Por Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
En medio de la crisis sanitaria y económica, el gobierno avanza con su política autoritaria y ordena tramitar con suma urgencia en el Congreso la Ley de Inteligencia. De esta forma, busca aumentar las atribuciones a los organismos represivos y de control contra las mayorías sociales.
Contra la democracia
Piñera, junto al ministro de Defensa y la Agencia Nacional de Inteligencia, avanza en la agenda represiva, acelerando el debate en el parlamento de la ley que “fortalece y moderniza el servicio de inteligencia del Estado”. Esto no es más que un intento por seguir profundizando en el control represivo al modificar la noción de peligro para apuntar a “grupos nacionales”. Es así que, junto a la iniciativa de Infraestructura Crítica, amplía la intervención de las Fuerzas Armadas sin necesidad de contar con decretar estado de excepción constitucional. Es decir, Piñera y el gobierno buscan atajos para apuntalar la protesta social.
El proyecto presentado por el ejecutivo ya fue aprobado en general en el Senado. Su contenido se basa en, básicamente, dar riendas sueltas a la ANI como organismo de contrainteligencia en un notorio intento por profundizar aún más el autoritarismo al cambiar la definición de las “amenazas” contra la seguridad del Estado. A su vez, le permite a este organismo la coordinación del sistema de inteligencia, de la FFAA y policiales, ampliando el rol de los militares en el orden interno. Una completa desregulación en contra de mínimas garantías democráticas.
El parlamento y la oposición
El perfil polémico de la ley ha encontrado diversas opiniones críticas, incluso desde diputadas y diputados del Frente Amplio y el PC, aunque tampoco se puede desconocer que la propuesta del Ejecutivo no es actual, sino que saltó al debate nuevamente por imponer la “suma urgencia” en el parlamento. En plena rebelión se comenzó a tramitar, el 13 de noviembre del 2019 fue promovida luego de la huelga del 12N que hizo tambalear al gobierno, el 23 de abril del actual año pasó por la Cámara Alta con votos de la ex Concertación y del único Senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre.
Por otro lado, hoy la protesta y el movimiento social se ve enfrentado por un conjunto de leyes autoritarias que han encontrado el apoyo del FA, ley Anticapucha y ley Antisaqueos, ambas propuestas fueron promovidas posterior a la rebelión del 18 de octubre. Señales que, más allá de polémicas cruzadas, apuntan a sostener al régimen político mientras la crisis la debemos pagar nosotres. Todos estos son acuerdos contra la protesta de sectores que, si bien son de distintos colores políticos, están interesados en mantener las cosas como están.
Desmantelar los aparatos de inteligencia
Desde el 18 de octubre las vulneraciones a los derechos humanos en manos de las fuerzas policiales y armadas se hicieron cotidianas bajo el auspicio de Piñera. Pero más allá de que este gobierno en particular sea un nostálgico de la dictadura e intente acallar la voz de la clase trabajadora a punta de balas y leyes arbitrarias, la existencia del aparato represivo tiene un sentido claro: la protección de un Estado capitalista. Así mismo está pasando ahora en EEUU que, tras el asesinato a George Floyd, deja en evidencia que las policías y militares sirven los intereses contrarios a los de las mayorías.
Es por eso que esta ley debe contar con todo el rechazo y evitar que se siga profundizando las medidas antidemocráticas. No basta con criticar el hecho de que Piñera esté imponiendo su tramitación inmediata, sino que todo el proyecto debe ser repudiado y desechado. También hay que poner debate que una verdadera democracia no puede tener aparatos de inteligencias que sólo sirvan para la garantía de una minoría concentrada en el poder, no deberían existir. Necesitamos impulsar el desmantelamiento total de los servicios de inteligencia, también de la policía de Pinochet y las Fuerzas Armadas. Debemos avanzar en las aperturas de todos los archivos de la dictadura y también de los actuales, para que sean de conocimiento público y así constituir garantías democráticas mínimas, tanto en el cuerpo policial como a nivel social. Un punto de partida es que digamos fuertemente: nunca más aparatos represivos contra las mayorías sociales, frenemos el giro autoritario del gobierno!
