Por Camilo Parada Ortiz, Movimiento Anticapitalista
Hace algunos días se develó por el canal La Red una grave situación en materia de transparencia y derechos humanos de la Subsecretaría de DDHH bajo el gobierno de la Nueva Mayoría (Ex Concertación + PC). La nota que se puede leer en el portal digital del canal dice lo siguiente: “Entre julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12 mil ex conscriptos que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a manos de soldados y oficiales. Pero también, algunos de ellos relatan en detalle, crímenes cometidos contra civiles a quienes debieron detener, custodiar o fusilar. La Subsecretaria de la época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Las juezas especiales, Paola Plaza y Mariela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación. El plazo corre.” [i]
Este hecho escandaloso e inquietante pone de manifiesto la cultura de impunidad que se ha extendido con todo su manto en la interminable transición, es decir en los gobiernos, tanto de los autodenominados “progresistas” como de derecha, todos neoliberales, que se han encadenado desde el fin de la dictadura cívico militar de Pinochet. Desde el Movimiento Anticapitalista, la defensa inalienable de los derechos humanos y por la apertura de todos los archivos de la dictadura han sido desde nuestros inicios un accionar político permanente, por tanto, repudiamos sin lugar a ninguna ambigüedad: cualquier ocultamiento de antecedentes, información, documentos que puedan estar relacionados a crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar, pero también durante la democracia, gobierne quien gobierne, estos hechos de ocultamiento expreso de información, son una muestra más de la política de impunidad y en defensa de la herencia de Pinochet.
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Que la ex Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes, nombrada por la presidenta Michelle Bachelet en 2016 durante el gobierno de la Nueva Mayoría (ex concertación + PC) no haya entregado toda la información de los conscriptos al poder judicial, nos parece de una extrema gravedad, más aún, en un país donde la impunidad de ayer sigue permitiendo la impunidad de hoy, donde las fuerzas represivas tienen la violación de derechos humanos como un método más de control, con niveles de naturalización de la violencia policial, inaceptables en cualquier democracia que se autodefina respetuosa con los derechos humanos, y esto ya es una redundancia.
La ocultación de información en materia de crímenes de lesa humanidad es no solamente preocupante, sino que además, representa una verdadera burla para familiares, víctimas, agrupaciones y colectivos/as que luchan por la defensa de los derechos humanos, contra la impunidad, por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ejes que por cierto, el gobierno del Gabriel Boric (FA y el PC) no cesó de poner adelante en su campaña presidencial, y que siguen siendo uno de los puntos más lacerantemente débiles de su gobierno, donde aún tenemos personas tras las rejas como consecuencia de prisión política durante el estallido o donde han entregado apoyo irrestricto a carabineros como política de Estado, incluso usando la fecha conmemorativa del 29 de marzo (Joven Combatiente + Caso Degollados) para expresar públicamente el sostén conceptual y material a las fuerzas represivas, esas mismas que llevan en su ADN el irrespeto total a los derechos humanos. En este marco, nosotros y nosotras, anticapitalistas revolucionarios y revolucionarias, no nos perdemos y llamamos a la disolución de todas las fuerzas represivas, partiendo por carabineros, y luchamos por la libertad sin condiciones de todas y todos los presos políticos.
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Cualquier antecedente en materia de crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos debe ser siempre puesto a disposición de las investigaciones y del conjunto de la comunidad, más aún, si la entidad que recibe estos antecedentes es una institución pública, el ocultamiento de este tipo de archivo, debe tener el más amplio repudio democrático de todas las personas y organizaciones que nos paramos desde la vereda de la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y socioambientales, sin espacio a dudas.
Esta situación es una demostración más de la complicidad con la impunidad y como el régimen heredado de la dictadura está en el ADN de cada institución y representante de turno, por lo tanto, junto con el repudio transversal es fundamental exigir una comisión investigadora independiente que conformen activistas de DDHH, organizaciones sociales y referencias con trayectoria, por la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado durante la dictadura y la democracia para toda la verdad y el juicio y castigo a los responsables.
Sin esta perspectiva, la reiteración seguirá golpeando desde la barbarie a nuestro país, en donde en democracia se siguen violando los derechos humanos de forma focalizada con luchadorxs sociales, mujeres y cuerpos feminizados y pueblos originarios.
El Movimiento Anticapitalista se opone a este tipo de prácticas comunes en las democracias burguesas, contra la criminalización institucional contra defensorxs de DDHH y luchadorxs sociales; además luchamos por la disolución de todas las instituciones violadoras de DDHH, partiendo por carabineros, como lo hemos expresado en nuestro programa y nos disponemos a seguir junta a todos y todas por este horizonte.
[i] https://www.lared.cl/2022/reportajes/el-archivo-oculto-de-la-subsecretaria-de-ddhh
