Pacto 2.0: Un nuevo escándalo de la cocina de los “30 años” contra las demandas populares

Una vez más, los políticos del régimen de los 30 años han demostrado que su preocupación fundamental pasa por sostener los pilares fundamentales que construyeron contra las demandas sociales expresadas con fuerza en el estallido social y motores de la transformación de los últimos tiempos. Por el camino del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, pero sumando al PC, Acción Humanista, Regionalistas Verdes, entre otros. Las fuerzas parlamentarias se comprometieron, en caso de que triunfe el Apruebo, a recortar, constreñir y acogotar todos aquellos puntos que pudieran significar algún aspecto a favor de las demandas populares en la Nueva Constitución.

Como Anticapitalistas hemos sido profundamente críticos del proceso llevado adelante por la Convención Constitucional y por su resultado, sin embargo este es un salto adelante en la reacción impulsada por los partidos, con el comando del Frente Amplio y el PC, para terminar de borrar por completo cualquier “olor” a las demandas de la revuelta, buscando allanar el camino a un gobierno continuista de los 30 años. 

Por Ivan Mul, Movimiento Anticapitalista

Que dice y qué significa el nuevo Pacto 

El acuerdo montado tras la insistencia del gobierno de Boric y los partidos oficialistas establece vía los hechos una Convención Mixta, negando la votación del plebiscito de entrada que arrojó del 80% a favor del órgano redactor fuera sin la tutela del Congreso, es decir, una Convención Constitucional, un nuevo salto antidemocrático. En dicha sintonía, el FA, el PC y los partidos de la ex – Concertación se comprometen a modificar o mejor dicho, a retroceder descaradamente, en 8 puntos la propuesta de Nueva Constitución. Revisemos qué dicen de algunos de las principales intromisiones al tono del empresariado:

  • Consulta indígena: “se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”.
  • Autonomías territoriales: “se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.
  • Justicia indígena: “reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.
  • Pensiones: “nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”.
  • Propiedad de las viviendas: “el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
  • Sistema Nacional de Salud: “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”.
  • Educación: “como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.
  • Estados de Excepción: “proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.
  • Iniciativas de gasto fiscal:  “respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.
  • “Poder Judicial: “la independencia del Poder Judicial reconocida expresa y reiteradamente en la propuesta de nueva Constitución, es un principio fundamental para el Estado de Derecho, que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial”.
  • Consejo de Justicia: “proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos. Considerando la importancia de los Derechos Fundamentales, nos comprometemos a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”.

Este repaso por las más destacadas intromisiones a las propuestas de la Nueva Constitución, con citas directas del documento, deja claro que el motor que compromete la perspectiva del gobierno del Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex – Concertación es utilizar todos sus recursos con el afán de impedir los avances parciales y progresivos que la presión social sostuvo para que se redactaran en la propuesta de Carta Magna. De un plumazo la plurinacionalidad quedó subordinada aún más a la actual institucionalidad neocolonial, al igual que el “No Mas AFP” queda en el pasado para dar paso a un sistema que perpetúa el robo de las aseguradoras privadas “sistema mixto”, mientras que educación y salud garantía de lucro encubierto. Y obvio, la conservación irrestricta a la represión y persecución estatal con el Estado de Excepción y el Poder Judicial intacto.

Un camino hacia atrás

Este pacto representa un camino reaccionario, hacia atrás dirigido por el gobierno, con el “ex dirigente” estudiantil y la jóven “comunista” a la cabeza, quienes han activado esencialmente desde el punto de vista de defender los intereses de los poderosos y desmontar todo el proceso de movilización y exigencias que las y los trabajadores pusimos en las calles en octubre del 2019 y constituían el cuerpo fundamental de los reclamos que esperábamos se expresarán en la Nueva Constitución. Por supuesto, quien haya seguido nuestros textos previos sabrá que no se trata de un rayo en cielo sereno, sino una dirección que se desarrolla en las fuerzas de gobierno desde antes incluso de esta experiencia revolucionaria, más bien se han postulado y logrado dirigir un espacio que lograra reemplazar el papel de la vieja Nueva Mayoría / Concertación como sostén por “izquierda” del Estado burgués. 

Esta situación pone de manifiesto como nunca la necesidad de reconstruir un espacio de la verdadera izquierda, anticapitalistas, feministas, ecologistas, populares y de los sectores revolucionarios para pelear juntos ante esta reacción antipopular y por la construcción de una alternativa que trabaje por una nueva alternativa capaz de actuar en los momentos determinantes al servicio de las mayorías. A esto llamamos a los movimientos sociales, a ex convencionales de izquierda, a organizaciones políticas y los espacios de base que confiaron en que este proceso podría provocar cambios de fondo y hoy ven con decepción esta nueva interrupción por parte de los partidos del régimen del proceso abierto en la rebelión y que aún no se ha perdido. Defendiendo las demandas construidas en las calles, con un programa con salidas de fondo al servicio de las mayorías y una fuerza política unitaria debemos pelear por transformarlo todo contra los pactos de la cocina. Es tiempo de actuar.