez hacia el socialismo. Si el golpe es mediatizado y neutralizado por otras fuerzas del centro-burgués reformista puede abrirse una «impasse» política y diluirse el proceso. Si el golpe triunfa, el actual proceso será cortado de raíz, como en el Brasil de Goulart o en la Guatemala de Arbenz, y las masas trabajadoras y sus organizaciones sindicales y política, serán aplastadas, perseguidas y puestas «fuera de la ley» burguesas, en cuyo caso a la izquierda revolucionaria le corresponderá, junto a otras fuerzas de la base comunista, socialista, mapucista y allendista, abrir la lucha armada, rural y urbana, irregular y prolongada; y popular porque estará legitimada ante millones de chilenos, como en China, Vietnam, Cuba y Corea.
El enfrentamiento puede conducir también a diferentes variantes de guerra civil: 1) Una guerra de corte similar a la de 1891, en que un sector pro-imperialista de las fuerzas armadas se rebela contra el gobierno, se apodera de varias provincias y avanza sobre la capital, dando lugar a un tipo de guerra regular y convencional. 2) Puede asimismo iniciarse con un choque entre sectores de las fuerzas armadas, seguido de una insurrección popular, como en la Revolución Boliviana de 1952. 3) Una insurrección popular, de carácter aparentemente espontáneo, como el febrero ruso de 1917, puede también producirse rebasando a la dirección reformista, si ésta no se juega en la defensa del triunfo popular. 4) Podría darse un proceso de características similares a la Revolución Española en los años 1934-36, que desemboque en una guerra civil en caso de que en Chile surja una versión del franquismo, que puede ser derrotada si el proletariado chileno, superando rápidamente a la dirección reformista, es capaz de darse una conducción revolucionaria mejor que la española.
El enfrentamiento de clases en Chile puede tomar otras variantes imprevistas. Sólo hemos querido visualizar algunas, no por mero afán especulativo, sino porque nuestro análisis de la situación actual nos conduce a la conclusión de que en Chile estamos en los umbrales de un enfrentamiento violento entre las clases antes y después del 4 de noviembre.
Este enfrentamiento está condicionado, en gran medida, por la situación internacional y latinoamericana.
LA SITUACION INTERNACIONAL
El triunfo de Salvador Allende se da en una coyuntura internacional excepcionalmente favorable; en un período en que el deterioro de la situación económica y la agudización de los conflictos sociales y raciales en la metrópolis imperialista, ha obligado a la administración Nixon ha optar, momentáneamente, por una alternativa de menor profundización de las guerras zonales.
Según un informe económico de fecha 25 de agosto de 1969 titulado Sombrías perspectivas de la economía imperialista internacional, publicado por la revista Quatrieme Internacionale, No 40 el «boom» o auge económico de los últimos ocho años, el de mayor duración de la economía norteamericana, habría terminado en 1969. La política de deflación a que concurrieron los gobernantes republicanos de los EE.UU para yugular la inflación, ha terminado estrangulando al «boom» mismo, dando paso a una probable recesión de la economía norteamericana. Si la recesión no se precisa aún es porque algunas fuerzas continúan jugando en dirección opuesta, como el aumento de las exportaciones, relativa estabilización en el mercado monetario, afluencia de capitales europeos «flotantes» debido al elevadísimo tipo de interés que se ha producido en los Estados Unidos.
El gobierno Nixon podría desistir de su política deflacionista si juzgara que las tensiones sociales y políticas provocadas por la recesión en el proletariado fueran graves para el capitalismo, en una situación en que la guerra de Vietnam continúa, el movimiento contra la guerra se amplifica, la radicalización de los negros prosigue al igual que la agitación en los medios estudiantiles. Si el gobierno Nixon quiere impedir la amenazante recesión económica tendrá que moderar su política anti-inflacionista, pero este viraje, a su vez, no hará más que agravar considerablemente la crisis que atraviesa el sistema monetario internacional (dólar-oro y probable emisión de papel-moneda-internacional). En Alemania Occidental, Francia e Inglaterra, ya son claros los síntomas de término del «boom» económico. Una recesión conjunta de la economía americana y alemana colocaría a la economía capitalista internacional ante la coyuntura más desfavorable conocida desde la II guerra mundial. De hecho, salvo quizá Japón, todas las potencias imperialistas corren el peligro de verse arrastradas por la recesión. Esta no dejará de tener graves efectos en los precios de las materias primas de los países semicoloniales, cuya capacidad de compra en las metrópolis se vería seriamente afectada. Por primera vez después de muchas décadas la gran mayoría de ,os países imperialistas se hallaría amenazada de entrar conjuntamente en el torbellino de la recesión. Los expertos del Mercado Común se afanan multiplicando sus advertencias para que se concierte una política «coyuntural común» en el seno de los organismos que agrupan a las potencias capitalistas. Por otra parte, mientras más se empeore la situación económica internacional, más se quebrantará la solidaridad y la cooperación de los imperialistas, más se exacerbará la competencia internacional y mucho más se mostrará en cada potencia su tendencia su tendencia a la aplicación de remedios monetarios y comerciales que corresponden más a las necesidades de sus propios intereses que a las necesidades generales del sistema capitalista mundial. La causa profunda de la actual situación de la economía capitalista internacional no se debe básicamente al factor monetario, sino a las contradicciones fundamentales del régimen capitalista, contradicciones que no puede resolver ni siquiera en los períodos de gran expansión. Aunque la recesión generalizada no se produjera, la situación que la presente coyuntura capitalista no hará más que acentuar todas las tendencias de la burguesía y la inevitable resistencia que opondrán los trabajadores.
Hasta aquí el informe de la Cuarta Internacional sobre la situación económica mundial. Habría que agregar que, hace un mes, un economista norteamericano anunció para el segundo semestre del año 1970, un pequeño mojaramiento de la situación dentro del desmejoramiento general de la economía norteamericana.
Mi opinión personal sobre la situación internacional es que la tendencia momentánea del imperialismo yanqui a negociar mientras acumula fuerzas para una nueva ofensiva de guerra, se expresa en algunas tentativas aparentes de conciliación, mientras por otra parte continúa la guerra de Vietnam y el conflicto del Medio Oriente. La política de negociaciones se realiza a un alto nivel y en beneficio de los intereses del imperialismo yanqui y de la burocracia soviética. En el tablero internacional será negociada como moneda de cambio, una vez más, la revolución colonial y, en primer lugar, el movimiento guerrillero palestino que ha alterado el statu-quo, rebasando a la burguesía árabe y los planes de coexistencia pacífica de Rusia. Ante el peligro de que se propague por todo el Medio Oriente y los países árabes de Africa la lucha armada por el socialismo, lo más probable es que se unan transitoriamente en un frente único contra este enemigo común, el imperialismo yanqui, la burocracia soviética, la burguesía árabe y la burguesía israelí, para liquidar el movimiento guerrillero palestino dirigido por el Arafat y, fundamentalmente, orientado por su ala de izquierda revolucionaria comandada por Ben Habasch, en un proceso de lucha de clases cuyas características esenciales habíamos ya visualizado en nuestro folleto La cuestión judía, el sionismo y el mundo árabe, Stgo., 1967.
