Por Francisca Barbosa, artículo publicado en Alternativa Anticapitalista nº 2
La situación de las cárceles chilenas es la antesala de una crisis humanitaria de dimensiones siniestras cuyo responsable no es el contagio del virus en sí, sino las medidas (y ausencia de ellas) del gobierno de la clase dominante, que avala una lógica clasista y patriarcal de justicia que solo beneficia a los mismos de siempre. En este contexto, las y los presxs políticxs de la revuelta, cuyo encarcelamiento solo ha contribuido a empeorar las condiciones carcelarias, son sentenciados al contagio por el Estado.
Los muros del capitalismo
No es casualidad que, quienes se encuentran hacinadxs hoy en las cárceles y centros del SENAME, sean los pobres y les subversivxs que se alzaron contra el modelo desde el 18 de octubre e incluso antes, como es el caso de los presxs políticxs mapuches.
Con la aparición del virus en el escenario de crisis política chilena y en contexto de crisis capitalista global, se han agudizado aún más todas las descarnadas desigualdades que reproduce el capital y el patriarcado, evidenciando que los únicos preparados para resistir la pandemia son el 1% más privilegiado. En este sentido, las cárceles muestran una de las realidades más crudas, ya que cualquier medida que tomen las autoridades serán dentro de un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población penal. Las propias instituciones del Estado han calificado la situación como una “bomba de tiempo” y han señalado que el hacinamiento y las precarias estructuras de los recintos no permiten el distanciamiento social.
Una derecha asesina y una “izquierda” patética
Los “esfuerzos” del ejecutivo y el poder legislativo por descongestionar los centros penitenciarios no solo han sido insuficientes, sino que tuvieron como protagonista el show pobre de la derecha y su nuevo intento por incorporar a la ley de indulto conmutativo a los asesinos de Punta Peuco, retrasando así la aprobación de la medida. Si bien su fórmula inicial no prosperó, a través de exigir la urgencia de la Ley Humanitaria y de solicitar los indultos presidenciales para los violadores de DDHH, pretenden “rescatar” a estos genocidas que cuentan con amplios espacios y trato diferenciado en sus cárceles de lujo.
Por otro lado, la ley aprobada que procura evitar los contagios en las prisiones beneficia solo a 1.300 personas privadas de libertad, cuando la cantidad de gendarmes y rexs contagiados se duplica por semana. Ni hablar del silencio de los supuestos representantes de izquierda ante las campañas del movimiento social y los propios presxs polítcxs por el cambio de cautelares para que la prisión preventiva sea cambiada por arresto domiciliario. Son más de 2.500 compañeres encarcelades desde la revuelta social que están encerradoxs sin condena por alzarse contra las injusticias que los sectores reformistas dicen querer cambiar con sus propuestas parches.
Así, el Estado a través de sus autoridades judiciales y la incompetencia legislativa, y en particular el gobierno y la derecha, imponen una sentencia para todes aquellxs que ni siquiera han ido a juicio aún, y envían un mensaje muy claro a quienes nos oponemos a esta falsa democracia: la lucha se paga y con un alto costo.
Organizarse por la dignidad, derribar los muros
Desde las mismas cárceles se han denunciado las condiciones inhumanas en las que viven hombres y mujeres y se exigen medidas que aseguren derechos tan básicos como son el acceso a agua potable y atención médica. La campaña por la libertad de lxs presxs polítcxs además, ha tomado un peso central en el movimiento social y se ha esparcido internacionalmente. Es urgente continuar en la lucha por nuestres compañeres encerradxs desde el 18 de octubre y por la dignidad al interior de los centros penitenciarios, en miras de construir una sociedad sin muros, una sociedad para el 99%. ¡Arriba les que luchan! Lxs presxs de la revuelta en sus casas YA.
