Por Camilo Parada, militante del Movimiento Anticapitalista y nieto de Fernando Ortiz Letelier, ex secretario general de las Juventudes Comunistas, de la segunda Dirección Clandestina del PC y víctima de agentes de la DINA, entre ellos, de la represora Adriana Rivas.
Adriana Rivas fue una exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1974 mediante el Decreto Ley N° 521, dictado el 14 de junio de ese año. La DINA se constituyó como un servicio autónomo de seguridad e inteligencia, cuyo principal objetivo era la represión de militantes de izquierda. Esta organización estuvo integrada por personal de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y civiles provenientes de grupos de choque de la ultraderecha nacionalista. Su director nacional era el coronel del Ejército Manuel Contreras Sepúlveda, y Adriana Rivas se desempeñaba como su asistente personal.
Rivas está acusada de múltiples violaciones a los derechos humanos. Conocida como «La Chani», formaba parte de la Brigada Lautaro, conocida por su brutalidad, implicada en las matanzas ocurridas en el cuartel “Simón Bolívar”, un verdadero centro de tortura y exterminio.
El rol de “La Chani”
Adriana Rivas, conocida como «La Chani», formó parte activa de la maquinaria represiva de la DINA, un verdadero aparato de crímenes de lesa humanidad cuyo principal objetivo era erradicar cualquier forma de oposición a la dictadura de Pinochet. En este contexto, Rivas no solo desempeñó funciones administrativas, como sostiene su defensa, sino que estuvo directamente involucrada en crímenes de alta gravedad cometidos durante los años de la dictadura.
En su rol de secretaria de Manuel Contreras, uno de los hombres más poderosos y sanguinarios del régimen, Rivas tenía acceso a información crucial y participaba en la gestión de los operativos que resultaban en secuestros, torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos.
Las acusaciones contra Adriana Rivas son contundentes y han sido investigadas y documentadas por los familiares de sus víctimas, en colaboración con sus equipos jurídicos. Se le señala como coautora en varios casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos los de «Conferencia I» y «Conferencia II», dos episodios en los que se ejecutaron secuestros y torturas de manera sistemática. En estos casos, varios militantes de izquierda fueron detenidos ilegalmente y sometidos a graves vejaciones, hechos que evidencian la brutalidad con la que la dictadura enfrentó cualquier forma de oposición.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Reinalda Pereira, una joven militante del Partido Comunista, quien fue secuestrada y desaparecida a manos de la DINA en 1976. Según las pruebas presentadas por la justicia chilena, Rivas jugó un papel crucial en la organización y ejecución de este crimen. Además, está vinculada al secuestro y posterior desaparición de otras víctimas, como Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz. En todos estos casos, las víctimas fueron sometidas a torturas y, en muchos de ellos, sus paraderos siguen siendo desconocidos.
Proceso judicial y extradición dilatada
El proceso judicial que enfrenta Adriana Rivas en Australia se remonta a años de solicitudes formales de extradición por parte del Estado chileno, especialmente impulsadas por la demanda constante de las familias de las víctimas, que jamás han dejado de luchar por justicia. Es importante destacar que, sin la presión de las familias, sus equipos de abogados defensores de los derechos humanos y la solidaridad internacional, este proceso sería aún más lento, lo que contrasta con la celeridad con que el Estado ha actuado en otros casos, por ejemplo, la extradición de ex frentistas relacionados con el caso del ajusticiamiento del ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán.
La exagente de la DINA ha logrado eludir la justicia chilena mediante apelaciones y el aprovechamiento de lagunas legales en Australia, lo que ha dilatado el proceso. Además, se ha beneficiado de la falta de urgencia que, hasta ahora, no había mostrado el gobierno de Gabriel Boric para proceder con su extradición. Es importante señalar que la mayoría de las víctimas de Rivas eran militantes y miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista, partido que forma parte del conglomerado político que actualmente gobierna en Chile. También es relevante comprender que Australia ha tenido que considerar, dentro de su sistema judicial, las implicaciones de una extradición por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de una dictadura militar.
En este contexto, el Tribunal Federal de Australia revisará nuevamente el caso de Adriana Rivas, tras una nueva solicitud formal de extradición presentada por la Cancillería de Chile. Esta ha decidido dar prioridad al caso, reconociendo la urgencia de llevar ante la justicia a una de las figuras más crueles de la DINA. Como hemos destacado, esta decisión se debe a la presión incesante de las familias de las víctimas, que no han cesado en su lucha por la extradición de Rivas, considerándola un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y que hoy se ha logrado que el Ejecutivo cambie su política ante la urgencia de extradición.
Memoria, verdad, justicia y reparación
Adriana Rivas no solo representa la impunidad que ha marcado a muchas de las figuras de la dictadura, sino también la lucha incansable de las víctimas y sus familias por obtener justicia, a pesar de las décadas transcurridas desde el fin del régimen militar. Su caso refleja, además, el papel meramente declarativo de las autoridades, que han compartido el poder dentro de una democracia limitada y tutelada, fruto del pacto transicional que preservó la herencia del modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego, y garantizó la impunidad de los violadores de derechos humanos, tanto en dictadura como en democracia.
La acusación, el juzgamiento y la condena efectiva de esta criminal no son solo una cuestión legal, sino también una demanda ética de una sociedad que, aunque ha logrado avances en la recuperación de la memoria histórica a contrapelo de las políticas de olvido, todavía enfrenta la falta de justicia plena de un modelo que avala y reproduce todo tipo de injusticias que heredó de la dictadura.
Para las familias de las víctimas de la dictadura el caso de Rivas es solo uno de los muchos que aún esperan una resolución. Desde el Movimiento Anticapitalista afirmamos que esta lucha no puede ser únicamente de las familias; es una lucha que debe ser asumida por todo el cuerpo social: por los partidos de izquierda, los movimientos sociales y los sindicatos.
Los crímenes de lesa humanidad atacan a toda la humanidad, siguiendo la definición del derecho internacional en la materia. La justicia transicional promovida por Chile en los últimos años evidencia sus limitaciones dentro del marco del modelo neoliberal-capitalista. Figuras como Rivas y muchas otras siguen eludiendo el peso de la ley, no solo por los pactos de silencio y las macabras redes de apoyo de estos asesinos, sino también por la constitución de nuestro modelo, que es heredero de la misma dictadura que promovió la tortura y el exterminio. Las mismas instituciones que operaban en la dictadura fueron absorbidas por el cuerpo represivo militar y policial, replicando métodos que volvieron a ser utilizados durante la rebelión de 2019.
La historia de la criminal Adriana Rivas es también la historia de una dictadura que utilizó la barbarie como método político y que sigue dejando huellas profundas en la sociedad chilena. El modelo impuesto a través de las violaciones a los derechos humanos sigue vigente hasta el día de hoy. Su extradición, ahora más cercana que nunca, requiere de la mayor presión social y política para lograrla. Es un avance pequeño pero significativo en la lucha contra la impunidad y en la reivindicación de las víctimas de la dictadura.
En este sentido, desde el Movimiento Anticapitalista, sección chilena de la Liga Internacional Socialista, hacemos un llamado a las organizaciones sociales y políticas de Australia y Chile, así como al amplio conjunto de la izquierda y los movimientos sociales de todo el mundo, a solidarizar con esta lucha y a presionar a la justicia australiana para dar celeridad a la extradición de esta agente de la dictadura, avanzando en su juzgamiento y condena a cárcel común.
