Por Francisca Barbosa, artículo publicado en Alternativa Anticapitalista nº 1
Apenas comenzó el estallido, el gobierno, con toda la fuerza del aparataje estatal, desplegó una política de brutal represión y persecución. Si bien la potencia de la movilización logró la retirada de los milicos, Piñera se ha dispuesto a gobernar a punta de balas y cárcel.
Actualmente, la Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de octubre cuenta más de 2.500 presas y presos políticos, donde se incluyen menores de edad recluidos en centros de detención del SENAME.
Lo que estamos viviendo es la evidencia de que todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con la acción criminal de los uniformados, actúan en pos de criminalizar la protesta. Y es que mientras el gobierno le declara la guerra a los pueblos, en el Congreso no hay ninguna voz que defienda a las y los que luchan. Por el contrario, hoy Piñera gobierna gracias al Pacto que lo oxigenó, con una “oposición” que le vota leyes a favor. Al son de todo esto, los jueces y juezas fallan de acuerdo a los prejuicios y vicios de la ideología imperante: burguesa, machista y racista. La justicia del y para el 1%.
El punitivismo para el 99%
En los tribunales de (in)justicia se aplican las mismas leyes que la dictadura. Arsenal legal que incluye la ley Antiterrorista y la ley de Seguridad Interior del Estado, utilizadas para criminalizar al pueblo mapuche durante todos estos años, hay que sumar nuevas leyes aprobadas por este Congreso para encarcelar a la clase movilizada.
El pacto sirvió para lograr la impunidad de las violaciones de DDHH y le dio la posibilidad al gobierno de quedarse, solo para salir a responder con más sangre. Aquellos que se llamaban de “izquierda” negociaron un acuerdo nefasto con lxs muertxs en la mesa y a espaldas de la calle que exigía una AC, libre y soberana, no migajas con quórums lo suficientemente altos como para mantener el neoliberalismo.
Desde entonces, Piñera solo se ha dedicado a promover su agenda represiva. Pero la derecha no está actuando sola. Si hoy tenemos a un presidente con un 6% de aprobación, es porque hay voluntad de diversos sectores de asegurar la “gobernabilidad”. El paquete de leyes carcelarias que la administración promovió como respuesta al estallido, se aprobó con los votos del FA y abstenciones del PC, normas que castigan con pena de cárcel acciones como “el que baila pasa”.
Y esto no es más que una intencionada arremetida contra el pueblo, quienes habitan los recintos penitenciarios son personas que pertenecen a ese 99% que no accede al poder del Estado, ni a los beneficios del capital. Para los ricos hay clases de ética.[1] En esta línea, diversas organizaciones sociales y en especial el feminismo anticarcelario, han puesto en evidencia que el punitivismo[2] es una de las más importantes herramientas que tiene el Estado capitalista para castigar la subversión.
Y los casos que ilustran esta realidad suceden todos los días. Lo vemos cuando el gobierno dijo que no invocaría la ley de Seguridad del Estado para quienes estaban consiguiendo armas AK 47 en el barrio alto, pero hizo todo lo posible por mantener a un profesor en una cárcel de alta seguridad por romper un torniquete. Así el caso de Brenda Vargas en la ciudad de Los Andes, enviada a la cárcel de Quillota los primeros días de la revolución. En su caso, fiscalía armó un proceso sin evidencia en su contra y entraron como querellantes la intendencia de Valparaíso y un banco privado. empresarios lo necesitan.
Un cambio democrático solo es posible sin presxs políticxs, necesitamos otra justicia.
La posibilidad de avanzar en un proceso constituyente se hace imposible con un asesino gobernando y con miles de compañexs encerrados por el Estado, mientras los partidos del régimen y el IDNH guardan silencio. Durante estos meses se han violado sistemáticamente los DDHH y en especial, los derechos de las mujeres que somos receptoras de la violencia política sexual y de los niños, niñas y adolescentes que son enviados al infierno del SENAME.
Defender los intereses de la clase trabajadora implica defender el programa
de la revolución, sin olvidar a lxs caídxs ni transar a lxs encarceladxs y que
sean los violadores de DDHH de ayer y hoy quienes ocupen las cárceles, sólo así
podremos reorganizar a partir de otra lógica la justicia, en dónde los jueces
y/o juezas sean elegidos por voto popular, revocables por decisión democrática
y sean derogadas todas las leyes represivas heredadas de la dictadura.
[1] Caso Penta: Los imputados Délano y Lavín fueron sentenciados a solo 4 años de cárcel, pero pudieron evadirla con beneficio de libertad vigilada intensiva, multa de $857 cada uno (la mitad de lo que eludir en impuestos) y clases de ética.
[2] Proviene de la palabra punitivo: que guarda relación con el castigo y que hace referencia a la “solución” de la clase gobernante a los problemas sociales.
