Por Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
En medio de una creciente tendencia inflacionaria que golpea a las mayorías se cumplió un mes del gobierno de Boric, las propuesta del FA-PC se excusan en la “responsabilidad fiscal” para un conjunto de medidas económicas focalizadas e insuficientes a partir del anuncio de “Chile apoya” y un retiro de las AFP restrictivo favorable a la banca. La carestía y precarización se acentúan. La juventud y la clase trabajadora necesita un plan de emergencia para que la crisis no la paguemos quienes vivimos de nuestro trabajo. En paralelo, las señales del gobierno opacan las principales medidas que impulsó su triunfo, es por eso que para no abrir espacio a la derecha se necesita poner en pie una nueva referencia de izquierda. Un breve repaso de los 30 días de Boric y nuestras propuestas.
El plan “Chile apoya” y el 5to retiro de las AFP con restricciones o la moderación en medio de la crisis de inflación
El jueves 07 de abril el gobierno anunció el plan “Chile apoya”, el cual cuenta con 6 ejes y 21 medidas en base a una inversión de US$3.700 millones para afrontar la inflación y la reactivación económica después de los peores momentos de la pandemia. Tras el anuncio se comienza a clarificar la lógica de “moderación” que pregona Gabriel Boric, ya que comparativamente el IFE aplicado el año anterior era cercano a los US$3.000 millones mensuales, cifra similar a lo desembolsado por el actual gobierno de forma anual con “Chile apoya”.
Entre las medidas que resaltan es el congelamiento del transporte, única medida que intenta amortiguar los efectos inflacionarios, aunque esta propuesta no regula las alzas en otros bienes y servicios que se ajustarán a los 10% de inflación que prevé el Banco Central para el año según el Ipom de marzo.
Incluso el aumento del salario mínimo en un 15%, de $350.000 a $400.000, alza que estará dividida en dos tandas, no se reajusta en términos reales del costo de la vida, ya que tomando en cuenta los indicadores, el sueldo mínimo se calcula en un aumento entre el 4% y 5% en relación a la inflación real, lejos de responder a una medida concreta para el actual escenario.
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En la misma sintonía, la respuesta a la demanda que reactivó las movilizaciones estudiantiles por el alza de la beca alimentaria (Baes), monto estancado hace 10 años, fue de un reajuste del 15%, es decir, de $32.000 a $36.000, significando por día $260 extras. Una verdadera burla, ya que el gobierno calcula $1.840 por para comer diariamente durante 20 días, una cifra insuficiente frente al costo de la alimentación y a una dieta sana. A su vez, si se toma en cuenta la inflación, el reajuste debería rondar en el 40% al contemplar el estancamiento histórico del monto, muy alejado de lo impulsado por el gobierno del FA-PC.
El resto de las medidas contemplan un plan de extensión del IFE Laboral hasta septiembre, la creación de 500 mil empleos (250 mil para mujeres), subsidio para hijes de hasta 4 años (que costará de un monto de $200.000 mensuales para madres y padres que estén con actividad laboral), al mismo tiempo se entregará un bono para 30 mil trabajadoras y trabajadores de la cultura. Además de beneficios crediticios para Pymes y una inyección directa de US$20 millones para contener el alza de combustibles.
Por otra parte, la negativa del gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista para evitar el avance del 5to retiro del 10% de las AFP provoca un profundo malestar a nivel social, ya que al no existir un verdadero plan económico para afrontar la crisis el retiro proporciona una transferencia monetaria directa para un porcentaje de trabajadores y trabajadoras, la excusa por parte del gobierno para oponerse a la iniciativa es que provoca una mayor inflación al incentivar el consumo. Es evidente que no es una medida acorde a los intereses de las mayorías puesto que es en base a los propios ahorros de las pensiones que contrarresta las consecuencias de la crisis, aunque lejos de situarse en esta dimensión, Boric y el gobierno presentan una alternativa de retiro de las AFP que se restringe al uso de los fondos de pensiones al pago de pensión de alimentos, deudas de servicios básicos, ahorro para subsidios o deudas de créditos hipotecarios, es decir, fomenta un retiro de transferencia directa a los bancos, únicamente para pagos crediticios y no de libre disposición de los dueños (las y los trabajadores) de los fondos en un escenario de crisis. Insólito.
