Por Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
Una energética agenda represiva se viene construyendo desde el gobierno, la pandemia como telón argumental. La tragedia sanitaria es acompañada por la profundización de la crisis económica. Entre acuerdos, salvataje empresarial y giro autoritario. Se preparan, hay que responder.
La pandemia, la crisis y el país
Fue Piñera hace unos meses quien planteaba que atravesábamos la mayor crisis en 90 años, mientras que las causalidades de esta situación en el relato del poder yace en la irrupción del coronavirus. En el país, además, aquel argumento se complementaba con inculpar al 18 de octubre para explicar la contracción de la economía.
Lo cierto y más allá de las fronteras nacionales, es que la pandemia impulsa el cierre de actividades laborales y genera de esa forma caída en la producción, de la inversión y perjudica la circulación de capitales. Aquel cuadro, si bien es dinamizado por el COVID-19, es una formulación que se anunciaba previo al virus, ya que los indicadores económicos preveían en el horizonte una nueva crisis con fecha 2020, hechos que fueron antecedidos por la guerra comercial que auguraba los ruidos de un nuevo crack.
El Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC) correspondiente a junio, plantea que “en lo inmediato, se prevé una contracción significativamente mayor en el segundo trimestre” y los números de la proyección de la contracción fluctúan entre -5,5% y -7,5% del PIB, el mayor en 35 años. Un ajuste importante en relación al informe que lo antecedió que se trazaba entre un 1,5% a 2,5% para el presente año.
Durante el primer trimestre del 2020, la actividad económica se expandía un 0,4%, según reportaba el Banco Central, esto en relación al mismo período del 2019. Al momento de aquel anuncio el gobierno celebraba que el país no entraba en recesión técnica (caída del PIB por lo menos de dos trimestres continuos), aunque lo innegable es que estamos en un estancamiento económico, más allá de las nominaciones que los economistas burgueses intenten otorgarles.
En ese sentido todo número estadístico es relativo desde dónde se emane y así no deja de sorprender que a nivel oficial el alza de la cesantía tenga algunas contribuciones para amortiguar la caída. Según el INE, el índice de desocupados entre el trimestre diciembre – febrero es un 7,8%, un incremento de 0,8 puntos porcentuales en relación al año anterior y estamos sobre los dos dígitos en el Gran Santiago.
Lo contrarrestante para que no explote –ese ya histórico nivel de desempleo – es por un lado la contracción de la fuerza de trabajo en un -5,7% en un año. Mientras que la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Empleo implica que a las y los trabajadores de las empresas que se acogen a esta ley entran a la estadísticas como ocupados ausentes, es decir una forma de ocultar la suspensión del salario que permite el decreto.
Sin embargo, en un reciente estudio del Informe de Percepción de Negocios, señaló que 47% de las empresas acogidas a esta ley despedirán a las y los trabajadores. En simples hechos, el gobierno con apoyo de la oposición y del Partido Comunista, fundamentaron la Ley de Protección al Empleo como formula para evitar la “desvinculación contractual”, una consideración en beneficio patronal, así garantizando que el sueldo de las y los trabajadores sea remunerado por ellos mismos a través del fondo del seguro de cesantía, hay que recalcar que dentro de quienes se acogieron a esta medida se encuentran grandes empresas como LATAM, entre otras. Al parecer, la ley no ha sido suficiente para ocultar la tragedia bajo la alfombra.
El Acuerdo 2.0: deuda y salvataje empresarial
El domingo 14 de junio se terminó por firmar el nuevo acuerdo que se venía fraguando entre el gobierno de Piñera con la oposición parlamentaria. Sin dudas, el esquema que marcaba aquel pacto está sintonizado por el panorama económico y además, por la repercusión de las medidas a nivel sanitario que hoy tienen a Chile en el podio de los países con mayor índices de contagiados y un sistema de salud colapsado, diagrama que está sustentado en mantener la dinámica económica funcionando.
