El 3 de Marzo se detectó el primer caso de coronavirus en Chile, desde ahí hasta la fecha la situación se ha comenzado a agudizar de manera escandalosa, ya el pasado domingo se había declarado en fase 3 y a las pocas horas en fase 4.
Bastaron solo unos días para que el gobierno en medio de un país conmocionado por un alto nivel de contagio decretara el Estado de excepción por catástrofe por un periodo de 90 días. La respuesta del gobierno de Piñera evidentemente no viene a poner freno a una pandemia, sino responde a las primeras señales que el conjunto de las y los trabajadores comenzaron a activar en defensa de la vida, frente a medidas criminales que los exponen al covid-19.
Un plan de “emergencia” criminal.
Ante una pandemia internacional que ya ha costado la vida de miles en el mundo, Piñera planteó una serie de medidas para afrontar el avance del virus, decretando la suspensión por 14 días de clases en jardines infantiles y colegios, mientras que su plan consta de 1.732 camas adicionales en hospitales y prohibir eventos públicos de más de 500 personas.
Claramente un plan insuficiente para poder poner freno ante una eventual crisis sanitaria que se desataría con el nivel de contagio más alto en América Latina y que el lunes copo los centros asistenciales de salud para poder acceder a la vacuna contra la influenza, los supermercados se desabastecieron en pocas horas generando una especie de “caos” social. Aunque también comenzaron a gestarse las primeras protestas de trabajadores y trabajadoras que tuvieron que salir a cumplir sus funciones de manera regular exponiendo sus vidas tanto en la movilización en transporte público, como en los espacios laborales.
Una rebelión que tiene que ser imparable.
La pandemia que se empezó a propagar en diciembre por el mundo, coincidió con una ola de rebeliones de varios países en distintos continentes que se levantaban en contra del régimen capitalista que ha significado siglos de precarización.
Fue el 18O el que puso en jaque al “oasis” que proclamaba Piñera por el continente. Ha sido precisamente esta experiencia que han acumulado las y los trabajadores junto al pueblo que llevo a sindicatos y trabajadores espontáneamente a llamar a la paralización de las funciones, así lo hicieron las y los trabajadores de los malls del país, del transporte público Subus, Portuarios de San Antonio, trabajadores de la celulosa Arauco y sectores de la minería que han llamado a la paralización de las funciones al no contar con las condiciones mínimas sanitarias para poder realizar sus trabajos.
Son miles de trabajadores movilizados que exigen cuarentena nacional que garantice la vida de ellas, ellos y sus familias. Piñera y el gobierno respondieron con poner a los milicos nuevamente en la calle, su plan de emergencia no es más que el control socia. La patronal que amparados por la ley ha despedido a quienes se movilizan, ahora les exigen que se tomen sus vacaciones, que se tomen días sin goce de sueldo o se les permite el llamado “teletrabajo” que no es más que una nueva forma de flexibilizar el trabajo, bajo ninguna supervisión de derechos elementales. Esta modalidad se le suman los quehaceres de cuidado de miles de trabajadoras y trabajadores.
El conjunto de la población se encuentra haciendo enormes esfuerzos para protegerse del virus y cumplir con el llamado de quedarse en casa, ya que son las propias autoridades los que divulgan que la única forma de detener el contagio es que las personas no salgan de sus hogares. Entonces, ¿Por qué el gobierno no decreta cuarentena nacional?, ya ayer Piñera en entrevista con Chilevisión anunciaba que no es posible decretar esa medida porque deben seguir funcionando los servicios esenciales, pero es el propio accionar del gobierno el que devela sus verdaderas prioridades ante la crisis sanitaria que estamos enfrentando, no entregando ninguna solución efectiva al conjunto de la clase trabajadora pero si toda la libertad de accionar de un Estado policial que enfrenta las crisis con más represión.
Este gobierno y ninguno de los que ha sostenido el régimen durante los últimos 30 años buscan garantizar la vida de la clase trabajadora y el pueblo, lo único que garantiza es el control social mediante la represión a manos de los militares y un plan de emergencia económico ante la inminente crisis económica que caerá en los hombros de las y los trabajadores, este plan no es más que una inyección a los grandes capitalistas para salvar su crisis. Esto recién empieza y no se visualizan frenos.
Que la crisis no la paguen las y los trabajadores ¡Huelga general ya!
El COVID-19 es la consecuencia de un régimen social en descomposición, que hoy tiene al borde de la recesión mundial, los embates de la economía y la pandemia comienzan a develar lo catastrófico de la situación mundial que se está atravesando.
Pero nosotres reafirmamos que no son las y los trabajadores junto al pueblo quienes tienen que pagar esta crisis, por lo que es central que sean los sindicatos y las distintas organizaciones de las y los trabajadores quienes tomen la dirección por una salida en defensa de nuestras vidas y hacerle frente a los embates patronales. Para avanzar en esta salida es necesario avanzar en la huelga general productiva en defensa del trabajo, que se garanticen los sueldos en un 100%, que las licencias sean pagadas completas, prohibición de despidos y persecución a las y los movilizados, plenos derechos laborales, paso a indefinido de todos los trabajadores que estén en condición de precarización o plazo fijo.
Es por eso que planeamos un plan de emergencia de 12 puntos, en que una medida aplica un impuesto extraordinario a los grandes capitalistas ¡Si son ellos quienes crean las crisis, que la paguen!.
Camila Millaray
