Por Maura Fajardo Gálvez y Martín Miranda, Movimiento Anticapitalista
Bastaron 5 días para que la brutalidad del régimen, la que buscaron ocultar con el pérfido “pacto por la paz” irrumpiera con fuerza en la escena pública. El asesinato a sangre fría de Francisco a plena luz del día en la comuna de Panguipulli, el “suicidio” de Camilo Miyaki en la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, comisaria que cuenta con denuncias de violación y tortura, y luego dejan ABANDONADO en las afueras del SML de Calama el cuerpo agonizando de Jaime Veizaga, quien falleció producto de los golpes. Estos hechos demuestran que las fuerzas represivas no solo actúan de manera criminal y asesina contra las mayorías populares, sino que también gozan de la total impunidad y el amparo del conjunto del régimen, como se demostró esta semana, cuando la corte de apelaciones de Valdivia dejó con firma quincenal al asesino de Francisco por considerar que carabineros actuó en “Legítima defensa”. Frente a esta realidad, las medias tintas y los discursos reformistas no alcanzan. Para frenar esta escalada de muerte y represión y también para construir una seguridad real para las y los trabajadores, las mujeres y la juventud hay que disolver carabineros y desmantelar el conjunto del aparato represivo. Aquí nuestro análisis y propuestas para lograrlo.
La herencia institucional de la dictadura
Si cualquier análisis serio sobre el conjunto de las fuerzas represivas a nivel internacional no puede dejar de mencionar su carácter de clase, al servicio de la defensa de la propiedad privada de los ricos y poderosos y la represión de las demandas sociales, el caso de Carabineros adquiere un carácter aún más profundo debido a sus características militarizadas y su patrón de privilegios sociales, muchos de ellos impuestos durante la dictadura pero también en los sucesivos gobiernos “democráticos”. El propio Piñera define sin empacho a la institución como “Una institución fundamental y la primera línea en la defensa del orden público” refiriéndose por supuesto a SU orden, el del saqueo y la miseria, el que le permite seguir gobernando con un nivel de aprobación ínfimo. No quedan dudas entonces de este carácter represivo por excelencia, de hostigamiento a las expresiones democráticas y de guerra interna permanente. Equipados con armamento e infraestructura de punta, compradas a los especialistas de la guerra del mundo como el Estado sionista de Israel, entre otras.
Pero no solo son los garantes de la represión, también son parte activa de la inseguridad, con probada participación en hechos delictivos de todo tipo como estafas, el desfalco financiero de 30 mil millones de pesos, desvíos de fondos, la respuesta tardía e ineficiente cuando las mujeres denuncian violencia, las golpizas aplicadas como métodos en los barrios populares, las denuncias que los vinculan con casos de narcotráfico y así la lista suma y sigue. Es decir, una institución podrida de cabo a rabo, con licencia para matar y construida a imagen y semejanza de las clases privilegiadas corruptas y parasitas de nuestro país, que los usan como sus perros rabiosos.
La oposición parlamentaria y la imposible reforma del sindicato del crimen
A nadie sorprende la defensa abierta y descarada de la derecha al asesino de Francisco y a toda su institución. Piñera, el “ex” Paco Desbordes y cuanto facho suelto anda por ahí salieron a explicar que matar de seis tiros en plena calle a un artista es “legitima defensa” o a avalar la hipótesis del “suicidio” en la comisaria, es lo que se espera de quienes le declararon la guerra al pueblo el 19 de octubre.
No es nuestro caso, pero quizás alguien pueda sorprenderse con la tibia y ensayada respuesta de la oposición parlamentaria en todos sus tonos, desde la ex concerta (Qué repuso el control de identidad como herramienta de control en manos de carabineros en el segundo gobierno de Michel Bachelet) hasta aquellxs, como Beatriz Sánchez y Daniel Jadue que solicitan una “intervención civil” de carabineros, como si fuera posible transformar algo introduciendo una gota de agua en un río completamente contaminado y podrido por años y años de basura acumulada.
