El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. La elección del 30 de agosto responde a la necesidad de visibilizar la magnitud del problema y rendir homenaje a las víctimas y sus familiares, quienes son las primeras en demandar justicia, exigir verdad y poner fin a la impunidad, como bien sabemos en Chile.
Por Camilo Parada
La desaparición forzada se define como el arresto, detención o secuestro de una persona por parte de agentes del Estado, con la consiguiente negativa a proporcionar información sobre su situación y paradero. Se trata de una violación flagrante y permanente de los derechos humanos y es una forma extrema de represión por parte del poder, que, en última instancia, afecta al conjunto de la sociedad y deja heridas que no sanan.
La fecha coincide con la adopción en 2006 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento legal que busca prevenir y combatir esta práctica a nivel global. Sin embargo, debido a condiciones sistémicas, sigue existiendo hasta el día de hoy, exacerbada en los conflictos por la hegemonía inter-imperialista y de manera brutal en el caso del genocidio cometido por el sionismo en Palestina.
Balance Internacional
A nivel internacional, la desaparición forzada sigue siendo una cuestión de grave preocupación. A pesar de los avances en legislación y la creación de mecanismos de seguimiento, numerosos países continúan enfrentando problemas significativos. En regiones como América Latina, Asia y el Medio Oriente, la desaparición forzada es una herramienta de represión y control. En muchos casos, estos actos son perpetrados por gobiernos autoritarios o fuerzas militares, aunque también se han documentado en contextos de conflicto armado y situaciones de crisis humanitaria.
Uno de los casos donde esto se hace más patente y donde existe un bloqueo informativo evidente por parte de los medios masivos de comunicación es el de Palestina, donde miles de personas están detenidas por parte del Estado de Israel sin que se tenga información sobre ellas. Si bien las cifras de personas asesinadas en el genocidio superan las 40.000, esta cifra solo incluye las muertes registradas. Según Euro-Med Human Rights Monitor, se estima que 13.000 personas han desaparecido, de las cuales no se tiene noticia. “Euro-Med Human Rights Monitor estima que cientos de palestinos de Gaza están retenidos por las FDI sin que sus familias sean informadas”.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos casos de desapariciones forzadas, resaltando la falta de rendición de cuentas y la impunidad que rodea estos actos. Por otro lado son muchos los países que aún no han ratificado la Convención Internacional, y en la gran mayoría de los casos, las legislaciones nacionales siguen siendo insuficientes para abordar el problema de manera efectiva, sumado al hecho que dentro de los márgenes del sistema capitalista, impera una justicia de clase, y que en su gran mayoría a nivel internacional, las personas detenidas desaparecidas pertenecen a segmentos populares, oprimidos, y de la clase trabajadora.
En América Latina, las cifras son alarmantes, México y Colombia suman más de 200.000 personas bajo desaparición forzada, según cifras de organismos cifras que están por debajo de la re la realidad, y que si bien, originalmente en América Latina tienen su fuente en regímenes autoritarios, como mecanismo de represión y disciplinamiento, hoy por hoy también se ve involucrado el crimen organizado donde no es raro encontrar a gentes de Estado operando en estas organizaciones delictuales, que son consecuencia de la propia crisis global del capitalismo.
Otro caso de enorme gravedad es el de Ucrania, desde el inicio de la invasión Rusia sobre territorio ucraniano, en el último informe de Amnistía Internacional se informa que: “Las autoridades ucranianas registraron oficialmente a más de 20.000 civiles como personas en paradero desconocido debido a la guerra y otras “circunstancias especiales” conexas. En múltiples casos resultó que la persona registrada inicialmente como desaparecida había sido objeto de detención arbitraria por las fuerzas rusas en los territorios ocupados debido a su apoyo a Ucrania, su presunta afinidad con las autoridades o fuerzas armadas ucranianas, o su negativa a cooperar con el gobierno de ocupación. Muchas estaban recluidas en régimen de incomunicación —a menudo en detención no reconocida— en territorios ocupados o en Rusia, lo que en la práctica equivalía a desaparición forzada.”[i]
Situación en Chile a 51 años del Golpe Civil Militar.
En Chile la desaparición forzada es una herida aún abierta a 51 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que instauró una dictadura civil militar, al servicio del gran capital y las corporaciones, encabezada por el General Augusto Pinochet. Durante este régimen, que impuso a sangre y fuego el modelo capitalista neoliberal que aún impera, miles de personas, militantes de izquierda en su gran mayoría, fueron detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas. Las estimaciones varían, pero se calcula que entre 1,500 y 3,000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en este período.
