En vísperas de un nuevo 1° de mayo, el telón es un escenario de larga crisis que afecta directamente la vida de las mayorías. El gobierno celebra la relativa estabilización de la inflación, pero ¿Cuál es la realidad? Asimismo, la reducción de la jornada laboral ya muestra las consecuencias de un proyecto a medida del empresariado. Cierre de fábricas, aumento de la cesantía y una agenda cada vez más a la derecha. Nuestra opinión y propuestas para que la crisis la paguen quienes la generaron: los capitalistas.
Por M.A
Un breve balance del gobierno de Boric: 40 horas e inflación entre el relato del oficialista y la realidad de la clase trabajadora
Uno de los proyectos emblemáticos promovidos por uno de los principales partidos del gobierno, el PC, durante las elecciones y luego en el poder, fue la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Esta consigna fue una de las pocas que persistió una vez que Gabriel Boric asumió la presidencia, la implementación de la ley se constituyó como medida para responder a la crisis económica exacerbada por la pandemia y un contexto de fractura social, como eco de la rebelión. En términos concretos, después de un diálogo con el mundo empresarial y bajo un discurso progresista, se diseñó y posteriormente se aprobó la reducción de la jornada en las cuatro paredes del Congreso, con un amplio apoyo que abarcó desde el PC hasta la derecha pinochetista, gracias a las concesiones en materia de flexibilidad laboral que cambian completamente el espíritu de la reducción del tiempo de trabajo que impuso el gran empresariado. La tragedia había sido anunciada.
Con este esquema, el 26 de abril entró en vigor la ley que establece una reducción paulatina de la jornada laboral. Este año correspondía avanzar a las 44 horas semanales, pero ¿qué sucedió? En un reciente artículo de La Fundación Sol responde: «aparecieron denuncias desde los sindicatos de que las empresas estaban implementando la norma de manera ‘burlesca’: reduciendo 12 minutos cada día. Doce minutos por 5 días equivalen a 1 hora, que es lo que se exige en esta fase. Si antes se salía, por ejemplo, a las 18:00 horas, ahora sería a las 17:48 horas».
Y no solo eso, también las denuncias apuntaron a que el empresariado impuso la implementación de los 12 minutos en el horario de colación, que no es remunerado, utilizando los artículos proporcionados por la ley. “Es decir, por ejemplo, pensemos en una situación inicial en donde la hora de colación es entre las 13:00 y las 14:00 y, la hora de salida del trabajo a las 18:00. Ahora, la situación sería: hora de colación entre las 13:00 y las 14:12 y, la hora de salida es 12 minutos antes, o sea, 17:48, pero, cómo 12 minutos más para colación (que no son pagados), la hora de salida sigue siendo a las 18:00”.
La respuesta al porqué se permite esta situación tiene que ver con una demanda del capital que se intensificó tras la pandemia: la extrema flexibilidad laboral. Por eso, el amplio abanico del arco parlamentario coincidió con la propuesta del Partido Comunista y el Frente Amplio, que, en otras palabras, legalizó estas prácticas que son una burla para las mayorías que dependemos de nuestro trabajo. La propia ley expresa: “la adecuación de la jornada laboral diaria, a fin de cumplir con los nuevos límites de horas semanales establecidos en el Código del Trabajo y en el artículo primero transitorio de la presente ley, deberá efectuarse de común acuerdo entre las partes o a través de organizaciones sindicales en representación de sus afiliados y afiliadas. A falta de dicho acuerdo, el empleador o empleadora, deberá efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo, considerando para ello la distribución semanal de la jornada”.
Esta ley es una sentencia al cuello del trabajador, ya que en nuestro país la destrucción de la organización obrera con las políticas de la transición y la ilegalidad de la huelga como medida de presión sindical han socavado cualquier posibilidad de negociación con la patronal. El 81% no está sindicalizado en el sector privado, mientras que la legalidad sindical termina siendo una correa de transmisión del empresariado. No había que ser un aprendiz de brujo para saber las consecuencias letales para la clase trabajadora de un proyecto diseñado a medida del capital.