Consciente que el actual curso de las negociaciones internacionales puede redundar en su perjuicio directo, China prefiere cubrirse las espaldas reabriendo una ventana a sus relaciones con Rusia en torno al problema de las fronteras, mientras se presenta una coyuntura más favorable para extender el movimiento guerrillero del sudeste asiático.
Fidel Castro, en conocimiento de las negociaciones entre grandes potencias, se da cuenta de que Cuba, peón en el tablero internacional, puede ser canjeado por otro peón. Sin embargo, ahora no se trataría de una invasión tipo playa Girón o Bahía Cochinos, sino un intento de desplazar, mediante presiones internacionales e internas, al equipo de dirección de Fidel. Al líder cubano no le quedan sino dos caminos para evitar el estrangulamiento de la Revolución Socialista: extender la revolución a nuevos campos de lucha en Latinoamérica y profundizar el proceso de revolución permanente en la propia Cuba. Esta es quizá la explicación del nuevo salto cualitativo experimentado por la Revolución Cubana, después de los discursos de Fidel del 26 de julio y del 23 de agosto de 1970 a la asamblea de mujeres, en los que planteó claramente la decisión del gobierno cubano de alentar la creación de «organismos colectivos de base», especie de Consejos Obreros o variante de Soviet, en un intento de eliminar el embrión burocrático denunciado por el propio Fidel, ampliando la democracia proletaria y el poder de decisión de la base de los trabajadores cubanos. Si este nuevo curso de la Revolución Cubana, que pone en primer plano las mejores tradiciones de la Revolución Rusa del período de los Soviet, se lleva adelante con la misma decisión que ha mostrado siempre el equipo de Fidel, tendrá repercusiones trascendentales sobre el proletariado de los países «socialistas», acelerando el proceso de Revolución Política y anti-burocrática contra la élite que en Rusia y las «democracias populares» del este de Europa ha expropiado el poder político a los trabajadores.
Enfrentada a este nuevo curso de la Revolución Cubana, que pone en peligro real la existencia misma de la burocracia rusa, ésta puede intentar el desplazamiento del equipo de Fidel Castro, bloqueándolo de tal manera que precipite su renuncia. En tal circunstancia, el proletariado cubano y latinoamericano dirá la palabra final.
LA POLITICA DEL IMPERIALISMO YANQUI PARA AMERICA LATINA Y EL PAPEL DE LOS MILITARES
Para poder entender cuál será la línea que aplicará el imperialismo yanqui en la actual coyuntura chilena, es necesario investigar el tipo de política que está llevando actualmente para América latina el Departamento de estado norteamericano. Esta no es tarea fácil porque la administración Nixon, si bien mantiene su estrategia de colonización de América Latina, no ha definido claramente su táctica. Esta «indefinición» o «impasse», podría ser reflejo del actual deterioro de la situación económica y de los conflictos sociales al interior de la metrópoli, que conducen al Departamento de Estado yanqui a un compás de espera mientras acumula fuerzas y gana tiempo para una nueva ofensiva.
En busca de una hipótesis de trabajo, nos podríamos preguntar: la política de la administración Nixon para América Latina ¿es de tipo «kennedyana»? Parece que no, porque la actual situación económica no le permite recrear una nueva «Alianza para el Progreso». Las declaraciones de Nixon en el sentido de que cada país latinoamericano debe apoyarse en «sus propias fuerzas» constituye una forma de manifestar que Estados Unidos no está por ahora en condiciones de facilitar ayuda en el monto suministrado en años anteriores. Estas declaraciones de Nixon formuladas poco tiempo después de asumir el gobierno, han sido ratificadas recientemente en sus proposiciones al Congreso norteamericano sobre el programa de ayuda externa presentado el 15 de septiembre del año en curso. Si la política concreta de la administración Nixon para América Latina no es «kennedyana» ¿será entonces «johnsoniana»? Esta variante tampoco aparece clara, por lo menos en la forma de manifestarse la esencia, ya que Nixon no se ha decidido, como lo hizo Johnson, a alentar indiscriminadamente golpes militares gorilas tipo Brasil, Argentina, Centroamérica, etc.
Si la política de Nixon no es «kenedyana» ni «johnsoniana» ¿qué es? La hipótesis de trabajo que hemos diseñado consiste en esencialmente en los siguiente: la administración Nixon, y con mayor precisión el Departamento de Estado y el Pentágono, han planteado una política para América Latina que aceptaría formalmente la apariencia de diversas manifestaciones exteriores de gobiernos que podrían ir de la «democracia representativa» a Juntas Militares «a la peruana», incluyendo también a dictaduras gorilas y gobiernos reformistas burgueses, siempre y cuando cualesquiera de estas formas de gobierno garanticen el carácter del Estado, de sus instituciones y, fundamentalmente, del Ejército burgués. En sus declaraciones, Nixon ha enfatizado que aspira a evitar la presencia e intervención de los Estados Unidos en los países latinoamericanos. ¿Quiere decir esto que el imperialismo yanqui dejará realmente de intervenir en nuestro continente? Es obvio que no. Su política, tendiente a garantizar el cumplimiento de su plan de colonización sin una aparente intervención, consiste básicamente en le control total y absoluto de las Fuerzas Armadas de cada país latinoamericano. No se trata ya del tradicional control de lustros anteriores no sólo del entrenamiento de los militares latinoamericanos en Panamá, sino también de un control ideológico y político de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El imperialismo yanqui logrando este apoyo incondicional en la medida que proporciona una base material y económica a los militares, dándoles las condiciones para que se transformen en gerentes de industrias y otras empresas, sin perder su status profesionalizante. Esto podría quizá explicar el actual proceso peruano y ayudar a entender el significado de la Reforma Agraria, la nacionalización de la IPC y sobre todo la reforma del complejo industrial, planteada por la Junta Militar de Velasco Alvarado, en un intento aparentemente «progresista» de aplicación de la política económica pro-imperialista denominada «desarrollismo».
El nuevo plan yanqui sobre el papel de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, le permitiría a la metrópoli asegurar el éxito de la anti-subversión contra las guerrillas rural y urbana y, básicamente, contra cualquier insurrección popular armada que ponga en peligro los intereses económicos y políticos norteamericanos en «su patio trasero». Las Fuerzas Armadas de cada una d estas naciones, ideologizadas pertinente por el Departamento de Estado y el Pentágono, le garantizarían al imperialismo el control cotidiano de cualquier forma de gobierno burgués que adopten los países latinoamericanos, determinando en qué casos corresponde apoyar a la «democracia representativa» o tolerar a gobiernos reformistas y cuándo será necesario dar el golpe de Estado que bien puede ser de tipo gorila o «a la peruana» de Velasco Alvarado o «a la boliviana» de Ovando. Los militares serían, asimismo, la mejor garantía para el cumplimiento de la política económica llamada «desarrollismo», apareciendo no como meros «gorilas» reacccionarios y defensores de la oligarquía terrateniente, como en el pasado, sino como hombres «sensibles al problema social» e impulsados por el «progreso industrial» y de la «modernización» de nuestro continente. Se sabe que este desarrollo industrial, especialmente de la industria intermedia y dinámica, acelera nuestra dependencia y redunda en beneficio del capital financiero extranjero, que precisamente invierte en esta rama de la producción industrial en mayor medida que en las materias primas básicas, cuya nacionalización está dispuesto a tolerar siempre y cuando se le garantice el desplazamiento de su inversión a las masas fundamentales de la industria latinoamericana.