La lucha por justicia y verdad ha sido larga y difícil para las familias de las víctimas, quienes, desde un primer momento y plena dictadura, se organizaron para buscar a sus seres queridos, sobre todo alrededor de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). A pesar de los avances en las investigaciones y el juicio de algunos responsables, muchos casos siguen sin impunes e impera un pacto de silencio de las jerarquías militares, que siguen siendo las mismas que violaron sistemáticamente los DDHH y que en situaciones donde el modelo hecho a la medida de una minoría de explotadores, se ha visto cuestionado por la movilización de masas, como en la Rebelión de Octubre del 2019, esas mismas FFAA y carabineros, no han dudado en asesinar al pueblo chileno. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, documentó más de 40,000 víctimas de tortura y miles de víctimas de desaparición, y los informes han ayudado a visibilizar la magnitud de la represión, pero siguen existiendo archivos de la dictadura a los cuales, por la salida pactada a la democracia, aún no son de libre acceso.
En los últimos años, los procesos judiciales han enfrentado desafíos significativos, incluyendo la muerte de muchos de los responsables y la dificultad de obtener pruebas en casos antiguos. Esto se suma al pacto de silencio, la tardanza en implementar justicia, que es una forma cruel de impunidad, y la cobardía de los sectores políticos que han gobernado, ya sean del reformismo o de la derecha empresarial. Es cierto que existen avances y contradicciones dialécticas; diversas organizaciones de derechos humanos continúan trabajando para esclarecer los casos de desapariciones y proporcionar justicia a las familias afectadas. Por otro lado, el gobierno de Gabriel Boric, compuesto por el FA, el PC y sectores de la ex-Concertación (cada vez más hegemónicos dentro del gobierno), firmó un decreto sobre el Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Oficialmente, en los informes de Verdad y Reconciliación se contabilizan 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, pero solo 307 han sido encontradas e identificadas. Si bien en el papel el Plan de Búsqueda es un avance en relación a gobiernos anteriores, el principal escollo para su desarrollo adecuado, y por cierto tardío, es el “pacto de silencio”, además de que más de 30 perpetradores se encuentran prófugos de la justicia y cuentan con recursos y redes de apoyo de exagentes del Estado y de la derecha pinochetista. Esto ocurre en un momento de ascenso de la ultraderecha, con el consiguiente negacionismo dentro de una polarización asimétrica, que de todos modos se equilibra con la acumulación de luchas sociales, como quedó demostrado con la Rebelión de Octubre.
No obstante, es necesario remarcar que gobierno no hace ninguna regalía, puesto que el “Estado de Chile quien tiene el deber moral y jurídico de seguir poniendo todos los esfuerzos para avanzar en el cumplimiento del derecho a la verdad respecto a las personas detenidas desaparecidas.”[ii], como expresa el actual director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos. En sentido, el Plan de Búsqueda tiene falencias, como la falta de transparencia y la falta de medidas concreta para el que gobierno ordene a las Fuerzas Armadas para dar toda la información. Por nuestro lado, no depositamos ninguna confianza en un gobierno que mantiene como director general de Carabineros, al represor Ricardo Yañez, con causas abiertas por delitos de lesa humanidad relacionadas con el Estallido. Además, el gobierno pagó más de 600 millones por trato directo a Unholster, como desarrollador de la plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos, esta asignación no fue concursable, incluso funcionarios que participan en Plan de Búsqueda criticaron esta medida, así como referentes y organizaciones de DDHH, como lo develó el periodista Mauricio Weibel[iii].
La lucha por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sigue viva, no puede ser que sean las familias y mujeres buscadoras quienes empujen esto, tiene que ser el conjunto de la sociedad, los poderes del Estado, la sociedad civil en su conjunto, los sindicatos y organizaciones, al fin y al cabo, los crímenes de lesa humanidad golpean a la humanidad en su conjunto, esto se suma a los recientes hechos de apología a la dictadura por sectores de la ultraderecha, como el diputado del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser o las visitas a genocidas presos por parte de la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, ningún sector político que se autodenomine democrático puede tolerar estos actos negacionistas, que intentan justificar la tortura, las ejecuciones y las desapariciones forzada.
A la ultraderecha no se le discute, se le derrota, en este sentido la tibieza del autodenominado progresismo es inaceptable, aún más cuando en democracia existen casos de desaparición forzada, como José Huenante, José Vergara, Hugo Arispe, Ramón Pacheco y Jean Fedor Loios, todos desparecidos en manos de agentes represores en plena democracia. En vísperas de un nuevo 11 de septiembre, nuestra lucha es parte de la memoria los miles de desaparecidos y desaparecida, por una democracia real, es decir: una nueva sociedad libre de explotación y opresión, una sociedad socialista construida desde abajo.
[i] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/ucrania/
[ii] https://radio.uchile.cl/2024/08/29/memoria-y-justicia-a-un-ano-del-plan-nacional-de-busqueda/
[iii] https://www.ciperchile.cl/2024/08/09/gobierno-paga-619-millones-por-trato-directo-a-unholster-para-desarrollar-plataforma-de-busqueda-de-detenidos-desaparecidos/
