En 1973 se produjo el trágico final de la experiencia de la Unidad Popular, un proceso que representaba una acumulación histórica del movimiento obrero en el país. La “vía pacífica al socialismo” chocó con el ímpetu revolucionario del pueblo, que enfrentaba la ofensiva de la burguesía local y el imperialismo. Reflexionar sobre el pasado para extraer lecciones para el presente es fundamental en un contexto de polarización política y social a 51 años del golpe cívico-militar.
Por J.M., Movimiento Anticapitalista
Entre los límites de la UP y el pueblo en revolución
Salvador Allende asumió la presidencia de Chile en 1970 con el apoyo de la Unidad Popular (UP), una coalición encabezada por el Partido Socialista y el Partido Comunista. Esta coalición reflejaba la creciente radicalización de la clase obrera y los sectores populares, en sintonía con un mundo en agitación. Los eventos de mayo en París y la Primavera de Praga en 1968, el Cordobazo en Argentina en 1969, y las movilizaciones en Bolivia en 1971, demostraban la inclinación hacia la acción en las calles a nivel global.
La victoria de la UP representó un cambio significativo en el panorama político chileno, marcando el inicio de un nuevo periodo caracterizado por intentos de profundizar reformas sociales y económicas. Este ascenso fue el resultado de años de luchas intensificadas y un fortalecimiento del movimiento de masas y sus organizaciones.
Desde el triunfo de Salvador Allende en 1970, se empieza a manifestar el problema del poder en Chile, con una clara polarización entre las fuerzas políticas y sociales. Por un lado, la clase trabajadora y sus vanguardias políticas, que se encontraban desafiando los límites de la “Vía pacífica” en búsqueda de transformaciones sistémicas. Por otro lado, una coalición de la burguesía chilena, sus partidos de derecha, la Democracia Cristiana, el imperialismo y las fuerzas armadas, que se oponían férreamente a las reformas propuestas por el gobierno de la UP. Allende y la UP, acorde a la “Vía pacífica, impulsaban reformas a través de los canales institucionales, adoptando una postura conciliadora, acordando con el Congreso y entregando confianzas a las fuerzas armadas.
Entre reformas que impulsó la UP destacaron la nacionalización del cobre y la reforma agraria, promovidas dentro de un marco legal y constitucional. Estas medidas, positivas paras las mayorías populares, desencadenaron una fuerte reacción de las fuerzas opositoras que cuestionaban y boicoteaban el avance de estas políticas, a la vez la burguesía veía con preocupación el avance de la autoorganización obrera y popular. En este interregno, la política reformista y de conciliación de clases en la estrategia de Allende se convirtió en un terreno para los preparativos golpistas.
Ante las vacilaciones a las direcciones de la UP, la respuesta popular no titubeó. Los trabajadores y los sectores populares tomaron la iniciativa y se movilizaron con firmeza, manifestando lo cualitativo del proceso que transitaba el país, expresándose ante el paro patronal de octubre de 1972, donde, en respuesta a la reacción, los trabajadores no solo regresaron a sus fábricas, también las ocuparon bajo gestión obrera, desarrollándose las instancias de autoorganización conocida como los Cordones Industriales.
El clima político y social en Chile durante los meses previos al golpe de estado de septiembre de 1973 estaba marcado por una creciente tensión y polarización. La situación alcanzó un punto crítico el 29 de junio de 1973, cuando se produjo un intento de golpe de estado conocido como el «tanquetazo«. El ensayo general de la burguesía.
En julio de 1973, se vivió una oleada de ocupaciones masivas de fábricas para enfrentar el desabastecimiento, la inflación y la escasez, junto con una reconversión de la producción en algunas empresas para desarrollar armamento. La autoorganización obrera a través de los Cordones Industriales se preparaba y coordinaba colaborando en conjunto a Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) en la planificación de la reorganización económica a partir de las necesidades sociales. Gérmenes de un incipiente organismo de poder dual.
En un intento de resolver la crisis, Allende convocó un plebiscito. En paralelo, impulsó la Ley de Control de Armas, que se implementó en ese contexto, la dirección de la UP volvía a llamar a confiar en las fuerzas armadas. Esta ley se convirtió en un instrumento que las fuerzas burguesas, especialmente las Fuerzas Armadas, utilizaron para justificar allanamientos y la búsqueda de armamento en las fábricas. Esta trama de desestabilización y represión consolidó los movimientos que finalmente llevarían al golpe decisivo, sellando el destino del gobierno de Allende y del proyecto de la Unidad Popular.