En el programa de reforma de la ayuda exterior presentado por Nixon el 15 de septiembre de 1970 al Congreso norteamericano, se establece: «El principal objetivo del programa será ayudar a los demás países para que asuman la responsabilidad de su propia defensa» (cable de AFP, «El Mercurio», 16-IX). Propone la creación de un programa de asistencia a la Seguridad Internacional, sustituyendo la AID por dos instituciones «americanas para el desarrollo internacional», y promete levantar todas las restricciones que subsisten alas inversiones de capital norteamericano privado en los países «en vías de desarrollo».
En otra parte de su mensaje al Congreso, Nixon dijo: «El mundo cambió radicalmente. Al final de los años 60, se estimaba generalmente que nuestro programa no tomó en cuenta los citados cambios y que, por lo tanto, perdía eficacia. Ese sentimiento se reflejó en un decreciente volumen de los créditos de ayuda. La solución no es suprimir la ayuda al extranjero o reducirla más aun. La solución consiste en reformar nuestro programa de asistencia y asumir nuestra parte apara satisfacer las necesidades de los años setenta».
Los cambios en el programa de ayuda externa que propone Nixon están relacionados con las transformaciones operadas en los Estados Unidos en cuanto al papel de las Fuerzas Armadas, como reflejo del desarrollo del capital monopolístico mundial. El senador J. W. Fulbright, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, manifestaba el 13 de diciembre de 1967: «Hoy destacaré la creciente militarización de la economía y de las universidades … el complejo militar-industrial no es el producto de una conspiración sino que es inevitable resultado de un poderoso establecimiento militar permanente … Este ha dado nacimiento a una vasta industria privada ligada a las fuerzas armadas por el lazo natural de intereses comunes… el complejo militar-industrial se ha convertido en una fuerza política mayoritaria porque generales, industriales, comerciantes, políticos, etc., se le han unido y es una poderosa fuerza nueva para la perpetuación de acciones militares extranjeras, para la introducción y la ampliación de costosos sistemas de armamentos y, como resultado, para la militarización de grandes porciones de nuestra sociedad… las universidades debieron haber formado un efectivo contrapeso al complejo militar-industrial reforzando su dedicación a los valores tradicionales de nuestra democracia, pero muchas de nuestras más importantes universidades, en vez de hacer eso, se han unido al monolito, añadiéndole en gran medida poder e influencia… la honestidad académica (en los Estados Unidos es – termina Fulbright- producto de mercado similar a una caja de detergente».
Esta intervención del senado norteamericano es citada por Juan Bosch en El pentagonismo, sustituto del imperialismo, p. 4 y siguiente, Ed. Siglo XXI, México, 1968, donde el ex presidente de la República Dominicana, derrocado por un golpe pro-imperialista, expone su tesis de que los militares norteamericanos han logrado un control decisivo no sólo en el gobierno sino una gran influencia en sectores burgueses y pequeño burgueses por el radio de acción de la industria de guerra, tendencia que se ha acentuado en los últimos años de la administración Johnson y principios de la de Nixon. Bosch sostiene: «el pentagonismo no está formado sólo por militares. El pentagonismo es un núcleo de poder que tiene por espina dorsal la organización militar, pero que no es exclusivamente eso. en el pentagonismo figuran financieros, industriales, comerciantes, escritores, periodistas, agentes de propaganda, políticos, religiosos, científicos, profesores… El pentagonismo tiene un plan: mantenerse en guerra en algún lugar del mundo a fin de sostener el actual poderío militar y ampliarlo en la medida que sea posible; en suma, asegurarse el mercado militar a través de la guerra permanente».
Las conclusiones que saca Bosch para América latina de estas apreciaciones sobre el monstruo imperialista, son demasiado burdas -y por encima de las clases- por cuanto sostiene que en los países de nuestro continente existe un «pentagonismo indígena y por tanto subdesarrollado». esto en parte es efectivo, pero estimamos que existen matices importantes en cuanto al papel de los militares en América Latina. No por casualidad, el Departamento de Estado yanqui ha estado estudiando desde hace una década las especificidades de estos ejércitos. Hans Spieier, presidente del Consejo de Investigaciones de la Corporación Rand, de U.S.A., señalaba a principios de la década del 60: «La ciencia social moderna no hizo esfuerzos serios y sostenidos para estudiar comparativamente el papel de los militares en los países subdesarrollados; nos falta una tipología de los soldados… a fin de proporcionar un foro para el intercambio de información e ideas sobre el militarismo, la Corporación Rand auspició una conferencia llevada a cabo en Santa Mónica en agosto de 1959″ (en el libro de E. Shils, E. Lieuwen y otros: Los militares y los países en desarrollo», p. 15, E. Pleamar, Bs. As., 1967). La revista cubana «Pensamiento Crítico» ha publicado alguno de estos trabajos militares norteamericanos, llamando la atención de que mientras los investigadores burgueses se preocupaban de un tema decisivo en función de la política inmediata del imperialismo, los marxistas siguen descuidando el estudio del problema del Estado y sus instituciones, especialmente el Ejército.
La política económica del imperialismo yanqui para los países semicoloniales denominada «desarrollismo», encontró en América Latina en el reformismo burgués de la DC chilena y venezolana y de otras formaciones de centro de México, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, relativamente adecuada expresión política. Pero, en otros países, como Argentina, Brasil y probablemente con otros matices en Perú, encontró respuesta eficiente en los altos mandos del Ejército.
