Se cumple un quinto aniversario de la rebelión del 2019, y en un contexto marcado por una crisis institucional y de sus representantes, el conjunto del arco político del régimen se encuentra experimentando tensiones significativas, expresando la decadencia del modelo que impugnó la revuelta. Un interregno de frágil equilibrio, polarización social, la ultraderecha se postula y la necesidad de alternativa de izquierda anticapitalista.
Por J. M, Movimiento Anticapitalista
La sobrevida del modelo heredado del pinochetismo
En los últimos días las principales editoriales burguesas y las encuestas han intentado demostrar una apreciación negativa frente a la rebelión del 2019, una opinión transversal al momento político que se generó tras el Acuerdo por la paz y la nueva constitución que firmó el conjunto del arco político para dar una salida institucional a las demandas callejeras, es decir, la orientación para fomentar una restauración del régimen y otorgarle una nueva legitimidad es parte de la disputa por retomar el impulso con una agenda que intente superar la grieta abierta tras la rebelión. Una nueva etapa en el país que desestabilizó la “normalidad” de los 30 años”.
Han pasado cinco años y, si bien el ánimo social está desmovilizado, el equilibrio es frágil. Tras la filtración del Caso Audios, se abrió una verdadera caja de Pandora que aterroriza al régimen. Luis Hermosilla, el influyente abogado vinculado a los intereses de la burguesía y a su nexo con los partidos políticos de la derecha, además de ser ex asesor del gobierno de Piñera, ha desencadenado una de las mayores crisis institucionales de la postdictadura, generando un fuerte terremoto que refleja la descomposición del régimen, especialmente en la coalición de derecha tradicional Chile Vamos.
El sistema judicial, la fiscalía y el negocio con el gran empresario, a través de la secretaría de Hermosilla, demostraron su vínculo corrupto. El fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió haber tenido conversaciones y encuentros con el abogado Luis Hermosilla y con el exministro del Interior, primo de Piñera y bastión de la UDI, Andrés Chadwick. Así, tras bambalinas y con maletas sobre la mesa, negociaron los “casos VIP” de la política para garantizar la impunidad. La ola expansiva aún está por verse en su dimensión total, aunque ya avanza con fuerza: Hermosilla detenido, Chadwick renunciando a la UDI y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada constitucionalmente.
Y si no fuera poco, tras conocerse el sueldo de la exministra de Educación del gobierno de Piñera, Marcela Cubillos, de casi 17 millones de pesos por parte de la Universidad San Sebastián, se revela que esta institución servía como “sala de espera” entre campañas para los políticos de derecha. Además, una vez más Andrés Chadwick es parte del entramado al formar parte del directorio de la universidad privada.
Estos casos son un claro ejemplo del porqué de la impugnación social del 2019 contra el modelo heredado de la dictadura, donde la privatización de los derechos básicos a través de una democracia tutelada genera intrínsecamente corrupción, un matrimonio entre el gran capital y la casta política. El poder judicial se comporta como una verdadera mafia, creando una justicia para ricos y otra para pobres. El sistema educacional, financiado a través de la deuda estudiantil y el dinero estatal, enriquece a la banca y al empresariado de la educación en detrimento de un derecho fundamental. Todo esto ocurre en un contexto de carestía de la vida y una profundización de la precarización social.
La coyuntura se inscribe en una etapa de frágil equilibrio y polarización social, donde el salto de crisis de representación evoca un momento caracterizado, por un lado, por una frágil calma social y, por otro, por la imposibilidad de recomposición del régimen moldeado bajo el terror de la dictadura que suma capítulos en su descomposición. Esto marca la situación inscrita en la etapa abierta en el país desde 2019.
Crisis, polarización y rebeliones
El 18 de octubre de 2019 estalló en el país un modelo que fue sostenido por la “transición” y la alternancia entre la derecha y la Concertación que, con ciertos matices, se encargaron de mantener y profundizar el capitalismo extractivista y neoliberal, alardeando de sus resultados y proclamando que estábamos en el “oasis” del continente. La dinámica expresó la profunda radicalidad del proceso: autoorganización, autodefensa y dos huelgas generales. Las consignas de “fuera Piñera” y “una nueva constitución” ejemplificaban la grieta profunda. Una nueva etapa se abría en nuestro país, la correlación de fuerzas cambia y se dinamitaba la “normalidad” capitalista.
El Acuerdo por la paz fue la unidad integral para mantener los pilares fundamentales del régimen sin modificar, alejando la política de las calles y condicionándole fórceps para llevarla a los límites de la actual institucionalidad. Aún así, fracasadas las dos convenciones, estamos en un punto que describimos anteriormente y que la burguesía teme y debate.