El 5 de septiembre de 1973, los Cordones Industriales escribieron una carta al presidente, remarcando lo inevitable:
“Antes teníamos el temor de que el proceso hacia el socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático-burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de conservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese; ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo”[i].
El golpe, Pinochet y su herencia
El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, apoyado por la burguesía chilena y el intervencionismo imperialista, puso fin al a la experiencia de la Unidad Popular e instauró una dictadura sangrienta. Este régimen intentó borrar la experiencia revolucionaria del país, estableciendo un régimen de terror y represión. La dictadura se caracterizó por la brutalidad en las violaciones de derechos humanos para cortar de raíz la acumulación histórica del movimiento popular y en simultaneo poder implementar una verdadera contrarrevolución capitalista que cimentó los pilares del país hasta la actualidad.
El régimen dictatorial instituyó un verdadero terrorismo de Estado, donde la represión se convirtió en la norma. Miles de personas fueron objeto de detenciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Además, Chile experimentó una radical transformación económica a través de la imposición de un modelo neoliberal diseñado por los “Chicago Boys”. Esta contrarrevolución capitalista se implementó con una brutalidad sin precedentes, marcando un cambio drástico en la estructura económica del país. La privatización masiva de empresas estatales y la liberalización del mercado en detrimento a los derechos fundamentales. Las contrarreformas favorecieron a grandes conglomerados empresariales y redujeron drásticamente el papel del Estado en la protección social, resultando en la privatización de derechos esenciales como la educación, la salud y la seguridad social.
Esta contrarrevolución se gestó en dictadura, aunque se consolidó en la “transición”, al conservar los parámetros económicos e institucionales que implementó el terror y que fue aceptada ampliamente por la Concertación en 1990 tras el plebiscito del “Si” y el “No” a la continuidad de Pinochet.
La Constitución de 1980, instaurada por la dictadura, previó una transición controlada hacia un régimen que mantiene un carácter bonapartista al tiempo que incorpora elementos democrático-burgueses. Según los términos de esta Constitución, el régimen presenta los rasgos centrales que en la actualidad se han ido profundizándose, a la vez que, los representantes de turno garantizaron la impunidad de los violadores de derechos humanos.
Esta es la política de los “30 años” que impugnó la rebelión del 2019 y que marcó un momento crucial en la historia reciente de Chile. La respuesta de la Concertación y el Frente Amplio, con el Acuerdo por la Paz, desvió el potencial de cambio social hacia una institucionalidad alejada del ímpetu de la autoorganización que surgía en las calles durante la revuelta. La posibilidad de una transformación fue sacrificada en favor de mantener el régimen constituido en dictadura, es decir, reactualizaron las políticas de la transición. El resultado, además, es la perseveración de las violaciones de derechos humanos, fomentando la impunidad de agentes del Estado que asesinaron en democracia, mientras revitalizó una derecha que estaba en el suelo al permitirle un nuevo oxígeno.
Ayer y hoy: Contra la derecha y el negacionismo. Organización anticapitalista para transformar todo
El repaso histórico tiene como objetivo extraer conclusiones sobre un proceso que, anunciado como la «vía pacífica al socialismo», terminó en una tragedia de dimensiones devastadoras con consecuencias perdurables hasta hoy. A pesar del inmenso apoyo y la fuerza de la clase obrera y del movimiento popular, el sueño de una transformación socialista durante los años de la UP concluyó con la pérdida de varas miles de vidas, la destrucción de las organizaciones de nuestra clase, la pérdida de conquistas sociales y el establecimiento de una dictadura de 17 años.