Como contraparte, los indicadores globales apuntan a que continuará el deterioro económico pese a la virtual recuperación luego de los momentos más crudos de la pandemia, a esto se suma la guerra en Ucrania que acentúa este rasgo y en nuestro país la carencia de derechos fundamentales que imposibilitan un mínimo sostén social a la tendencia inflacionaria que atravesamos. Esta situación a partir del plan de Boric y Marcel no tiene una relación directa con la realidad cotidiana de la clase trabajadora, al contrario, un día después de anunciar “Chile apoya”, el gobierno recibió al empresariado, en dónde estuvo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, declarando que “a nosotros nos interesa que el país tenga estabilidad” y de esa forma da el visto bueno a la propuesta del gobierno, expresando la estabilidad para los empresarios y la completa incertidumbre para quienes vivimos de nuestro trabajo mientras los precios están por las nubes.
Derechos humanos, pacos y el WallMapu
Sin dudas, uno de los principales “reajustes” que se aplicaron los primeros 30 días del gobierno de Gabriel Boric fueron la definición sobre los derechos humanos y el espaldarazo proporcionado por Izkia Siches a carabineros en plena conmemoración del Día del Joven Combatiente, al plantear que “Es muy importante para nosotros como Ministerio del Interior y como Gobierno estar acompañándolos y deseándoles que puedan cumplir con sus funciones, de manera prudente, manteniendo el irrestricto respeto a los derechos humanos, pero también reiterar el respaldo de nuestro gobierno a cada una de las funciones». Así daba un nuevo reimpulso a una institución que tras el cambio de mando siguió reprimiendo duramente las movilizaciones e incluso disparando a un estudiante en las pasadas protestas por el aumento de las becas Baes.
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Este gesto para defender la institución represiva vino acompañado unos días después con el negar el termino Wallmapu, también por la misma ministra del interior, quien manifestó tras el reclamo de un político argentino: «Si he producido malestar a nivel nacional o nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes, jamás ha estado en mi interés (…) lo conversé también con nuestra canciller y espero que esto no se siga profundizando ni tampoco utilizando con fines que no son los nacionales».
De esta forma el gobierno de Apruebo Dignidad cambió el foco desde la “defensa irrestricta a los derechos humanos” y la “reforma a carabineros”, implicando una búsqueda a una base por derecha para continuar con la actual situación de Estado de Excepción en territorio Mapuche y la mantención de la policía criminal, la contraparte es la continuidad de la prisión política de las y los presos políticos de la revuelta y del WallMapu.
Proceso constitucional, moderación y reacción conservadora
La Convención Constitucional ya tiene fecha de salida, el 04 de septiembre, y las encuestas que lejos han estado de la realidad política de los últimos años, aunque generan contenido mediático, dan un triunfo al rechazo en sus últimos sondeos. Los debates internos de la Convención y del gobierno apuntan a la falta de estrategia comunicacional y también, a las propuestas más progresivas que el propio Boric y los representantes del FA-PC plantean que se deben “moderar” para buscar acuerdos.
Lo cierto es que luego de instaurado el nuevo gobierno sus ejes están distantes a las expectativas depositadas en él y en ese sentido, un sector amplio que vio a nivel electoral en Boric y Apruebo Dignidad la rectificación del proceso constitucional se alejan de unos de los procesos que derivó de la rebelión de forma contradictoria. Entonces, los “errores comunicacionales” por un lado responden a la moderación de expectativas del gobierno y por otro, a el vacío de pueblo que vive la Convención, en ese espacio la reacción conservadora actúa, gana terreno en un marco de polarización social y es capaz de movilizar sin respuesta alguna. Ahí es dónde la derecha a través de fakes news y ofensiva comunicacional actúa, gana espacio y se posiciona como voz.