Siguiendo la lógica del manto progresista sobre políticas neoliberales, podemos observarla en la reactivación económica prometida tras la pandemia, donde la reducción de la inflación se convirtió en el estandarte del ministro de Hacienda, Mario Marcel. En el mes de marzo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó cifras económicas que respaldaron el discurso optimista del gobierno. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) varió un 0,4%, alcanzando un 3,7% en los últimos 12 meses. Para Marcel, esta variación es significativa en comparación con febrero, cuando alcanzó el 4,5%.
Tras estos datos que asumió la editorial del gobierno, se evidencia una política que no solo se implementa en Chile tras el impacto de la pandemia, sino que también se observa a nivel global: una limitación del consumo mediante una contracción monetaria que implica el aumento de las tasas de interés, encareciendo así los créditos. Entre el período 2022-2023, el aumento de las tasas osciló entre el 10% y el 14%.
Esta política del Banco Central, respaldada por el gobierno, genera una dualidad en la realidad económica. Por un lado, se promueve un discurso de relativa recuperación, mientras que, por otro, la contracción monetaria impacta directamente en los bolsillos de la clase trabajadora, ahí sintetizan los números “positivos”. En concreto, esta situación oculta el constante y proporcional aumento del costo de la canasta básica, en un contexto de desvalorización del salario y un incremento significativo de la cesantía. Este escenario se ve agravado por un problema mayor: la alta morosidad en Chile, que ha alcanzado niveles históricos. Durante el 2023, se estimó que un 26,4% de los mayores de edad tienen deudas con algún banco o entidad financiera. La relación causa-efecto es clara y directa, la pagamos quienes trabajamos.
Es evidente que la crisis subyace y se expresa cotidianamente entre las mayorías sociales, mientras que la apuesta mediática consiste en adoptar una agenda que busca resultados ficticios al tiempo que impulsa una política criminalizadora y xenófoba para desviar la atención de los problemas económicos que enfrentamos a diario. Este escenario representa una agenda discursiva y programática de derecha disfrazada con ropajes progresistas, como lo demuestran los datos inflacionarios y la implementación del proyecto de las 40 horas.
En el actual contexto de una fuerte crisis internacional del sistema capitalista, es evidente que la lucha por la reducción del tiempo de trabajo se convierte en una batalla de la clase trabajadora. Sin embargo, debe ser una reducción genuina, sin trampas ni concesiones que sirvan de pretexto a un empresariado que nunca ha velado por los intereses de los trabajadores. Este empresariado, que recorta puestos de trabajo a la menor oportunidad o hace que los trabajadores paguen por su propia crisis.
Nuestra propuesta es la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, como primer paso hacia las 30 horas, sin pérdida salarial. Esta medida no solo busca combatir el desempleo, sino también garantizar el disfrute de un tiempo libre de calidad para nuestra clase trabajadora. Este tiempo libre proporcionaría espacios para la organización, el ocio, la cultura, el deporte, la vida familiar, y demás aspectos fundamentales para una vida plena.
El paro adormecido de la CUT vs. las luchas en alza
Transcurridos los dos años del gobierno de Boric, no hay duda del abandono del programa inicial que promovió en campaña y del cual las direcciones de la CUT, controladas por los partidos que hoy conforman el gobierno, justificaron su apoyo durante las elecciones. Es evidente que, la crisis de representatividad y la incapacidad de implementar ciertos aspectos programáticos, además de la falta de respuesta ante los ataques directos de la patronal a la clase trabajadora por parte de Boric, la CUT se vio obligada a movilizarse el pasado 11 de abril con un petitorio difuso y confuso, sin garantizar un paro efectivo. ¿Se trató de una presión real o simplemente un impulso electoral?
