Los pescadores artesanales de todo el país nos encontramos en estado de alerta y movilización, exigiendo la pronta tramitación de la Ley de Fraccionamiento. Sin embargo, el Congreso ha postergado su discusión y ahora el Senado dilata el proceso al ritmo del empresariado, que sigue devastando el mar beneficiados por la corrupta Ley Longueira.
Por, J.M, Movimiento Anticapitalista
Ley de Pesca, fraccionamiento y tramitaciones legislativas
La actual Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira, nació en un contexto de corrupción comprobada que facilitó la sobreexplotación de los recursos marinos en desmedro de miles de trabajadores del mar y del ecosistema marino. Su aprobación consolidó el dominio de un reducido grupo de empresarios vinculados a las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, las siete familias dueñas del mar. Esta nefasta ley contó con el respaldo de parlamentarios de la UDI, RN, DC y PS, entre ellos Jaime Orpis, quien fue condenado con cárcel por el caso Corpesca.
Este episodio evidenció cómo la «cocina parlamentaria» sigue operando en favor de los grandes empresarios, incluso entre sectores que hoy se presentan como críticos de la Ley de Pesca, a pesar de haberla apoyado en su momento. Ahora, en medio del debate sobre una reforma parcial de esta escandalosa ley, el proceso legislativo enfrenta una serie de trabas y dilaciones.
El proyecto de Ley de Fraccionamiento propone un nuevo esquema de distribución de cuotas entre el sector pesquero artesanal e industrial. Definida por el Ejecutivo como el «corazón» de la reforma y tramitada con urgencia, esta iniciativa busca modificar el fraccionamiento en 18 pesquerías, reduciendo la participación del sector industrial y aumentando la del sector artesanal en especies como la anchoveta, la sardina común, la merluza común y la jibia, entre otras. Este nuevo modelo regiría hasta el 2040 e incluirá ajustes anuales en función del desempeño de ambos sectores.
En octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, estableciendo un nuevo reparto de cuotas en favor del sector artesanal: 70% de la merluza, 90% de la jibia y 30% del jurel. Actualmente, la legislación otorga 60% de la merluza y 90% del jurel a la gran industria, mientras que el 80% de la jibia ya está fraccionada para el sector artesanal.
Sin embargo, tras su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discute mantener los porcentajes actuales de fraccionamiento, lo que significaría un retroceso en la redistribución y conservaría cuotas favorables al sector industrial. La postergación de la votación y las modificaciones propuestas buscan mantener el statu quo impuesto por la Ley Longueira.
La presión empresarial encuentra eco en el Senado, una institución antidemocrática que, tras años de saqueo del mar, sigue sincronizando la discusión con los intereses de la gran industria. Esto limita cualquier intento de medidas de reparación a los pescadores artesanales y a la vez perpetúa el impacto ambiental de la pesca de arrastre, la técnica usada por la industria pesquera, que destruye la biodiversidad marina y amenaza una de las bases económicas del país.
El Congreso se cierra, las calles y caletas se toman
Ante esta situación, la presión de los pescadores artesanales ha logrado avances en medidas como la Ley de Fraccionamiento. Si bien no responden plenamente a las necesidades laborales y ecológicas del sector, representan un avance paliativo que ha sido defendido en las calles, el escenario central y que cada vez se torna más decisiva.
El 30 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fraccionamiento con 111 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones. Esta votación ocurrió en un contexto de movilizaciones masivas, con pescadores rodeando el Congreso.
El 25 de marzo de 2025 se discutiría en el Senado y cerca de 4.000 pescadores se movilizaron hasta Valparaíso para exigir la tramitación de la ley. Buses provenientes de diversas regiones coparon Caleta Barón, desde donde miles de pescadores marchamos en columnas masivas hasta el Congreso, a pesar de la falta de convocatoria por parte de las principales confederaciones del sector.
Sin embargo, la dilación de la discusión en la Comisión de Hacienda impidió que el proyecto se votara en la sesión del Senado del martes 25, retrasando al menos dos semanas su tramitación para retomar discusión, mientras que decidieron convocar a “técnicos y expertos”, hecho que podría aplazar seis meses la posible votación. Este nuevo aplazamiento coincidió estratégicamente con la semana distrital, lo que desató una escalada de protestas. Enfrentamientos en las calles de Valparaíso, bloqueos de rutas, tomas de caletas y nuevas acciones durante la mañana del miércoles en la Región de Valparaíso, el Maule y Coquimbo, con varios sindicatos declarados en estado de alerta y movilización a lo largo del país.
Defender el trabajo y el mar. Solidaridad con los pescadores artesanales
Tras conocer la decisión de la Comisión de Hacienda, las organizaciones de pescadores comenzaron a definir la hoja de ruta para enfrentar la dilatación del proyecto, convocando asambleas sindicales y acciones inmediatas.
El avance de una nueva ley de fraccionamiento, tal como se ha expresado, no recuperará ni establecerá un nuevo marco legal que proteja el derecho al trabajo en las diversas labores que se desarrollan en las costas y en altamar del territorio chileno, las cuales dependen de una relación íntegra con una perspectiva ecológica, piedra angular de un sistema clave para la economía del país, es por eso que es un avance parcial pero se necesita la derogación de la Ley de Pesca. El cortoplacismo del extractivismo neoliberal no solo afecta a quienes trabajan directamente en el mar, sino que también perpetúa el saqueo empresarial y la debacle ambiental.
Por ello, quienes somos pescadores artesanales y militamos en el Movimiento Anticapitalista hacemos un llamado a la más amplia solidaridad y al apoyo de las acciones que se llevarán a cabo en los próximos días. El estado de alerta y movilización que emprendemos por la inmediata tramitación de la Ley de Fraccionamiento también implica avanzar en la discusión programática para la derogación de la Ley de Pesca, la prohibición de la pesca de arrastre, la protección y el reconocimiento de los derechos laborales fundamentales de todas y todos los trabajadores del mar. Asimismo, buscamos debatir un nuevo modelo de extracción pesquera que priorice la relación ecológica mediante las técnicas utilizadas por los pescadores artesanales, además de impulsar un plan que supere el extractivismo y permita construir un modelo ecológico, sustentable y de reconocimientos plenos laborales y sociales.