En el último lustro, el papel de los militares latinoamericanos ha experimentado importantes transformaciones. Los ejércitos de nuestro continente ya no sólo se preparan para la anti-guerrilla y toda otra forma de anti-subversión, sino que bajo el pretexto de enfrentar el problema social, se han lanzado a ejercer el poder político para realizar una política económica expresada en el «progreso industrial» y la «modernización», partes indisolubles del programa «desarrollista». El profesor de Geopolítica de la Universidad de El Salvador – Argentina, Tcnl. Venancio Carullo, sostiene: «Dado que la esencia del quehacer del militar, de lo militar, hace la seguridad, y ésta no sólo implica contener o rechazar presiones, amenazas o agresiones de hecho, sino hacer posible el logro de los objetivos de la política nacional, si éstos se vinculan al progreso, a la evolución y al cambio -que es el desarrollo- hemos penetrado en el sector en que la esencia de lo militar , le papel de los militares, trasciende de la seguridad al desarrollo… El rol de las fuerzas armadas en cuanto «gobierno» depende de que ellas se sienten depositarias, partícipes o generadoras de la política nacional, en los cual cabe una gama de posiciones intermedias, cuestión importante para interpretar su presencia como fuerza política en el estado…Los oficiales de las fuerzas armadas, política y profesionalmente más ilustrados, respecto a las ataduras t relaciones entre los objetivos de la política nacional, las resoluciones de la estrategia y la seguridad con el desarrollo nacional, toman conciencia y se dan cuenta de la necesidad de cambios substanciales en sus propias sociedades… Es evidente que afines del siglo XX, en esta época, las fuerzas armadas de muchos países como el nuestro, no se encuentran en las categorías y situaciones de fuerzas revolucionarias de nación emergente, ni salvando al país de caer en el régimen comunista. Es más aceptable que en esos casos las fuerzas armadas estén actuando como modernizadoras, encauzantes e intérpretes de las aspiraciones y demandas de las corrientes sociales y nacionales propias de cada país… Si el progreso es una exigencia en los países subdesarrollados, para asegurar la democracia, parecería de buena política realizar el progreso por un curso de acción más simple y directo, que evite la revolución incruenta…ello es mejor que la «contrarrevolución», la que no sólo demora el progreso, sino que participa de todo lo malo de la revolución incruenta, señalando el camino como el medio de asegurar el afianzamiento de las instituciones, la forma de evitar el retraso o la instauración de la ilegitimidad y los extremismos… resulta innegable la opinión que dejan traslucir los autores, al considerar como una posibilidad de canalizar la ayuda económica a través de las relaciones con los ejércitos de los países en desarrollo teniendo en cuenta el rol de los mismos y por su influencia en una mayor estabilidad…El desarrollo y la democracia exigen requisitos culturales y sociales y una élite doctrinaria, política, militar e intelectual, con fuerza de carácter, inteligencia y altas cualidades, capaz de construir una hegemonía directora del proceso nacional…De ahí que en los países en desarrollo los pensadores militares, que son sus estrategas, y detrás de éstos sus ejércitos influido, bregan también por salir del subdesarrollo…Las fuerzas armadas, instrumento de la gran política, se consustancial con la comunidad y bajo la exigencia de los cambios económico-sociales, se deben aprestar para modernizarse al filo del nuevo siglo que llega» (Olivos, Argentina, julio de 1967, prólogo al libro citado «Los militares y los países en desarrollo, p. 7 y siguientes).
La tesis del escritor John J. Johnson (Militares y Sociedad en América Latina, Ed. Solar/Hachette, Bs. As., 1966), de José Nun (La crisis hegemónica y el golpe militar de clase media) y de Alain Joxe (Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile, ED. Universitaria, Santiago, 1970), son equivocadas en lo esencial, aunque tienen aspectos parciales correctos, porque parten de un supuesto falso: que los militares de América Latina reflejan la irrupción de la clase media en la política y su participación en el poder; los militares representarían, de acuerdo a esa tesis, los intereses generales de los estratos medios. Por ahora no vamos a insistir en el análisis sociológico -hecho por otros autores marxistas- de que la pequeña burguesía no tiene una alternativa histórica propia, sino que es una clase péndulo entre le proletariado y la burguesía, aunque tenga innegables intereses específicos inmediatos. Sólo indicaremos en relación al tema que analizamos que el nuevo papel de los militares en América Latina no es en representación de la clase media , sino como agentes directos de nuestra burguesía dependiente y, fundamentalmente, de los nuevos planes del imperialismo yanqui expresados en su política «desarrollista».
LAS FUERZAS ARMADAS CHILENAS
Este largo recorrido -que hemos tenido que hacer porque la economía es mundial, la política es mundial y también la revolución es mundial- nos llevó de los particular y concreto -la actual coyuntura política de Chile- a lo general y más abstracto -la situación mundial- se nos plantea ahora la necesidad de retomar de lo abstracto a un concreto más enriquecido por el análisis. Este concreto es el papel que juegan las Fuerzas Armadas en Chile y, en particular, el por qué del énfasis puesto por la Democracia Cristiana en su «Estatuto de las Garantías» presentado a la Unidad Popular, sobre el destino de las Fuerzas Armadas y el aparato estatal burgués.
Nuestra hipótesis de trabajo consiste en que el imperialismo yanqui había logrado penetrar e influenciar poderosamente en las Fuerzas Armadas y en el Cuerpo de Carabineros de Chile, pero no había podido, hasta un par de años atrás aproximadamente, generar una conducción política idónea en los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El ejército chileno -sin entrar a considerar su historia nacional, su participación política en la década de 1820-30, en las revoluciones de 1851 y 1859, y en el golpe de 1891, en el siglo XIX; su influencia alemana a fines de ese siglo y principios del actual, su intervención en los golpes militares de 1924 y 1925 y en los de la década de 1930-40, y posteriormente el desarrollo de los «Pumas» y de la «Línea Recta» en los años 50- ha sido fuertemente influenciado por el imperialismo yanqui a partir del Pacto de Ayuda Militar, firmado en 1952. Los militares chilenos, al igual que miles de otros latinoamericanos, comenzaron a asistir, especialmente después de la Revolución Cubana, a los cursos de entrenamiento anti-subversivo dictados por la «Escuela Militar de las Américas», establecida por el Pentágono en Fort Gulick, en la colonia yanqui de Panamá.
Según Alain Joxe, Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile, Ed. Universitaria, Stgo., 1970, «Chile aparece como uno de los principales beneficiarios del programa de entrenamiento militar dado por Estados Unidos. Entre 1950 y 1965 se entrenaron en ese país 2.064 militares chilenos y 549 fuera de Estados Unidos» (p. 101). Chile es, después de Brasil, el país que más ayuda militar ha recibido a título de donaciones: de 1950 a 1965 la cantidad de 66.100.000 dólares: además, de 1960 a 1966 recibió 22.900.000 dólares en material por concepto de ayuda y equipo excedente. «Las fuerzas armadas chilenas -sigue el mismo autor- han sido importantes por su presupuesto y continúan siendo importantes por sus efectivos en relación con el número de habitantes, si se les compara con los demás ejércitos latinoamericanos… No puede dudarse de la importancia política de las fuerzas armadas, aunque no actúen directamente en la vida política…Han tenido derecho a un tratamiento privilegiado por parte de Estados Unidos, porque ese tratamiento parece estar de acuerdo con la importancia política latente que puede atribuírseles, como factor de estabilidad social y política…A veces no necesitan, como en Chile, dar el golpe. Basta que la institución militar recuerde periódicamente su existencia, lo que practica sin salir de la rutina…El poder civil del presidente, sea militar o no, descansa sobre el recuerdo al ejército y el recuerdo periódico del posible papel de ese ejército en los choques de intereses entre clases superiores y clases medias por un lado, y entre clases medias y clase baja por otro. El «civilismo» de los militares chilenos encuentra, de este modo, su contrapeso en le «militarismo civil», y mucho más importante de lo que parece a primera vista» (páginas 110 a 112)… El problema radica -sigue Joxe- 1) en definir la tradición de apoliticismo como elemento de la «ideología de las clases dirigentes» y 2) en definir la no intervención actual del ejército como una participación latente y permanente en el juego político, y no como una simple abstención» (p.41).