En el punto anterior hicimos un breve balance de los principales anuncios que perjudican a la clase trabajadora, los cuales también sirven como expresión de las políticas de gobierno (en términos de discurso y orientación). Sin embargo, estas medidas no logran abordar completamente las diversas facetas que se han acumulado a lo largo de los años bajo el neoliberalismo gestionado por diversos representantes del capital.
Esta situación se manifiesta en la destrucción del empleo, que se ha intensificado en el último periodo con la liberalización de la economía para permitir nuevas incursiones los imperialismos en disputa por el territorio de expansión. Las consecuencias sociales, laborales y también ambientales se retroalimentan, dando lugar al cierre de fábricas para abrir paso a una mayor tercerización y flexibilización bajo el control de transnacionales. Este proceso no se detuvo en los años 90 y, tras cada contracción económica, observamos un impulso en esta dirección.
Un ejemplo reciente es el desmantelamiento de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) con el cierre indefinido de Huachipato. Aunque se logró un primer revés en la disputa judicial sobre las tasas de interés para las compañías chinas acusando dumping, es decir en vender un 40% menos que el mercado el acero, esto deja a 22.000 trabajadores y sus familias expuestas. Esta tensión se profundiza cada día y las posibilidades de un rescate se ven obstaculizadas por las restricciones del libre mercado, lo que haría imposible mantener activa la acerera. Las grandes movilizaciones en Concepción lograron mantener en funcionamiento, pero está el acecho del cierre definitivo.
En la misma región del Biobío, han comenzado las manifestaciones portuarias debido a la amenaza de reducción de personal por parte de los grandes grupos empresariales de las familias Angelini, Elgueta y Von Appen. En los medios de comunicación, el empresariado acusa a los trabajadores de resistirse a la implementación de políticas sobre alcohol y drogas en los puertos. Este argumento oculta un avance hacia la precarización laboral, con el intento de eliminar una conquista obtenida por las luchas portuarias: el sistema de designación de la cantidad de trabajadores por faena, conocido como «nombrada». La normativa impulsada por la patronal busca eliminar la «nombrada» y avanzar hacia la reducción del personal.
En respuesta, la Unión Portuaria de la Región convocó a un paro el 19 de abril que involucró a diversos puertos y movilizó a más de 2.000 trabajadores por el Gran Concepción. Esta acción se suma al paro nacional de puertos a principios de abril, que fue una medida de advertencia ante los ataques patronales sufridos debido al incumplimiento del gobierno de Boric con el sector. En su comunicado, la Unión Portuaria, llamando al paro expresó: “hace menos de un mes denunciamos que debido a la descarbonización del país, alrededor de 100 portuarios de Tocopilla quedaban sin empleo. En dicha ocasión, emplazamos al Comité Interministerial de Transición Socio-ecológica Justa a reunirse con los portuarios y buscar una salida estructural que no es otra cosa que una verdadera transición justa … El presidente Boric, apenas asumir, hizo compromisos y prometió agenda, incumplida hasta ahora. El Gobierno es el responsable político de estas movilizaciones. Exigimos respuestas basadas en la planificación y no en la improvisación”. Una vez más, los trabajadores portuarios se convierten en actores protagónicos al amplificar los problemas sociales que enfrenta el país.
Es evidente que crece la presión social y las amenazas empresariales están siendo respondidas por los sectores organizados de la clase obrera. Sin embargo, la CUT no ha respondido de manera efectiva ni tampoco declarativamente. Pero la presión es fuerte, por eso una de las medidas adoptadas para hacerse cargo de la situación fue el paro del 11 de abril como medida de descomprensión, pero este llamado careció de garantías como asambleas de base, coordinaciones o un plan de lucha. Además, el petitorio presentado fue abstracto y se alejó de las problemáticas sociales con una salida concreta a la cesantía, alza del costo de la vida, tampoco demostrando solidaridad con Huachipato ni con los portuarios.
