Reproducimos artículo escrito por:
Gustavo Cofré, presidente sindicato trabajadores/as a honorarios INE (SINE)
Natalia Corrales, presidenta sindicato trabajadores/as a honorarios Municipalidad de Valparaíso (SITTHOVAL)
Ambos dirigentes nacionales Federación Unión Nacional Trabajadores/as a Honorarios del Estado (FEUNTTHE)
La crisis por el Covid 19 no sólo tendrá profundas repercusiones en la salud pública y psicosocial, sino también en el plano laboral, donde personas que trabajamos en la precariedad e informalidad como es la modalidad “a honorarios” en el Estado (aproximadamente 370 mil personas), una vez más, seremos “la carne de cañón”. Así, por décadas esta modalidad de trabajo se ha mantenido ante la falta de responsabilidad de quien es, paradójicamente, el peor empleador en Chile, cuya medida adoptada para proteger el empleo es un bono de 50 mil pesos para el 15% de los 3.6 millones de trabajadores/as informales (fuente: Fundación Sol).
La situación actual, provocada por la pandemia mundial, ha dejado nuevamente en evidencia la precariedad laboral y desprotección hacia la población trabajadora, en favor de cuidar el modelo de libre mercado que tiene como premisa el resguardar las ganancias del capital por sobre la protección de la vida. Este es particularmente profundo en la situación de las mujeres, quienes además deben sumar a esta precarización, las labores de cuidado y reproductivas que hoy se ven nuevamente en crisis por la suspensión de clases o el teletrabajo. Además, con creciente impotencia vemos cómo en otros países las autoridades no han dudado en establecer cuarentenas totales, reducir o suspender los cobros de servicios básicos, congelar deudas bancarias, prohibir la disminución o el no pago de sueldos, aun cuando reflejan cifras menores de contagios y muertes en relación a la situación de Chile.
Tanto el estallido social del 18 de octubre como la multitudinaria movilización del pasado 8 de marzo nos dieron luces del momento histórico que estamos viviendo: es necesario dejar atrás el modelo neoliberal que en Chile se instauró para que la dignidad y la vida sean nuestras prioridades. Las señales de alerta son claras: empresas que por décadas generaron multimillonarias utilidades hoy piden ayuda del Estado, medianas empresas que ante un breve periodo de paralización están en riesgo de quiebra; ¿qué pasó con sus utilidades? ¿es natural que la brecha entre el sueldo más bajo y el más alto de una empresa o institución sea tan abismante?
Hacia el futuro no se puede seguir sosteniendo un sistema que en su base genere tal nivel de segregación social. Tal como el feminismo, ambientalismo y sindicalismo han reclamado: debemos avanzar a un ordenamiento social en el que la producción esté subordinada a las necesidades humanas, al equilibrio ecológico y donde el poder y la riqueza se distribuyan de manera igualitaria.
En este contexto, los y las honorarios del Estado estamos a la deriva, con la esperanza ingenua de que las autoridades “se apiaden”, cuál orden feudal, y orienten políticas de apoyo a nuestro sector y hacia la sociedad chilena en general. No sólo nos enfrentamos a las nulas garantías laborales como falta de estabilidad laboral, ausencia de un contrato de trabajo, no pago de cotizaciones tanto de salud como de pensiones por parte del Estado; hoy también nos encontramos con la reducción de presupuestos de instituciones, contratos de tres meses o la no contratación por imposibilidad de ejercer nuestras labores presenciales (como profesionales que año a año ejecutan talleres deportivos o artísticos en programas municipales, por poner un ejemplo). Ya es sabido que algunos municipios e instituciones han despedido gente en medio del estallido y al inicio de la pandemia y posiblemente estas decisiones continúen.
¿Quién en este país puede sobrevivir sin un salario mensual o periódico? Esta pregunta es tristemente resuelta al darnos cuenta del oficio de la Dirección del Trabajo que permite a las empresas no cancelar las remuneraciones mientras exista ausencia laboral por causa de la pandemia mundial. También se responde por el dictamen de contraloría que “permite” el pago del salario para honorarios el mes de marzo, como si fuera un favor, transparentando la discriminación entre funcionarios y honorarios en el sector público, exponiendo la voluntariedad y discrecionalidad de la que dependemos por parte de nuestras autoridades. Lo anterior nos entrega una evidencia devastadora: las autoridades de este país no logran entender la realidad de la mayoría de la población; y precisamente eso es lo que estamos llamados a transformar como actores sociales que tenemos trabajo de base y representación social efectiva.
Por si lo anterior fuera poco, desde el año pasado el gobierno logró aprobar una ley que nos obliga a costear prestaciones previsionales y de salud de nuestro bolsillo, a través de la devolución de impuestos en la operación renta, despojándonos de parte de nuestros ingresos para entregárselos, entre otras, a las AFP y dejando triste evidencia que aunque tengamos una relación de subordinación y dependencia con el Estado, para todos los efectos laborales y previsionales, nuestro empleador nos trata como independientes. Esto es aun más grave en el caso de la Reforma de Pensiones, actualmente en trámite, puesto que el ejecutivo propone que el 6% de cotización extra lo paguemos las y los honorarios ¡DE NUESTROS BOLSILLOS! Sumando y restando, al 2028 a las y los honorarios del Estado se nos descontará un 23% de nuestros ingresos anuales, los que saldrán íntegramente de nuestros bolsillos.
En este contexto, como Federación Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado (FEUNTTHE), generamos un petitorio hacia los parlamentarios y también al ejecutivo, que esperamos pueda ser impulsado. Sin embargo, en sesiones de la semana pasada en el Congreso, pudimos evidenciar una vez más que la ministra del Trabajo María José Zaldívar no tiene la voluntad de incluirnos en las políticas de resguardo laboral argumentando nuestra falta de contrato laboral (irrisorio puesto que es el propio Estado quien no nos contrata), sin embargo, no tuvo ningún resquemor en impulsar el cuestionado dictamen de la Dirección del Trabajo.
Por todo lo anterior, como federación de trabajadores/as que ejecutamos las políticas públicas del país y que mayoritariamente seremos quienes atiendan la emergencia con los mínimos resguardos laborales y sanitarios, exigimos:
- Frenar los despidos de trabajadores/as honorarios realizados y por realizar en las instituciones del Estado.
- Inversión pública en insumos de salud como prioridad y protección a sus trabajadores/as.
- Mantención de sueldos como a todos/as los funcionarios/as públicos.
- Renovación de contratos en la fecha indicada dispuestos para los meses de marzo y abril en el caso de proyectos sociales.
- Devolución anticipada del impuesto de la renta sin descuentos, y postergación del pago del impuesto a la renta.
- Indicación que libere a trabajadores/as a honorarios del Estado de la obligación de cotizar el 6% adicional (aporte patronal) propuesto en la reforma de pensiones, puesto que este pago le corresponde al empleador (en nuestro caso el Estado).
Un país se sostiene gracias a la fuerza de las y los trabajadores, y los gobiernos tienen la obligación de velar por la salud e integridad de todos/as, por esto exigimos también se decrete con urgencia la cuarentena nacional que permita el resguardo de las manos que levantarán el país, el valor del negocio no puede estar por sobre el valor de la vida.
