La última semana se avanzó en los primeros artículos de la Nueva Constitución, destacando la aprobación de un “Estado regional, plurinacional e intercultural” , abriendo nuevamente el debate de los avances y límites que impregnan la Convención. En simultáneo, el desorden del “centro” se acrecienta y la derecha ajusta sus apuestas. ¿Qué rol le tocará a las calles?
Por Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
Moderaciones en la Convención Constitucional
Ya iniciada la votación de los primeros artículos de la Nueva Constitución se comienzan a expresar los dilemas de “lo posible” en el marco de una Convención parida del Acuerdo por la paz y la nueva constitución que incluye los antidemocráticos 2/3. Es en esa tónica que la política de acuerdos y moderaciones actúa y los avances progresivos se limitan.
El artículo aprobado por el pleno durante la semana pasada de un “Estado Regional, plurinacional e intercultural” intenta avanzar en la democratización y participación regional ante el extremo centralismo que caracteriza al país. Las intervenciones de varias y varios convencionales apuntaron a relatar una realidad histórica que viven las regiones: la falta de hospitales y establecimientos educativos, la profunda desigualdad y el abandono económico por parte del Estado. En el pleno la propuesta fue aprobada en general por 112 a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, aunque en particular fueron rechazadas varias indicaciones y deberán ser re discutidas en la Comisión.
El enunciado sin dudas es positivo, la democratización y participación es central para hacer frente a las problemáticas sociales a nivel regional, aunque tal como lo decíamos previamente los límites se presentan en contradicciones. Veamos.
Si por un lado el artículo define la organización del Estado “en regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales», la declaración es acompañada por la votación del artículo 5 que niega una demanda central del WallMapu y borra lo anterior: “en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial”, la cual pasó con 146 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Así mismo, el artículo 6 condiciona que “las asociaciones de entidades territoriales, en ningún caso, alterarán la organización territorial del Estado”, una votación que contó con 149 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Es decir, la autodeterminación de los pueblos y su lucha por la recuperación territorial queda en el olvido al interior de las paredes de la CC.
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En ese sentido, la votación en general que se mostró positiva en su enunciado, aunque contradictoria sobre las demandas concretas o mejor dicho, negando lo central de la autonomía. Posteriormente se constituyó en un problema ante el desarrollo de las normativas que se presentaban en relación a las Asambleas Legislativas Regionales, varias indicaciones fueron rechazadas, incluyendo el Estatuto Regional que pretendía que cada región “establecerá su propio orden político interno regional”. Se rechazó igualmente varias indicaciones en la propuesta de Regiones Autónomas, entre las que se encontraba la administración tributaria y creaciones de empresas públicas locales.
Si bien el debate recién comienza ya demostró varios límites por las “indicaciones contradictorias” originarias que contienen las propuestas. A su vez, también expresa los límites en las formas de votaciones de muchas y muchos convencionales que cambiaron su preferencia entre la primera y segunda deliberación para “buscar consenso”. La continuación de la discusión nuevamente en los pasillos de la CC, demostrando que los antidemocráticos 2/3 implican una política de acuerdo que impone una minoría conservadora, así para “garantizar avances” se rebajan las propuestas progresivas al tenor del Acuerdo por la paz, negando la discusión sobre control económico y autonomía real en el caso de esta propuesta.
De esa manera se mantienen los pilares actuales sobre una extensión de nuevas instituciones, ahora regionales. Aquella contradicción podría traducirse concretamente en un espejo del régimen y la burocracia institucional, sin participación social, por más “regional” que sea. No es sólo contradicciones de indicaciones, sino una propuesta limitada que abre espacio producto de la moderación y subordinación a los mecanismo antidemocráticos del Acuerdo por la paz.
Esta semana y en adelante se debatirán nuevos artículos de la Nueva Constitución, veremos su desarrollo y diálogos que esperemos sobrepasen las paredes de la Convención.