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En este artículo no es la intención abordar a fondo la Convención Constitucional, aunque los 2/3 como quórum supra mayoritarios pactados en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución hacen eco al interior de los pasillos del ex Congreso, activando la moderación para obtener apoyos transversales, así limitan cada vez más las propuestas más progresivas, factor que quita la voluntad de transformaciones y permite la reacción. Es por eso que más allá del voto en el plebiscito del 04 de septiembre, es fundamental activar desde ya una salida propositiva en dónde las calles tomen fuerza para garantizar los cambios, sobre todo en un escenario de crisis económica que hasta ahora las medidas del Ejecutivo no involucran un plan que contrarreste las consecuencias sociales de manera efectiva. Será fundamental activar una vía independiente del gobierno que tome iniciativa en los últimos meses de la CC para responder de forma positiva para las mayorías las preguntas de las ¿Quién pagará?, ¿Quién decidirá? y ¿Cómo se garantizará? La nueva definición del país según el borrador del artículo 1 de la Nueva Constitución que determina que «Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico», mientras se estancan iniciativas como la nacionalización de las grandes empresas mineras que saquean y despojan nuestro territorio.
Retomar iniciativa, plan para las mayorías y alternativa política que lo impulse
La etapa que transitamos está cruzada por las expectativas de cambios y los límites que se expresan del gobierno, a su vez, la profunda crisis económica apunta a una profundización de la carestía de la vida que ya estamos viviendo. Retomar las calles y hacer frente a la situación es un desafío del presente, impulsando un plan para las mayorías y construyendo un espacio unitario y amplio que se presente como alternativa por izquierda en la polarización. Es por eso que proponemos un plan b, del 99% para que la crisis la paguen los capitalistas:
– Enfrentar la inflación con un congelamiento inmediato de los precios, control de precios a partir de comité de trabajadores y pobladores.
– Aumento del salario acorde al costo de la vida y la inflación, no menor a $650.000.
– IFE universal para enfrentar la destrucción masiva del empleo para todas y todos los desempleados, sin condiciones.
– #NoMasAFP. Exigir el quinto retiro como medida de emergencia sin restricciones, avanzar en un sistema que garantice pensiones de acuerdo al costo de la vida, $650.000 y una verdadera seguridad social.
– Contra el desempleo, reducir y repartir las horas de trabajo sin rebaja salarial. Prohibir los despidos y suspensiones y, si una empresa incumple, estatizarla bajo control obrero.
– No más migajas para las y los estudiantes, aumento inmediato de las becas alimentarias y ampliación para todas y todos, no menor a $100.000, reajustable a la inflación real.
– Fin al CAE, derogación de toda la deuda educativa.
– No más impunidad, disolución de los pacos, libertad a todas y todos los presos políticos de la rebelión y el WallMapu. Juzgamiento a Piñera y los violadores de DDHH de ayer y hoy.
– Por salud, transporte, vivienda y educación gratuita y universal.
– Nacionalización bajo control de las y los trabajadores y las comunidades de la minería.
– Contra la violencia machista y los femicidios, presupuesto de emergencia para asistencia integral gratuita, refugios y subsidios a las mujeres, con control de las organizaciones feministas.
– Educación sexual integral, con perspectiva de género y diversidad sexual. Sistema público de salud gratuito.
– Aborto legal, seguro y gratuito en el sistema de salud sin ninguna restricción. Anticoncepción gratuita.
– Frenar la crisis hídrica, agua para la vida, no para la megaminería. Plan de transición para salir del extractivismo, bajo control social, del actual modelo productivo y energético a otro basado en energías limpias y renovables.
– Derogación del código del agua, derechos de la naturaleza, nacionalización del agua y todos los bienes comunes bajo control social.
– Que la crisis la paguen los capitalistas, que los derechos fundamentales y básicos sean financiados con impuesto a los super ricos.
Con estas propuestas nos disponemos a dialogar con todas y todos quienes las compartan, promoviendo una nueva referencia política, independiente y anticapitalista para que los ánimos de cambios no se diluyan y termine por abrir terreno a la derecha. Nuestra disposición es generar espacios de coordinación unitarias tal como lo venimos desarrollando junto a las organizaciones políticas y sociales por la disolución de carabineros, a su vez impulsando un diálogo para construir de forma amplia una alternativa que se postule políticamente bajo un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
En esta perspectiva estamos desde el Movimiento Anticapitalista, te invitamos a hacer fuertes estas ideas junto a nosotras, nosotros y nosotres. Súmate.