Sin entrar a detallar la profundidad de los puntos que elabora el acuerdo que se anunció vía cadena nacional, vale analizar los hechos centrales, que bien resumidos quedan en palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al declarar que es “El mayor endeudamiento que vamos a tener hoy día, es una mochila que le dejamos a las generaciones futuras. Para que sea bien absorbida necesitamos responsabilidad fiscal, una consolidación fiscal creíble y recuperar la capacidad de crecer económicamente”.
En otras palabras, la incorporación de la deuda por 12 mil millones de dólares para enfrentar la crisis, por un lado apuntan a un plan social, lo más celebrado por las usinas del poder, el cual a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se aplica un aporte fiscal para sólo el 34% de las familias, mientras que el monto a entregar no supera la línea de la pobreza, $100.000 como máximo por persona. El monto destinado al IFE es sólo el 20% del total de la deuda que contempló el Estado, es así que el otro 80% apunta, en palabras de Piñera, a sostener empresas estratégicas.
El Banco Central recomendó que el Estado compre deudas a las empresas, una orientación de políticas monetarias que contemplaría en reducir al 0,5 la tasa por parte del BC. Aquella adecuación no es novedosa y es parte de la elaboración para alimentar los mercados a través de compras de activos y deudas, así lo hizo la administración Obama para rescatar a Wall Street durante la crisis que estalló el 2008/09 y en Chile, en los 80’ Piñochet aplicó una medida similar en medio de la crisis económica. Lo que tampoco es nuevo es que la flexibilización de los créditos y la compra de deudas hizo que los capitalistas se hicieran aún más ricos y la burbuja del capital financiero siguiera creciendo, a su vez se recargaba sobre la espalda de las mayorías sociales el pago por impuestos regresivos y desmantelamientos de derechos básicos.
Por lo tanto, alrededor de US$ 8.500 millones de pesos irán a parar a grandes capitalistas con la noción de reactivación económica, mientras que el IFE no sostiene las condiciones mínima de vida. Aquella situación involucra que la deuda estatal crecerá en relación al PIB un 27% a un 43% hacía el 2022. Tal como lo expresó Briones, “es una mochila que le dejamos a las generaciones futuras”, aunque también habría que agregar que para el presente tampoco implica algún beneficio.
Entre el giro autoritario y el fantasma de rebeliones
Con los antecedentes abarcados previamente podemos responder para que se prepara aquella enérgica agenda represiva de Piñera y que si bien, no es parte del trato hecho con la oposición firmado bajo el acuerdo, sería imposible sin el apoyo directo a nivel parlamentario.
La profundización de la crisis económica y sanitaria agudiza las contradicciones sociales y a nivel mundial comenzamos a ver estallidos y rebeliones, incluso en el pleno centro del capitalismo, Estados Unidos. Es así que se ratifica un rumbo por parte de los gobiernos que en nuestro país ya tenía antecedentes desde el 18 de octubre y se actualiza con el argumento de la pandemia, un giro represivo que intenta normalizar el estado de excepción.
En aquel camino y tras la firma del acuerdo y la renuncia de Mañalich, el nuevo ministro de salud, Enrique Paris anunció que la meta es reducir la movilidad, por lo tanto la agenda apunta en el aumento de la política punitiva en aplicar multas sobre los 200 UTM (10 millones de pesos) o 3 años de cárcel para quienes infrinjan la cuarentena, además se comenzó a proponer desde el gobierno el monitoreo GPS a través de celulares, una reformulación inaceptable. Estas medidas involucran la perspectiva de responsabilidad individual, la lógica del enemigo interno que es explicita en la reforma a la Ley de Inteligencia que involucraba cambiar la noción de “amenaza” del Estado no sólo a agentes externos.