Los conceptos citados demuestran que este francés, aunque conoce poco de la historia de Chile, es un observador muy agudo. Nosotros agregaríamos que la ideologización de la clase dominante en torno al «espíritu democrático y constitucional» de las Fuerzas Armadas, ha inficionado al reformismo que también hace creer que el Ejército es un juez imparcial en la lucha de clases. Algunos personeros de izquierda, «ruborizados» ante la crítica de los marxistas revolucionarios, argumentan que sus elogios a las Fuerzas Armadas son por altas razones de táctica política, para no afectar la epidermis militar. La verdad es que esta orientación no sólo consolida la campaña masiva de ideologización de la burguesía acerca del «ejemplar no intervencionismo de os militares chilenos, excepción feliz en América Latina», sino que lo que es más grave y casi suicida, desarma al proletariado, le hace bajar la guardia ante el enemigo de clase y su aparato estatal burgués, pareciendo ignorar las experiencias trágicas de Brasil, Guatemala, Irán y, sobre todo, la Indonesia de Sukarno.
A pesar de la penetración enunciada anteriormente, el imperialismo yanqui no había logrado crear hasta hace pocos años una conducción política eficaz en las Fuerzas Armadas chilenas. Por eso, tuvo que recurrir a una élite demócrata- cristiana, no a todo el PDC, como el mejor representante de su actual política «desarrollista», para que hiciera de puente entre el Departamento de Estado y los altos mandos de las Fuerzas Armadas; y no sólo de puente sino de orientadores teóricos para preparar políticamente a los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, capacitándolos en economía, sociología, geopolítica, historia del movimiento obrero y de la lucha de clases en Chile. El «tacnazo» de octubre del año pasado, alentado y abortado por el gobierno de Frei, sirvió para depurar los altos mandos del Ejército, eliminando aquellos oficiales que no eran de la confianza política de la élite DC y que no compartían o no comprendían en su real dimensión la «alta» política de la administración Nixon para América latina.
A partir del frustrado «tacnazo», una vez depuradas las filas, se ha ido consolidando una conducción política en las Fuerzas Armadas chilenas, cuya praxis es por el momento difícil de precisar, pero que no dudamos será decisiva en el curso de nuestra vida política nacional a corto plazo. Todo grupo marxista revolucionario que no tome en cuenta el nuevo papel que jugarán las Fuerzas Armadas, como parte de la actual táctica del imperialismo yanqui para América latina, será juguete de los acontecimientos, al no poder comprender el significado de cada paso de las Fuerzas Armadas y su relación con los políticos y el desarrollo económico y social.
Esta es la razón del énfasis que el P. Demócrata Cristiano ha puesto en una de sus exigencias presentadas a la U.P.; es la que se refiere a la obligación de mantener intacta la actual estructura y jerarquía de las Fuerzas Armadas, que hemos comentado en el capítulo anterior. Benjamín Prado, presidente del PDC, ha llegado a plantear la autonomía de las Fuerzas Armadas chilenas, equiparándola con la autonomía universitaria, opinión más que audaz que mereció una certera réplica del socialista Clodomiro Almeyda en las columnas del diario «Las Noticias de Ultima Hora», el 24 de septiembre último.
En este período que se ha abierto con el triunfo político-electoral de los trabajadores, es clave saber para poder actuar con una política revolucionaria, cuándo las Fuerzas Armadas decidirán intervenir. La intervención puede ser encubierta, mediante presiones y amenazas bajo cuerda a la U.P. en le momento en que ésta llegue a tomar medidas demasiado radicales y, finalmente, si esta táctica no prospera, vendrá la intervención desembozada que puede conducir al golpe de Estado y a una eventual guerra civil o apertura de la lucha armada. De ahí, que deberá constituir para los marxistas revolucionarios motivo de permanente atención precisar el momento en que la administración Nixon se decida a dar golpe pro-imperialista en Chile. Porque cuando lo resuelva ya tiene su brazo armado y político escogido para ejecutarlo.
Estos planes de la burguesía y del imperialismo pueden y deben ser desbaratados por la organización especializada y la movilización combatiente de los trabajadores chilenos. Para ello, contarán con el generoso internacionalismo proletario de sus hermanos de clase latinoamericanos que están en un proceso de ascenso en sus luchas urbanas y rurales.
V
EL PAPEL
DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
La mayoría de los grupos de izquierda revolucionaria chilena tardaron más de diez años en tomar conciencia de la nueva etapa que se abría en nuestro país con el triunfo político-electoral de los trabajadores. más aún, no se dieron cuenta de la real amenaza burguesa tendiente a desconocer el triunfo popular y, por consiguiente, se demoraron en diseñar la táctica y emprender las tareas inmediatas de agitación y acción contra los planes sediciosos de la burguesía. Este conservadurismo revolucionario condujo en los diez primeros días que siguieron al 4 de septiembre a un inmovilismo político, que se tradujo en la falta de un pronunciamiento político público ante el resultado de las elecciones presidenciales y sus repercusiones nacionales e internacionales. Hubo no sólo ausencia de pronunciamiento político sino algo más grave: faltó una praxis real ligada a la nueva situación política.
Creemos haber sido los primeros militantes de la izquierda revolucionaria en habernos pronunciado públicamente ante la nueva coyuntura política de Chile. Como prueba de este aserto, transcribimos un documento leído por el autor de estas líneas en la asamblea de la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC) realizada el 9 de septiembre en el Foro Universitario, y reproducida en parte por el diario «La Crónica» de Concepción. Nuestra declaración decía lo siguiente:
«SOLO LA MOVILIZACION COMBATIENTE DE LAS MASAS POPULARES PODRA DETENER EL COMPLOT DE LOS MOMIOS; A FORMAR COMITES CONTRA LA SEDICION IMPERIALISTA Y POR EL SOCIALISMO»
(Declaración pública de estudiantes y profesores marxistas de la Universidad de Concepción que reconocen el triunfo de Allende).
1.- Comenzamos esta declaración dejando claramente establecido que reconocemos el triunfo político-electoral de las fuerzas populares y consideramos desde ya a Salvador Allende como el Presidente de Chile.
Chile ha entrado en una etapa prerrevolucionaria, caracterizada por un cambio de la correlación de fuerzas entre las clases. Los trabajadores, con la victoria de Salvador Allende han obtenido un importante triunfo político-electoral. Al proceso de izquierdización, expresado en el respaldo de los trabajadores a Salvador Allende, hay que sumar un importante sector de obreros, pobladores y, sobre todo, campesinos que votaron por Tomic, no por su esencia centrista y de reformismo burgués, sino por su apariencia izquierdizante y su programa demagógico y populista.