Trotsky, al analizar la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 enfatizaba que, sin la existencia de una dirección revolucionaria como el Partido Bolchevique, la energía de las masas se hubiera disipado en estallidos aislados sin lograr el triunfo de la revolución. En Chile, esa dirección revolucionaria no estuvo presente. El Partido Socialista y el Partido Comunista, a lo largo de todo el proceso, mantuvieron una concepción reformista que se limitó a operar dentro de los confines del régimen democrático burgués, sin desafiar de manera efectiva el sistema establecido
En otros términos, la rebelión del 2019 y las circunstancias sociales posteriores, expresaron una conclusión similar, los pueblos se rebelan, luchan, pero necesitamos nuestra propia herramienta política para dar el paso definitivo para que las reservas sociales transformadoras no se diluyan.
Esta tarea, construir una organización revolucionaria, es una necesidad histórica y se expresa en la actualidad, mientras el gobierno de Gabriel Boric promueve acuerdos con la derecha que incluyen más represión, extractivismo y políticas neoliberales. Las demandas populares que llevaron a Boric a la presidencia han sido ignoradas, creando un vacío que ha sido hábilmente aprovechado por la extrema derecha en una situación de crisis económica que golpea a las mayorías. Este sector, alimentando falsamente banderas de oposición, está recuperando terreno en un contexto donde un «progresismo» que se ha alineado con políticas de continuidad neoliberal.
A 51 años del golpe de estado, la realidad de la represión y la profundización neoliberal sigue presente. El reciente asesinato de un joven manifestante durante la romería conmemorativa del 11 de septiembre es un recordatorio brutal del negacionismo. Mientras tanto, el Partido Republicano se anima a difundir un video que reivindica al dictador, y en todo el mundo, surgen expresiones de ultraderecha que revelan una tendencia alarmante hacia el autoritarismo y la barbarie.
Esta situación refleja un sistema en decadencia que, al enfrentar su crisis, recurre a la promoción de la ultraderecha para intentar dar riendas sueltas a sus planes para recuperar un nuevo ciclo de acumulación capitalista, situación que no es unilateral, ya que la resistencia social es un polo constante en la situación global. Ante el avance de la derecha los pueblos responden.
Al mismo tiempo que enfrentamos las políticas propatronales del gobierno y activamos en frenar a la ultraderecha, es fundamental abrir un espacio de debate y diálogo entre quienes nos reclamamos de la izquierda revolucionaria, evitando sectarismos y autoproclamaciones, y trascendiendo una visión dogmática de la historia. Debemos respetar las tradiciones y culturas que conforman el campo transformador y aprender de ellas para superar el estado actual de la izquierda, construyendo una corriente que no colabore con el capital, asumiendo una lección histórica: “Estamos absolutamente convencidos de que históricamente el reformismo que se busca a través del diálogo con los que nos han traicionado una y otra vez, es el camino más rápido hacia el fascismo”, como alertó la Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende que sigue con una vigencia transcendental.
Es esencial discutir qué tipo de organización necesitamos para el presente, impulsando una organización que fomente una vida militante democrática, en la que todo se delibere de manera abierta y se pueda sintetizar colectivamente, combatiendo la burocracia y promoviendo la participación activa. Al mismo tiempo, debe ser ecosocialista, rechazando el viejo productivismo estalinista y abordando de manera efectiva el colapso ambiental promovido por el capitalismo. Además, la organización debe ser feminista y disidente, cuestionando el matrimonio capitalista-patriarcal del sistema de reproducción social. Es fundamental que sea profundamente obrera y popular, con la clase obrera como bloque social central, articulando la juventud rebelde y retomando la experiencia de autoorganización de los Cordones Industriales como nuestro motor estratégico. Debe ser profundamente internacionalista, militando sin respetar fronteras en la lucha contra el capital, demostrando solidaridad entre los pueblos y oponiéndose a los imperialismos que disputan el dominio global.
En resumen, necesitamos reconstruir una izquierda anticapitalista y socialista que recupere la experiencia roja de nuestra historia sin caer en dogmatismos, y que proponga alternativas para el siglo XXI. Con esta hoja de ruta, aportamos desde el Movimiento Anticapitalista en Chile y junto a la Liga Internacional Socialista nos organizamos a nivel global. A 51 años del golpe: ni perdón, ni olvido, jamás reconciliación. Nuestro homenaje es impulsar organización para transformar todo
[i] Carta de los Cordones Industriales al presidente Salvador Allende: https://anticapitalistas.cl/2023/09/05/a-50-anos-del-golpe-carta-de-los-cordones-industriales-a-allende/