Como siempre sucede, ni siquiera sus inofensivos proyectos parlamentarios avanzan por el bloqueo de las bancadas oficialistas y en lugar de llamar a la acción civil y convocar a las calles a través de las organizaciones sindicales en las que tienen un papel dirigente se dedican a postear en sus redes sociales o hacer fogosos comunicados de prensa sobre lo mala que es la derecha que no quiere cambiar nada, como si con declaraciones por Twitter pudiera acabarse todo este orden de persecución y muerte. El PC, sectores del FA y otros “comunistas” de enciclopedia no mueven ni movieron nunca un dedo por terminar con esta lacra, todo lo contrario, la fortalecieron.
Sin ir más lejos, la mayor parte del arco político firmó el escandaloso “pacto por la paz y la nueva constitución” que desde su inscripción no deja de enterrar y violentar a más compañeros y compañeras y describir aquí la lista de herides y mutilades nos llevaría la vida misma. Ese pacto, con ese nombre minuciosamente pensado, es hoy el principal sostén de la represión y de sus responsables políticos: el gobierno de Piñera y su gabinete. Así que sus apelaciones a la reforma o la intervención no sirven más que para tener una imagen del papel que jugaran en la Convención Constitucional, pero no van a lograr frenar la violencia asesina de los pacos. Por ahora resulta al menos curioso que Gabriel Boric, paladín del FA, firmara no solo el pacto, sino también que votara en pleno estallido social una ley que faculta a la policía y a la justicia a perseguir y criminalizar la protesta, salga por Redes sociales planteando que están exigiendo hace un año la refundación de la policía, una medida claramente insuficiente para una institución criminal a quien el mismo le otorgó facultades represivas. Por tanto, lo que buscan es introducir algunos cambios, pero sin desmantelar una institución que piensan utilizar en un futuro gobierno “antineoliberal”. Salvo que alguien haya visto a alguno de los gobiernos “antineoliberales” del continente no utilizar a sus policías para reprimir duramente la protesta social. Sin ir más lejos en Argentina, pocos meses atrás, un verdadero motín policial de varios días termino con un aumento de más del 60% de los salarios y la impunidad, cediendo en toda la línea a los sublevados, y así podríamos seguir mencionando ejemplos.
Disolver, juzgar y volver a empezar
La pregunta que no podemos dejar de formularnos es ¿Hasta cuando vamos a tolerar la continuidad de esta institución criminal? ¿Cuántas vidas, ojos, violencias estamos dispuestas y dispuestos a tolerar? Desde el Movimiento Anticapitalista opinamos que ninguna, que las condiciones de terminar con esto están más que maduras, por eso proponemos la disolución de carabineros y el juzgamiento de todos los involucrados en violaciones a los DDHH y otro tipo de crímenes, para ello perfectamente se puede poner en pie una comisión independiente integrada por familiares de víctimas, organismos de DDHH, profesionales, organizaciones sindicales, sociales y populares que realicé una profunda investigación y desclasificación de todos los archivos secretos.
Por supuesto no pueden estar exentos de este proceso los responsables políticos de la represión, lo hemos escrito y gritado en innumerables oportunidades y lo volvemos a hacer #FueraPïñera y que vaya a la cárcel.
Para construir una seguridad que realmente defienda los intereses de las mayorías populares, poniendo en relieve la vida de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud como prioridad absoluta, defendiendo los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, en primer lugar es clave provocar un profundo cambio sistémico, pero de manera transicional es posible organizar una seguridad comunitaria, establecida por el trabajo conjunto de las organizaciones sociales, sindicales y populares, con acceso a la infraestructura necesaria y regulada por el debate democrático de como aplicarla.
Esto no es una utopía, todo lo contrario, utopía es pensar que los asesinos reflexionaran o cambiaran su modus operandi si se sostiene el mismo régimen político, judicial y represivo que los apara y utiliza. Por eso pelearemos en las calles llamando a la más amplia movilización para imponer este camino y exigiendo a la CUT, los sindicatos y organizaciones sociales a que rompan la pasividad electoral en la que se encuentran y convoquen a medidas de lucha para que no nos sigan matando y enfrentemos la impunidad como debe ser. Junto con esto hay que construir una nueva referencia política que no le tiemble el pulso para pelear por transformarlo todo, nuestras vocerías en este sentido están representadas por Camilo Parada Ortiz y Maura Fajardo Gálvez con quienes nos disponemos a batallar en la campaña de cara a la Convención Constitucional, te invitamos a acompañarnos en ese proceso.
