Por Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
El domingo se publicó una investigación que destapó la millonaria compra venta de la Minera Dominga por el Presidente Piñera y el empresario Délano en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, bajo la cláusula de que el lugar no podría ser declarado con protección ambiental. En el marco de un escándalo mundial que involucra a presidentes, empresarios y famosos tras el filtrado de documentos, el capítulo chileno es de los más resonantes. Veamos.
La caja de Pandora que expone a Piñera y la casta política
Pandora Papers, como se conoce a la investigación del Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), contó con la participación desde Chile de los medios LaBots y Cipers para seguir la huella de empresarios y políticos del país. Este último expresa de esta forma el resultado de la información obtenida: “Pandora Papers revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia al 1% más rico a expensas del resto de la población. A partir de 11,9 millones de documentos confidenciales, la investigación expone los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado y de más de 130 multimillonarios a escala global”[i].
Son millones de documentos filtrados de 14 proveedoras de servicios en paraísos fiscales que revelan el secreto de los negocios offshores, es decir, negocios deslocalizados para manipular la contabilidad y beneficiarse en paraísos fiscales que se sostienen con baja o nula tributación. Entre los nombres que surgen, además de fugitivos y estafadores motivados por el favor del gran capital y sus instituciones que les permite lavar dinero, hay diversos políticos como los presidentes latinoamericanos Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana, mientras que figuran otros 11 ex presidentes de la región como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana o el peruano Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. También destacan personajes como el ex primer ministro británico Tony Blair, el Rey de Jordania, el primer ministro de República Checa y los presidente de Ucrania y Kenia, además de actividad asociada de propaganda no oficial de Vladimir Putin.
En la nómina nacional no sólo está la familia Piñera Morel con sus negocios íntimos con Délano, también los acompañan en las operaciones offshore los multimillonarios Luksic, Cortés Solari, Cueto Plazas, Farkas, Holger Paulmann, además del dictador Pinochet y accionistas de la AFP PlanVital como lo detalla Ciper. Es por eso que seguramente en los próximos días veremos más hechos escandalosos derivados de la investigación.
Dominga: el Estado al servicio de los negocios del 1%
La noticia destapó la millonaria compra venta de la Minera Dominga por el Presidente Piñera y su empresario amigo Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas, transacción que tiene sus antecedentes en el primer gobierno de Piñera. En el 2010 estalló el conflicto socio-ambiental en la región de Coquimbo para detener el proyecto Barrancones que pretendía instalar dos plantas a carbón en el sector de Puntas Choros, es en ese momento que Piñera anunció la cancelación de la termoeléctrica, una situación inusual que respondía a los intereses de otro empresario cercano al presidente, Juan Claro, como lo expresó la investigación periodística de Radio Biobio[ii] en su momento. Dicho proceso además implicaba que desde el 2009 Piñera invirtió en sociedades que a su vez, eran dueñas de un tercio de Minera Andes Iron, la empresa detrás de la construcción de Dominga que se pretendía instalar en el mismo sector de la reserva de la naturaleza Punta Choros.
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Ahora, tras la filtración de Pandora Papers, se suman antecedentes claves en la utilización del Estado para los negocios del propio presidente y del gran capital. La familia Piñera Morel junto a Carlos Alberto Délano sumaban el 56% de las acciones de Dominga hasta se que llevó a cabo la transacción en las Islas Vírgenes Británicas, dónde el empresario -quien estuvo “preso” por el caso PENTA- compró la parte de su amigo Piñera en una operación que constaba de tres pagos y que el último dependía de que no se declarara como zona de protección ambiental ni hubieran cambios regulatorios que afectaran a la minera. Según la filtración, Délano compró las inversiones de todos los socios quienes obtuvieron ganancias de 1.000%, incluido Piñera.
Esta situación es un ejemplo claro del rol del Estado y sus instituciones al servicio de una minoría concentrada en el poder político y económico, en dónde un sector social se beneficia incluso por sobre su “propia legalidad”. Corrupción y ecocidio se llama este capítulo de Piñera en la larga temporada que incluye violaciones de DDHH.
Comisión independiente de investigación para juzgar a Piñera y sus cómplices
El prontuario del actual presidente es insostenible y a su vez es el reflejo de la propia forma de funcionamiento irracional del capital, sistema cuya lógica de maximizar la ganancia es incompatible con las regulaciones más básicas: paraísos fiscales, represión, ecocidio.
La gobernabilidad de Piñera sólo se puede entender por el rol del arco político del régimen que pactó con él el 15 de noviembre del 2019, mientras que las calles nos manifestábamos al grito de ¡Fuera Piñera! como síntoma de los cambios necesarios que se requieren para desmantelar la agenda del 1%. Por eso es central retomar la movilización y gestar una nueva campaña que impulse el juzgamiento por todos los crímenes del presidente, abriendo todos los archivos financieros y también judiciales que apuntan a la responsabilidad política en la corrupción y la violación sistemática de los DDHH. Un proceso que debe ser encabezado por una Comisión Investigadora Independiente conformada por miembros de la sociedad civil, sin intervención de la actual institucionalidad corrupta para un juzgamiento efectivo: incautación de todos los bienes de él, su familia y quienes estén involucrados por estafa y/o corrupción; juicio y castigo por las violaciones de DDHH.
Es posible si la agenda del 99% se retoma y los sectores que se reclaman de izquierda en la Convención Constitucional actúan en función de los intereses de las mayorías, esto es con participación popular y movilización, no entre cuatro paredes que acentúan el rasgo de cambios a medida de lo posible, tal como sucedió con la votación de la reglamentación que amarra el Acuerdo por la Paz y se profundiza con medidas como el secreto bancario de los convencionales, política ejemplificadora de la corruptela envuelta en el matrimonio político-empresarial.
Nuestro llamado es activar: ¡Fuera Piñera! Para desmantelar esta institucionalidad corrupta del 1% y construir otra democracia para las mayorías, que seamos quienes movemos el mundo las y los que decidamos en beneficio del 99% y la naturaleza, sin privilegios de la casta política.