Al contrario, se trata de una presión para la derecha en un año electoral, así expresa el Manifiesto Social, firmado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de la Salud Pública (Ancosalud), la Mesa Intersindical del Transporte Público (MITP), Convergencia Nacional de Gremios Pyme y Cooperativas de Chile, la Coordinadora Metropolitana Nacional de Pobladores y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), si bien se constituye en una línea de exigencia a Boric, este manifiesto se preocupa por las iniciativas del gobierno estancadas y la ofensiva de la derecha, exigiendo volver a las promesas de reforma iniciales para hacerse cargo de la cesantía, así lo expresa: “volver al contenido inicial de las dos grandes reformas de su programa, desfiguradas por el chantaje político de la derecha y la falta de unidad del oficialismo. A los chilenos les urge una Reforma Tributaria que de verdad haga justicia y permita resolver las grandes desigualdades que seguimos viviendo; y una reforma al sistema de pensiones que garantice una jubilación digna para la vejez”.
Lejos están las propuestas concretas para afrontar la crisis y la solidaridad con quienes se movilizan, así como el impulso de un plan de luchas que vaya más allá de lo testimonial. La burocracia de la CUT sigue siendo una correa de transmisión del gobierno de turno, que busca un nuevo posicionamiento en medio del deterioro social y del surgimiento de movilizaciones de trabajadores. En este contexto, el manifiesto también incluye puntos centrales de la agenda impuesta por la derecha, como la seguridad, en una petición que resulta escandalosa: “Demandamos que hoy carabineros de Chile, cuente no solo con mayor dotación si no con mejores condiciones” ¡La principal central sindical pidiendo más pacos y más recursos para la represión!
1° de Mayo: reconstruir las fuerzas obreras impulsando una nueva izquierda anticapitalista y socialista
La demostración del paro y su petitorio de la CUT es el resultado del abandono de las políticas de izquierda por parte de la dirección del Partido Comunista, que se ha conformado con ostentar puestos burocráticos en sindicatos y ahora en el gobierno. Ya no representa a la clase trabajadora, vaciando de contenido la organización obrera y convirtiendo la CUT en un verdadero cascarón vacío.
Pero existen fuerzas más allá de las direcciones, como lo demuestran los portuarios, los estudiantes y las calles. Sin embargo, para coordinar las luchas, es necesario hacer frente a la tarea histórica crucial que enfrentamos en este momento: la reconstrucción de las fuerzas de nuestra clase, es decir, una fuerte alternativa política anticapitalista y socialista que luche por:
- Frenar la inflación: levantar en primer lugar, aumento general de salarios, equivalentes al costo real de vida e indexable cada tres meses de forma automática a la evolución.
- En defensa del derecho social al trabajo, ocupación de toda empresa que cierre o despida. Control obrero, apertura de los libros contables. Abolición del secreto comercial. Expropiación y estatización sin indemnización, bajo gestión de sus trabajadores. Solidaridad con las y los trabajadores de Huachipato.
- Reforma impositiva integral: eliminación de todos los impuestos al consumo popular y gravar de forma permanente y progresivo a las grandes fortunas corporativas e individuales.
- No más AFP. En defensa del sistema previsional solidario, de las jubilaciones y pensiones, no como “subsidio a la vejez”, sino como salario diferido, equivalente al 82 % móvil del mejor salario del obrero perteneciente a la misma actividad.
- Por un 1° de mayo obrero, socialista e internacionalista y la reconstrucción de una alternativa revolucionaria para la clase trabajadora.
Para lograr estos objetivos necesitamos una fuerza política capaz de afrontar este desafío; una fuerza que participe activamente en las luchas y experiencias de la clase obrera, y que colabore con la juventud, los activistas ambientales y el movimiento feminista, sintetizando estas fuerzas en una herramienta política que asuma la disputa por la transformación radical de la vida. Esa es nuestra propuesta como Movimiento Anticapitalista, y por eso salimos a las calles este 1° de mayo.
