Después de que se filtraran los audios del abogado Luis Hermosilla, se fueron desvelando los vínculos con las cúpulas del poder, especialmente con el piñerismo. La red de corrupción que implica a altos cargos de la PDI para proteger la corrupción de la élite política ha puesto al descubierto la intrínseca relación entre la justicia, el poder y los intereses del 1%.
Por M.A.
Santos (corruptos) en todas las cortes
La expansión del caso del influyente abogado Luis Hermosilla continúa su propagación a través de la red de corrupción que implicó su participación en la operación para proteger los negocios de las esferas del poder, especialmente con el expresidente Piñera y su familia. La operación del abogado, aunque simple, resultó ser eficaz: el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, filtraba información confidencial a Luis Hermosilla sobre los casos de interés para él.
Entre los casos de interés del abogado, según un reportaje de CIPER, se encuentran al menos 12 instancias en las cuales Muñoz reveló información privilegiada a Hermosilla. Esto incluye adelantarse a citaciones a declarar, proporcionar datos de investigaciones y otros requerimientos de la fiscalía. En este contexto, destaca la red de influencia en casos como el de Minera Dominga, donde Piñera estaba en calidad de imputado y el avance del proyecto minero dependía de que las medidas de protección ambiental no afectaran los intereses del negocio de la familia Piñera-Morel, además de que la transacción que beneficio al clan Piñera se llevó a cabo en una jurisdicción offshore. Otros casos de interés incluyen las investigaciones relacionadas con el Casino Enjoy, negociado con intereses de Piñera, así como los casos de corrupción que involucran al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, al exalcalde Raúl Torrealba y al exintendente Felipe Guevara.
La información obtenida por Hermosilla se compartía directamente con el primo de Sebastián Piñera y exministro del Interior, Andrés Chadwick. Además, el bufete de Hermosilla también actuó como asesor del gobierno de Piñera bajo un millonario contrato.
Cada día surgen nuevos antecedentes sobre la red de corrupción que afecta al poder judicial. Entre las más de 777.256 páginas del informe periciado por la fiscalía sobre los mensajes de Whatsapp de Luis Hermosilla, también se revelan las gestiones del abogado para asegurar que Jean Pierre Matus fuera designado en la Corte Suprema en 2021, y para que Antonio Ulloa formara parte de la Corte de Apelaciones de Santiago ese mismo año.
En los últimos años, la indignación hacia las instituciones del poder se ha intensificado. Por cada caso que expone los actos criminales de la minoría que ostenta el poder, estos individuos evaden la justicia y, lo que es peor, utilizan sus influencias para aumentar sus ya abultadas cuentas. Mientras tanto, para la gran mayoría de la sociedad se manifiesta la injusticia, acompañada de una política punitiva dirigida hacia la pobreza y la protesta. La agenda mediática ha impulsado una campaña para infundir terror asociando la delincuencia con la migración, mientras que aquellos que están en el poder han demostrado ser la verdadera mafia que mantiene a santos corruptos en todas las cortes.
Derribar la justicia del 1%, construir una para y desde el 99%
Lo que se evidencia con claridad es la corrupción estructural del sistema capitalista que refleja las miserias de las instituciones del Estado que benefician a los grandes empresarios. Ya no se puede ocultar el papel de las policías en los diversos casos delictivos, de corrupción y de violaciones de derechos humanos, tanto de Carabineros como de la PDI, lo que pone de manifiesto su función de perros guardianes para la casta política y empresarial. La democracia del capital no requiere consenso: ellos eligen a jueces y verdugos. Y esta red de mafia del poder no es exclusiva de la derecha, es un problema estructural de quienes han dirigido el Estado heredado de la dictadura, por eso es necesario transformar radicalmente todo para llevar a cabo una lucha efectiva contra la corrupción.
En este caso y en todos es imperativo establecer una comisión investigadora independiente compuesta por individuos de reconocida trayectoria, otorgándoles plenos poderes para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y perseguir a los responsables hasta el final. Esto debería ir acompañado de una reforma judicial profunda que ponga fin a una justicia que está ligada al poder político. Parte de esta reforma debería implicar la eliminación de los jueces y fiscales con cargos vitalicios, sustituyéndolos por funcionarios elegidos mediante el voto popular en elecciones separadas de los cargos políticos, con posibilidad de revocabilidad y mandatos de cuatro años. En ese sentido se deba avanzar en la disolución de las policías y construir una nueva seguridad comunitaria que surja de la democracia plena del pueblo, sin privilegios y con perspectiva de derechos humanos.
A su vez es fundamental implementar medidas que ataquen las raíces de la corrupción y eviten su proliferación: embargo e incautación de los bienes de funcionarios y empresarios corruptos hasta restituir lo adeudado, como una forma de hacer frente a las consecuencias de sus acciones y recuperar los recursos malversados; implementación de un control social riguroso sobre todas las obras o concesiones públicas significativas, con el fin de prevenir negocios privados corruptos y garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos de interés público; establecimiento de presupuestos estatales con participación y control popular en su aplicación, asegurando que los fondos públicos se destinen efectivamente a las necesidades prioritarias de la sociedad; apertura de los libros contables de las empresas implicadas en actos de corrupción, como una medida para revelar y sancionar prácticas financieras fraudulentas y promover una mayor rendición de cuentas en el sector privado.
Sin duda, la exigencia de investigación, juicio y castigo a toda la red de la mafia que involucra la casta política y empresarial, comenzando por el fallecido expresidente Piñera y su familia, al igual que Andrés Chadwick y todos los funcionarios del estado involucrados.
Estas acciones deben ser parte de un enfoque integral para combatir la corrupción y promover una verdadera justicia social. Con estas coordenadas construimos nuestras propuestas como organización para transformar todo al servicio de las mayorías. Una efectiva justicia democrática vendrá a partir de la movilización social contra la única minoría peligrosa: los capitalistas.