Y tal como el plan económico, todas estas ofensivas de Piñera serían imposible si no contara con la aprobación directa o por omisión del arco político parlamentario. Un simple repaso del transcurso de la Ley de Inteligencia remonta que tras la huelga del 12N en plena rebelión, hecho que apuró la firmar del Pacto, en ese momento se tramitó en paralelo esta Ley, la cual contó con el voto en Senado del Frente Amplio (FA), fue también en el mismo periodo que se avanzó en la Ley Anticapucha y Antisaqueo, ambas auspiciadas por el FA, con todo eso en marcha, a la fecha aún existen más de 2mil presas y presos políticos solo por el hecho de manifestarse. Hoy si la agenda represiva avanza, incluso al monitoreo vía celulares, es parte del plan que se pudo construir desde la derecha gracias al aporte de la “izquierda” parlamentaria. Los mismos que junto a la ex Concertación permitieron la continuidad de Piñera en el poder y que hoy esté a la cabeza de la crisis sanitaria con una política criminal.
La alternativa que hace falta construir para dar vuelta todo
Lo anterior es fundamental para abrir el debate sobre la alternativa política que se debe fortalecer para enfrentar a los representantes de un sistema que nada tiene que ofrecer para las mayorías sociales. Una lección de la historia reciente es que cuando se pacta con la derecha las reglas quedan trazadas según los intereses del poder, por eso los límites de organizaciones como el Frente Amplio que se constituyeron para ser una expresión meramente electoral y por lo tanto acondicionan su intervención a las instituciones actuales, es así que el discurso “antineoliberal” se desmoronó a penas las contradicciones estallaron, similar situación con Podemos en España que hoy gobierna el país junto al PSOE.
Estas variantes políticas impregnan a un sector de la izquierda que se declara anticapitalista, al afianzar una tesis unilateral de la realidad, como lo es giro autoritario, de esa forma sobredimensionando el poder de la derecha e incluso del fascismo y por lo tanto trazando su hoja de ruta en una política defensiva que los lleva a retraer su intervención en la lucha de clases y aportar a reformulaciones de tendencias amplias porque “es lo que se puede hacer”. En el país se ha visto como organizaciones como Igualdad avanzan junto al Partido Comunista, incentivan y reinauguran contenciones por izquierda pero sin proyecto de ruptura con el sistema, anclados a la institucionalidad actual y sin apoyo en la movilización social.
Por lo tanto dichas perspectivas le ponen un signo igual a las políticas autoritarias y al nivel de consciencia del pueblo, algo equivocado en nuestra opinión. Es por eso que a 8 meses de la rebelión es un hecho que no se puede desconocer y que además, la crisis sanitaria y económica profundiza las contradicciones sociales. Se generan las condiciones de un nuevo punto de ebullición social, aún pese a políticas autoritarias. Además la acumulación de experiencia de lucha callejera del 18 de octubre fue un salto de consciencia importante de las mayorías al identificar el “no son 30 pesos, son 30 años” al conjunto del régimen político y el modelo económico como responsable de la situación social, el enfrentamiento directo a las fuerzas represivas y la autoorganización aportan a aquel desarrollo.
Hoy en plena pandemia se revitaliza dicho programa que surgió de las calles y se transforman en medidas de emergencia para activar: sistema de salud público, universal y gratuito; renta universal básica; prohibición de los despidos; estatización de empresas; por plena democracia y libre circulación. Aunque también, todas aquellas reivindicaciones sólo pueden conseguirse con choque de intereses, rompiendo con la acumulación de una minoría, es decir con un choque anticapitalista.
A 8 meses de la rebelión toda esa vigencia de lucha sigue presente, en un impasse por la situación actual, el fantasma de las rebeliones se está expresando en las calles del imperialismo y con total radicalidad contra la policía racista, cruzó a Europa y en el Líbano no se detiene el proceso que se inició en paralelo al de Chile. En tiempos de crisis se hace más que necesario los debates para que la crisis la paguen los capitalistas, es por eso que desde nuestra nueva organización internacional, la Liga Internacional Socialista (LIS), estamos convocando para este sábado 20 a un Encuentro Internacional de la Juventud Socialista, más de una veintena de países y los 5 continentes para impulsar organizaciones revolucionarias para dar vuelta todo. Con aquel ímpetu de octubre y de la juventud chilena en primera línea te invitamos a participar.