El triunfo político-electoral no significa Revolución Social; la propiedad privada de los medios de producción está aún en manos de los capitalistas; el aparato estatal burgués y su baluarte el Ejército permanecen intactos y, fundamentalmente, no se ha instaurado un poder obrero-campesino. Revolución Social significa un salto cualitativo de la democracia burguesa a la democracia proletaria.
2.- Se ha iniciado un proceso prerrevolucionario que abre tres alternativas probables: a) puede ser cortado de raíz por un golpe militar proimperialista; b) puede ser canalizado hacia un curso de centro-izquierda, manteniéndose un gobierno reformista, que si es consecuente con su programa tendrá como espada de Dámocles permanente el golpe de Estado proimperialista, y c) puede desembocar en la Revolución Socialista, en un gobierno obrero-campesino, si los trabajadores son capaces de crear órganos de poder en el proceso de la lucha y el enfrentamiento social. De ahí al 4 de noviembre, la burguesía proimperialista intentará dar el golpe de estado y, paralelamente, si no está en condiciones de darlo, jugará la carta del Congreso Pleno y de la eventual segunda elección presidencial, con el fin de aparentar una salida «relativamente constitucional». Para esto, el alessandrismo provocará hechos políticos aparentemente caóticos ante los cuales podría dividirse la DC, uno de cuyos sectores votaría por Alessandri en el Congreso Pleno, el cual renunciaría y el Presidente del Senado debería llamar a una nueva elección. El Departamento de Estado norteamericano no ha reconocido aún el triunfo legítimo de Salvador Allende.
3.- Es aparentemente paradojal que la DC, perdedora de la elección, se haya convertido en el partido clave de la política de negociaciones. Su importancia radica no sólo porque tiene los votos parlamentarios decisivos para el Congreso Pleno, sino también porque controla un importante sector de las Fuerzas Armadas, con lo que negocia cualquier transacción. Un sector de la DC es puente de plata con la Unidad Popular prometiéndole jesuitamente que se mantengan tranquilos porque ellos garantizan sus votos en el Congreso Pleno y la promesa de que el Ejército no dará el golpe y que, por lo tanto, no hay que movilizar a los trabajadores porque pueden provocar una reacción alérgica de los militares. Paralelamente, el sector ultraderechista de la DC, coludido con el alessandrismo, juega al golpe o a la variante de una segunda elección.
4.- La perspectiva concreta del golpe de Estado o de una segunda elección, y la necesidad de prepararse ya, sin un minuto que perder, contra los planes derechistas, debe colocarse en el primer plano de la política nacional, aunque se trata de desviar la atención con llamados a la tradición «democrática» del Ejército burgués. Hay que a la movilización combatiente de obreros, campesinos, pobladores y estudiantes, sin temor a que esto pueda afectar a la epidermis militar. La burguesía proimperialista ejecutará sus planes sin considerar si el movimiento popular ha presentado su certificado de buena conducta o no. Sólo la movilización combatiente de las masas populares podrá detener el complot de los momios.
Si la burguesía no aplica sus planes de aquí al 4 de noviembre, no habremos perdido nada y habremos ganado mucho en preparación de las bases de trabajadores para la oportunidad en que una vez que asuma la presidencia Allende intenten dar otro golpe de Estado.
5.- La tarea principal d este período es organizar los Comités contra los momios y por el socialismo. Estos comités deben desarrollarse sobre la base de los comités de la Unidad Popular, donde están las masas politizadas, no integrándose con todos los que estén por la defensa del triunfo popular. NO podrá ser el mismo comité de la Unidad Popular de tipo electoral, sino con tareas de acuerdo a la nueva coyuntura política. No se trata de crear comités paralelos ni divisionistas.
6.- La izquierda revolucionaria debe considerar esta una tarea de Frente Unico Antiimperialista, en el que hace una alianza táctica con la Unidad Popular, dejando claramente establecido que mantiene su estrategia de lucha armada, única manera de derrocar a la burguesía e instaurar el gobierno obrero-campesino.
7.- Para llevar adelante estas tareas, creemos que es urgente la formación del Frente Revolucionario que debe plantearse no sólo acciones comunes, sino un pronto reagrupamiento de la izquierda revolucionaria sobre todo de los grupos que están más cercanos en sus posiciones tácticas y estratégicas.
Los mayores riesgos de la izquierda revolucionaria en esta coyuntura son caer en el oportunismo conciliador y capitulante que puede conducir a una desviación liquidacionista partidaria, en forma molecular, o caer en el sectarismo respecto del allendismo, lo que puede conducir a un aislamiento suicida.
El reagrupamiento de la izquierda revolucionaria en Frente Unico de carácter táctico con la Unidad Popular permitirá integrarse al proceso real de la lucha de las masas, impulsando en forma resuelta y con imaginación revolucionaria la lucha contra el complot de la burguesía y el imperialismo.
Con esta política de frente único no pretenderemos engañar a ningún compañero allendista. Seremos consecuentes, sin ningún sectarismo, en trabajar juntos con los compañeros de la Unidad Popular en la lucha contra el complot de la burguesía y el imperialismo. Pero al mismo tiempo, dejamos claramente establecido que no capitularemos ni un centímetro en nuestra estrategia de lucha armada.
¡TODOS UNIDOS A FORMAR COMITES CONTRA EL COMPLOT DE LOS MOMIOS! Concepción, septiembre 9 de 1970.
ESTUDIANTES Y PROFESORES MARXISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.
El 15 de septiembre sale una declaración pública del MIR y la Revista «Punto Final», en las cuales también se llama a los trabajadores a defender el triunfo popular y ano transar con la Democracia Cristiana. Sin embargo, se alientan algunas ilusiones acerca de la posibilidad de cumplir el programa de la Unidad Popular y de iniciar el camino de la construcción del socialismo, sin referirse concretamente a que esto es imposible si se mantiene el aparato estatal capitalista y, fundamentalmente, el Ejército burgués.
Un error de «Punto Final», aprovechado por un articulista de «El Siglo» para sacar partido para la línea de la vía pacífica, se deslizó en la siguiente frase: «los partidos de la vía pacífica sólo han demostrado -con apoyo de quienes discrepan- que una coalición de izquierda puede ganar una elección planteado como programa iniciar la construcción del socialismo. Tenían razón en el caso chileno(Sin embargo, esa posibilidad nunca fue puesta en duda por la izquierda revolucionaria) Si lo que se busca es un laurel teórico, concedido» (P.F., No 113, p. 5, 15 de septiembre de 1970).