Pánico derechista, desorden y el ropaje amarillento
Las líneas previas expresan la mesura y respeto al Acuerdo por la paz como consenso general, es tan así que mientras se discute la Autonomía Regional en el WallMapu sigue el Estado de Excepción impulsado por el gobierno de Piñera para garantizar el saqueo extractivista a punta de fusil.
Aquella base no es suficiente para la derecha cavernaria que se esfuerza por trabar todo avance al interior de la Convención, mientras que aún en el poder, refuerza su política represiva sin oposición. En la CC casi todas las indicaciones fueron hechas por este sector que patalea para no perder ninguna gota de las jugosas ganancias que les permite el régimen heredado de la dictadura, aunque no son los únicos.
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A ellos se les suma, los no tan novedosos rostros de la ex Concertación, de neoliberales y conservadores que bajo el nombre de “Amarillos por Chile”, se presentaron a la luz a través de una carta firmada por varios democratacristianos y otros socios del establishment como el PPD, encabezados por Cristian Warnken. Este sector, proveniente del “centro político”, en un claro intento de responder a la crisis interna que viven producto de las palizas que han recibido a nivel electoral, principalmente la DC, se están esforzando por activar una política que genere un nuevo punto de acción contra los cambios en la Convención. Como amantes de la Constitución del 80’, incluso el termino “amarillo” les queda chico, son los viejos conservadores que perpetuaron la herencia de Pinochet, renovándose y alineándose con la derecha para no ceder sus absolutos privilegios.
En esa lógica, de pánico e intento de sobrellevar el desorden que involucra a la ex Concertación, la política para la Nueva Constitución encuentra voces defensoras de los 30 años sin un peso certero de organización social y movilización. El régimen apuesta a su “plan B” como lo planteó la DC, una política del rechazo ante el plebiscito de salida. Se hace necesario reforzar las calles en base a la experiencia de octubre para enterrar la herencia de Pinochet.
Sumar iniciativas sociales para un nuevo impulso transformador
Las apuestas de la derecha y los “amarillos” es realinear un consenso para mantener todo tal como está, coinciden en conservar los pilares del neoliberalismo que la rebelión hizo tambalear.
Por otra parte la extrema derecha, apoyada por las políticas autoritarias y anti migrantes, ha intentado ganar presencia en las calles como ocurre al norte del país debido a la ola migratoria que encuentra una extensa precarización social sobre las comunidades que las reciben, expresándose confusión sobre quién es el enemigo y que es aprovechado por la xenofobia y la ultraderecha. Son hechos lamentables que en ausencia a alternativas radicales de izquierda permiten cierta demostración de fuerzas de los seguidores de Kast que aún es minoritaria a nivel callejero, pero se organizan y es una parte de la realidad en una situación de polarización.
Todos estas acciones del régimen no encuentran el contrapunto positivo que podría significar el debate constitucional para las y los trabajadores y los pueblos que tienen expectativas de cambios y que la moderación sólo llevará a decepciones y cambios a medida de lo posble. Es por eso que en el tramo final de la Convención Constitucional se hace necesario activar una política que no ha tenido eco entre las y los convencionales independientes a los poderes de los 30 años: sumar participación social, organizar y movilizar para garantizar las transformaciones que las calles demandan. Se acerca el plebiscito de salida, es tiempo de reorientar.
Desde el Movimiento Anticapitalista apostamos en dicha dirección y estamos a disposición de sumar esfuerzos por organizar y retomar las calles, apoyar las iniciativas positivas para las mayorías y sobre todo, apostar a una nueva síntesis política y social al calor de la última experiencia rebelde que vivenció nuestro país y de esa manera potenciar un reagrupamiento de la izquierda que sea capaz de presentarse como alternativa para las mayorías que vivimos de nuestro trabajo, es posible si la voluntad de las y los convencionales en convocar ampliamente y coordinar en unidad entre la izquierda, los movimientos territoriales, feministas, ecologistas y sindicatos para que las fuerzas transformadoras tengan un curso decisivo. No basta con la interna de la CC, sumemos voluntades para garantizar los cambios.
