Los sitios de Memoria en Chile forman parte íntegra del esfuerzo de preservación de la memoria histórica de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado durante la dictadura civil-militar de la derecha pinochetista y los intereses corporativos del capital. Hoy enfrentan una profunda crisis que nos debe movilizar para frenar los cierres por falta de financiamiento.
Por Camilo Parada
Son varios los sitios de memoria que enfrentan una crisis cada vez más aguda debido a la falta de financiamiento, lo que podría calificarse como un nuevo capítulo en la extensa impunidad que, desde la dictadura, se extiende como una mancha bajo todos los gobiernos posteriores, ya sea la ex Concertación, la Nueva Mayoría, las alianzas de derecha o el actual gobierno del Frente Amplio, el PC y sectores del posibilismo concertacionistas. Este grave problema ha llevado al Centro Cultural Museo y Memoria Neltume y la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas a anunciar el cierre, al no poder asegurar el sueldo de sus trabajadores. Sin embargo, no son casos aislados; al menos hay 13 sitios a nivel nacional que actualmente se encuentran en riesgo de cierre debido a la falta de recursos.
Esta situación pone en peligro el funcionamiento normal de estos sitios de memoria y, por ende, el aporte fundamental de estos espacios que han costado tantas luchas, hacia la verdad, la justicia, los derechos democráticos, la memoria histórica, las políticas de reparación y la voluntad de un Nunca Más efectivo. En este sentido, el Estado tiene la obligación de proteger los sitios más allá de declararlos “monumentos nacionales”, lo cual es necesario pero insuficiente en el propósito de reconocer los crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, la dignidad de aquellas personas que dieron su vida por un mundo de igualdad y justicia social.
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Entre los sitios amenazados se encuentran lugares emblemáticos como el Estadio Víctor Jara, el Cuartel Casa de Piedra de la Central Nacional de Informaciones, el Ex Centro de Detención en Balneario Popular Rocas de Santo Domingo y el Ex Centro de Detención Providencia de Antofagasta. La incertidumbre sobre su futuro no sólo impacta en la preservación física de estos espacios, sino también en la continuidad de las actividades educativas, investigativas, culturales y conmemorativas que se realizan allí con el esfuerzo de las personas que los mantienen y trabajan.
Esta crisis nunca debiera haber ocurrido y hace referencia, hay que decirlo, a la gestión presente en materia de memoria y derechos humanos. Es decir, es también una crisis de voluntad política, si bien es el resultado de problemas administrativos que han provocado retrasos en la entrega de los recursos comprometidos para el funcionamiento de los sitios de memoria. Ese problema administrativo nos habla del lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda del gobierno, una agenda que cada vez perpetua la gestión neoliberal de un modelo que no va más.
Uno de los factores que contribuyen a esta crisis es el mecanismo de financiamiento dependiente de fondos concursables, establecido a través del Programa Sitios de Memoria bajo el alero del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. El enfoque de concursabilidad es parte neurálgica del modelo, fomentando la competencia entre pares, en una lógica de «juegos del hambre» y mercantilización de algo tan esencial en nuestro país como son los derechos humanos. Esto es aún más relevante considerando los hechos ocurridos durante la Rebelión de Octubre de 2019, donde el Estado volvió a violar sistemáticamente los derechos humanos, en parte debido a la impunidad imperante tanto ayer como hoy.
La lógica neoliberal-capitalista, que promueve la rentabilidad y la eficiencia en la asignación de recursos, no garantiza una continuidad en la entrega de fondos necesarios para asegurar la operatividad de los sitios de memoria a largo plazo ni como una política permanente del Estado en materia de derechos humanos, más allá de los cambios de gobierno.
La falta de un marco normativo sólido y de recursos financieros estables pone en evidencia la fragilidad de la preservación de la memoria histórica en Chile, algo que ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones por las mismas organizaciones de derechos humanos, los sitios y lugares de memoria, y los familiares de víctimas. En un contexto donde los sitios de memoria son fundamentales para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, la situación actual es alarmante y requiere una respuesta urgente por parte del Estado.
Es fundamental que el gobierno de Gabriel Boric asuma su responsabilidad en esta materia, tal como se comprometió en su programa y en el discurso inaugural de su presidencia. Se requiere un compromiso genuino en la protección y el mantenimiento de estos espacios de memoria, proporcionando un marco normativo claro y garantizando la asignación de recursos financieros adecuados y sostenibles, tal como históricamente han demandado las organizaciones de derechos humanos y que la política de los 30 años ha negado.
Desde el Movimiento Anticapitalista, hacemos un llamado a la solidaridad con los sitios y espacios de memoria, así como con sus trabajadoras y trabajadores. Apelamos a soluciones de urgencia que no se rijan por las normas neoliberales, las cuales forman parte del problema y han causado demasiado daño al atentar contra la memoria y así facilitar la reiteración de las violaciones de derechos humanos hasta la actualidad.
Hacemos un llamado al conjunto de las organizaciones políticas, sindicales, comunitarias y a la sociedad comprometida con la dignidad humana a expresar su apoyo a los sitios de memoria, para avanzar en una ley de Sitios de Memoria enmarcada en una política nacional de derechos humanos financiada por el Estado y gestionada por las organizaciones de derechos humanos y las y los trabajadores de los sitios de memoria. Esto constituiría un espacio abierto e íntegro para la comunidad, con un enfoque educativo y activo para un Nunca Más efectivo que supere el cuadro puramente declarativo, especialmente en momentos de fuerte polarización donde muchos sitios han sido atacados por la ultraderecha nostálgica de la barbarie pinochetista.