Las condiciones son distintas al preámbulo del 2019, pero la realidad es que la actual crisis de la institucionalidad golpea a la principal coalición de derecha, mientras que el gobierno está presidido por el Frente Amplio, con una formación compuesta principalmente por exponentes de la ex Concertación. Además, atravesamos una crisis de seguridad, marcada por una agenda represiva común del régimen que acentúa la polarización y desplaza el debate hacia la derecha con más xenofobia y discursos reaccionarios. La falta de presión social en las calles, resultado de la política desmovilizadora de las principales direcciones, permite que la ultraderecha se postule como una alternativa a través de los canales electorales.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, en su última edición, planteó que el 59% detecta un empeoramiento de la situación del país en los últimos años[i], datos que son sintomáticos de opiniones como la que plantea el abogado y cientista político e histórico de la Democracia Cristiana, Carlos Huneeus: “Estamos en el peor momento de nuestro sistema democrático. La opinión pública es muy crítica y viene desde hace mucho tiempo”[ii].
La burguesía discute las tensiones sociales y hasta dónde puede llegar la nueva situación. Lo cierto es que la realidad es inestable y las salidas políticas dentro del régimen actual son limitadas, en un contexto de crisis económica global y debilitamiento de las instituciones tradicionales. Por lo tanto, una expresión disruptiva como la de octubre no puede ser descartada; es por esto que el balance político se vuelve central.
Lecciones de octubre y propuestas para transformar todo
El interregno que atravesamos se discute en la burguesía a nivel local y a nivel mundial, la agenda se ha movido a derecha entre las principales coaliciones de la centroizquierda como lo expresa el gobierno de Gabriel Boric, abriendo paso sin resistencia a la ultraderecha. Ejemplos sobran en la región y en el globo.
Por esto, las lecciones de octubre son fundamentales. La semi-espontaneidad de la rebelión popular no es suficiente para canalizar las energías revolucionarias de las calles insurrectas; es necesario anticiparnos como reservas organizativas para los momentos decisivos. Esta primera lección no solo es una necesidad prioritaria para avanzar, sino que también se vuelve urgente para frenar a la ultraderecha que, al fomentar discursos reaccionarios y supuestamente en una posición “anti castas”, canaliza el descontento que genera el autodenominado progresismo que administra lo actual. Se trata de una tarea doble: frenar sin titubeos las políticas neoliberales del gobierno y enfrentar directamente a los fachos. Es decir, proponer militancia anticapitalista, socialista, democrática y de clase para retomar las calles.
A su vez, la agenda propuesta como programa de las calles que surgió en octubre es necesaria retomarla: trabajo, salud, educación y vivienda garantizado por el Estado, gratuito y con acceso universal, no más AFP. Derecho al pleno empleo erradicando la cesantía a través del reparto de las horas de trabajo para todas y todos, por el desarrollo de obras públicas y planes de inclusión y empleo para la juventud. Sueldo mínimo acorde a la canasta familiar. Plena autonomía del sindicalismo de cualquier organismo estatal, negociación por rama y democracia sindical. Por todos los derechos para las mujeres y disidencias, por plena igualdad en todos los ámbitos; Derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito en el sistema de salud. Sistema único y plurinacional de cuidados, que socialice las labores reproductivas y de cuidado que hoy ejercen las mujeres como mandato social. Plan de transición, bajo control social y territorial del actual modelo energético y productivo a otro basado en energías limpias y renovables. Ley de emergencia climática para la reducción cualitativa e inmediata de la emisión de gases de efecto invernadero, en el camino de su eliminación. Contra la impunidad de ayer y hoy: desmantelamiento de las fuerzas represivas; Impulso a una seguridad democrática, con gestión social, sin privilegios de ningún tipo en relación a las mayorías trabajadoras.
Octubre sigue presente, sus lecciones son parte de la acumulación histórica de nuestros pueblos. Con esta hoja de ruta, proponemos la más amplia unidad para afrontar los desafíos del presente, desmantelando la herencia de la dictadura y avanzando en la transformación radical de la sociedad, el desafío es reconstruir una fuerte organización revolucionaria. Este es un camino que requiere la voluntad de muchas y muchos, sintetizando colectivamente sin dogmatismo ni sectarismo. Corren tiempos de urgencia, y es fundamental sumar organización. En ese trayecto, construimos el Movimiento Anticapitalista en Chile y la Liga Internacional Socialista en los cinco continentes.
[i] https://elpais.com/chile/2024-08-14/el-informe-pnud-dice-que-el-57-de-los-chilenos-quiere-cambios-profundos-pero-graduales.html
[ii] https://www.elmostrador.cl/noticias/2024/09/16/huneeus-lo-peor-para-el-sistema-politico-es-hacer-esta-seguidilla-de-acusaciones-constitucionales/