Una de las primeras tareas que, paralelamente con la acción contra el complot de la burguesía, deben plantearse los grupos de la izquierda revolucionaria es el rearmamento teórico de sus militantes. Este rearmamento teórico pasa en estos instantes por el esclarecimiento de que no es efectivo que se haya confirmado la tesis de la vía pacífica al socialismo. En primer lugar, desde el mismo día del triunfo político-electoral de los trabajadores la vía pacífica quedó cuestionada por la burguesía al desconocer el triunfo de Allende y planear un golpe de Estado o una segunda vuelta presidencial. Al mismo tiempo, el sector burgués de la DC busca «garantías constitucionales» para la mantención del statu-quo y la «jibarización» del programa democrático-popular de la U.P. La burguesía está dispuesta -los acontecimientos dirán si es capaz de hacerlo de inmediato- al enfrentamiento social y al empleo de la vía violenta, que puede desembocar en una guerra civil, para impedir el acceso de Salvador Allende a La Moneda. Si la Unidad Popular sube el 4 de noviembre al gobierno, no podrá, a pesar de los deseos subjetivos de algunos, iniciar la construcción del socialismo, si se mantiene intacto el Ejército burgués y el aparato del capitalismo, con su sistema jurídico, parlamentario y administrativo. El inicio de la construcción del socialismo no significa sólo nacionalizar empresas extranjeras y profundizar una Reforma Agraria, que son tareas democrático-burguesas, sino terminar con la propiedad privada de los medios de producción, colectivizar la producción agraria e industrial, poner bajo administración obrera las fábricas y los fundos, y fundamentalmente, desarrollar los órganos del poder obrero-campesino, expresión concreta de la democracia proletaria. El camino al socialismo -al auténtico socialismo instaurado en la Rusia de Lenin y Trotsky, en la China, en Cuba, en Vietnam del Norte y Corea del Norte- sólo puede ser garantizado por un Ejército Revolucionario del pueblo, por el proletariado en armas.
Un triunfo político-electoral no significa la ratificación de la «vía pacífica» porque de los que se trata no es de ganar elecciones y gobiernos dentro del marco y las reglas del juego democrático-burgués sino de llegar al socialismo, de reemplazar el Estado capitalista por un Estado en transición al socialismo. No se trata de cambiar un gobierno de derecha o de centro por otro de izquierda, sino de cambiar el carácter del Estado, como producto de un desplazamiento de la clase dominante y de una revolución social que altere radicalmente la estructura económica y las relaciones de producción.
El PC sostiene la posibilidad de llegar al socialismo por la vía pacífica. Mientras no se instaure en Chile por esa vía, aunque la izquierda gane las elecciones, tenemos todo el derecho a reafirmar la tesis de los fundadores del marxismo en el sentido de que la única manera de llegar al socialismo es derrocando a la burguesía y a sus fuerzas represivas por la vía armada, por la revolución de los obreros y campesinos en armas.
Nuestra línea insurreccional está más vigente que nunca y se probará incontrovertiblemente ante la nueva coyuntura política de Chile. La izquierda revolucionaria tiene planteada como cuestión básica la adecuación de su estrategia insurreccional al momento presente. De su capacidad para descongelar rígidos esquemas y de aplicar con flexibilidad las diferentes formas de la lucha rural y urbana, no sólo de una élite sino de vastos sectores de obreros y campesinos, depende su operatividad ante las coyunturas políticas que se avecinan en Chile.
La izquierda revolucionaria debe estar preparada para cualquier contingencia de guerra civil, tipo 1891 bajo Balmaceda, que podría iniciar la burguesía que trata de arrebatarle el triunfo político-electoral a los trabajadores; o puede darse una variante similar a la Revolución Boliviana de 1952 que se inició con un enfrentamiento entre sectores de las fuerzas represivas y desembocó en una insurrección popular del proletariado fabril de La Paz y de los mineros y campesinos. La izquierda revolucionaria debe estar preparada para intervenir en una insurrección popular de apariencia «espontaneísta» de las masas que pueden rebasar a la dirección reformista si ésta no es capaz de defender en los hechos el triunfo popular. Quizá estemos en los umbrales de un febrero ruso de 1917; cabrá en ese caso a los revolucionarios llegar a Octubre. O quizá en Chile puede darse una variante Revolución Española de 1934-36 y una probable guerra civil, con un mejor resultado que la de nuestros hermanos de clase españoles.
En esta hora en que muchos procuran esconder la cabeza, amedrentados por el terrorismo ideológico que comienza a desatarse por quienes temen el verdadero camino al socialismo, la izquierda revolucionaria debe mostrar su presencia política a través de una línea concreta de acción junto a los trabajadores. Esta línea pasa en todos momentos por la defensa del triunfo popular.
La tarea inmediata de los revolucionarios chilenos es enfrentar junto a los trabajadores allendistas, la decisión burguesa de desconocer el triunfo popular. La línea fundamental de este instante es detener el golpe de Estado y/o evitar que la burguesía pueda consumar la variante de la segunda vuelta presidencial. Hay que demostrar con más decisión aun que la que hoy tiene la burguesía, que los trabajadores no se dejarán arrebatar el triunfo y no aceptarán por ninguna razón una segunda vuelta presidencial.
Como prueba de esta decisión irrevocable, en cada fábrica, fundo, escuela, sitio de trabajo, etc., los trabajadores deben realizar asambleas permanentes para preparar el Paro General acordado por la Central Unica de Trabajadores y hacerlo efectivo cuando se pretenda en los hechos arrebatar el triunfo de Allende. Los sindicatos tendrán que analizar cuidadosamente si conviene realizar esa huelga general con ocupación de fábricas, porque se corre el riesgo de quedar encerrados o cercados por las fuerzas represivas en los sitios de trabajo; en cambio, en las poblaciones y barrios obreros se tiene una mayor capacidad operativa.
En caso de cierre de fábricas por lock-out patronal, los trabajadores deben ejecutar las sugerencias hechas por el presidente electo de Chile en la concentración del domingo 11 de septiembre, en orden a hacerse cargo de los sitios de trabajos cuando los patrones hayan declarado el boicot o el sabotaje.
El día del Congreso Pleno, el 24 de octubre, los trabajadores concentrados en sus poblaciones y comunas deben realizar mitines y prepararse para el caso de que el parlamento burgués desconozca el triunfo de Allende. Ese día, y en lo posible antes, debe sesionar un Consejo Comunal de trabajadores que agrupe a los sindicatos, junta de vecinos y pobladores, centros de madres, etc., de la comuna para tomar medidas concretas en la defensa activa del triunfo popular.
Cada comité de defensa del triunfo, ya sea de la Unidad Popular o independiente de izquierda, debe constituirse en un embrión de poder local o comunal, en un consejo revolucionario comunal de defensa del triunfo popular. El grado del enfrentamiento de clases y la experiencia de las masas determinará la real evolución de los comités en órganos de poder; si esto no se produce en los hechos, sería un error forzar artificialmente, de manera voluntarista subjetiva, la dualidad de poderes. En esta etapa -más que nunca- hay que evitar el estridentismo y aventurerismo espectacular pequeñoburgués. Trabajo paciente de la vanguardia revolucionaria junto a los trabajadores, acompañándolos en su praxis cotidiana. Para evitar el riesgo del conservadurismo revolucionario, que hace quedar a la vanguardia a la zaga de los acontecimientos cuando el enfrentamiento social se agudiza, hay que plantear en el momento oportuno la creación de milicias populares a nivel nacional y el armamento universal del pueblo.
Los comités deben agitar, a nuestro juicio, tres consignas fundamentales: POR LA DEFENSA DEL TRIUNFO POPULAR, CONTRA EL COMPLOT DE LOS MOMIOS Y EL PODER OBRERO-CAMPESINO. Esta última consigna es de carácter propagandístico , por el momento, pero puede pasar al plano de la acción si los acontecimientos de la lucha de clases se agudizan. La consigna «contra el complot de los momios» debe concretarse cotidianamente, de acuerdo a las variaciones formales de la línea burguesa; en algunos instantes, podrá concretarse del siguiente modo: «A parar el golpe de Estado!; en otros, ¡NO a la segunda vuelta presidencial!
Para enfrentar los planes sediciosos de la burguesía , los comités tendrán que adquirir una educación política y una preparación especializada en la que los trabajadores alcancen los conocimientos mínimos para la lucha por la defensa activa de su triunfo electoral. Cada comité deberá tomar medidas de seguridad, para garantizar personalmente a los compañeros de base, y evitar que se filtre cualquier soplón al servicio de la burguesía y el imperialismo.
Los comités comunales deberán asimismo coordinar la solidaridad con los compañeros de los sindicatos en huelga, con los «sin casa» que luchan por su techo y con los campesinos que luchan por su tierra. Hay que denunciar cualquier intento de paralizar la lucha de clases, manifestada en huelgas y en tomas de terrenos, bajo el pretexto de que esto le hace el juego a los golpistas. Si los trabajadores son frenados en estos instantes en su lucha por reivindicaciones inmediatas, será una manera objetiva de frustrarlos y desarmarlos para el combate por la defensa de la victoria de Allende. Los comités locales de defensa del triunfo popular deben impulsar la lucha por las reivindicaciones de los sindicatos y pobladores de la comuna, sin establecer la distinción entre «patrones buenos y patrones malos», como algunos pretenden introducir. Por encima de todo, está la defensa incondicional de los intereses generales de clase de los explotadores. Un programa de transición, adaptado al momento presente, que abarque tanto reivindicaciones de salarios y vivienda como medidas contra el boicot y sabotaje patronal, debe ser levantado de inmediato por la izquierda revolucionaria junto con los comités de base del allendismo.
La izquierda revolucionaria debe integrarse al proceso real de las luchas de las masas, sin pretensiones en este momento de liderar el movimiento popular ni menos pretender la dirección hegemónica del actual proceso. Una acción conjunta al lado de los trabajadores es más importante que mil críticas verbales para acelerar la experiencia de las masas con su dirección reformista.
Los militantes de la izquierda revolucionaria tendrán que estar junto a los trabajadores más combativos en la primera fila del combate por la defensa del triunfo popular. Esta es su principal tarea de aquí al 4 de noviembre. La izquierda revolucionaria no puede caer en el inmovilismo político discutiendo ahora cuál será la política a seguir frente al gobierno de la Unidad Popular.
Nuestra tarea inmediata presente la concebimos como una operación de Frente Unico de la izquierda revolucionaria con los trabajadores allendistas. Es una alianza táctica con los comités de base de la Unidad Popular y de los independientes de izquierda para concretar acciones comunes concretas y específicas en defensa del triunfo de Salvador Allende. Los mayores riesgos de esta táctica son caer en el oportunismo conciliador con el reformismo o en el sectarismo respecto del movimiento de masas allendistas, lo que puede conducir a un aislamiento suicida en perjuicio real de la causa de los trabajadores .
Para cumplir estas tareas, los grupos de la Izquierda Revolucionaria más afines, deben concretar de inmediato a base de una política, estrategia y quehacer comunes, un Frente Revolucionario, expresado en un Comité Coordinador de los numerosos grupos de la izquierda insurreccional existentes en el país. La unidad de la acción será la mejor garantía para lograr un pronto reagrupamiento de la izquierda revolucionaria. La unidad de los revolucionarios es decisiva no sólo para defenderse de los eventuales ataques del reformismo, sino para consolidar sus estructuras especializadas y ser más operativos en los frentes de masas, ya no sólo por reivindicaciones economicista sino fundamentalmente políticas, en torno al problema del poder. Ante la actual coyuntura política, los revolucionarios chilenos tienen un desafío ya planteado por los compañeros del mayo francés: incorporar y superar a través de la acción creadora revolucionaria L`IMAGINATION AU POUVOIR.
Con esta política no pretendemos encaramarnos sobre ningún compañero allendista ni subirnos oportunísticamente al carro de la victoria, como sostiene algunos menguados, hoy prepotentes, que hasta ayer estaban «debajo de la cama» como alguna vez dejara Fidel, cuando la izquierda revolucionaria comenzó a realizar acciones directas hace un año. No pretendemos jugar el papel de fiscalizadores y menos de consejeros o tutores. No hemos sido, no somos ni seremos consejeros áulicos ni asesores de nadie. Somos simplemente revolucionarios que, al igual que otros habitantes de Chile, tenemos el derecho a plantear nuestras posiciones y a llevar adelante una praxis política. A los dirigentes de la DC no sólo se les permite que fiscalicen y den consejos, sino que se les acepta que impongan condiciones y exijan garantía no precisamente para la construcción del socialismo sino para la mantención del aparato estatal burgués. Nadie, so pena de caer en el sectarismo de un Escalante denunciado por Fidel y el Che, puede impedirnos expresar libremente nuestro pensamiento y acción en favor de los trabajadores y del socialismo. Por ejemplo, hemos remarcado nuestra inquietud ante el hecho de desde el 5 de septiembre hasta ahora, no se ha alertado lo suficiente acerca de los planes sediciosos de la burguesía, lo que ha conducido a que muchos trabajadores y estratos medios allendistas hayan bajado la guardia, no asistan en la medida necesaria a los comités y se encuentran confiados en sus casas convencidos de que la Derecha no intentará desconocer el triunfo de Allende; y en consecuencia se ha descuidado la preparación para enfrentar de manera eficiente la conspiración de los reaccionarios.
Reclamamos un nuevo puesto de combate, a los mucho que hemos tenido anteriormente, en la lucha contra el complot de la burguesía. Seremos consecuentes en la aplicación de nuestra táctica de Frente Unico con los compañeros de la Unidad Popular en la defensa del triunfo de Salvador Allende. Pero mantendremos nuestra línea estratégica de insurrección armada por el socialismo, única garantía para derrocar verdadera y definitivamente a la burguesía y al imperialismo e implantar un gobierno obreo-campesino en Chile, como parte indisoluble del proceso continental de la Revolución Socialista Latinoamericana.
¡SOLO LA MOVILIZACION COMBATIENTE DE LAS MASAS TRABAJADORAS PODRA DETENER EL COMPLOT DE LOS MOMIOS!
¡TODOS UNIDOS A LA DEFENSA ACTIVA DEL TRIUNFO POPULAR! L.V.
Santiago, 30 de septiembre de 1970.
