Por Joaquín Araneda, Movimiento Anticapitalista
Mientras Piñera anunció que las clases retornarán presencialmente la primera semana de marzo, él y sus ministros afrontan un verdadero bombardeo en contra las y los profesores. Unilateralidad represiva para la “normalización” en tiempos de pandemia ¿Existen las condiciones reales para retornar? ¿Qué opinión tienen el profesorado y la comunidad educativa?
Anti trabajadores, anti educación
El ministro de educación Raúl Figueroa ha sido el principal exponente en pronunciarse por el retorno a clases, más de una vez insistiendo e ideando diversos nombres publicitarios para anunciar una política que de forma impositiva planteaba las clases presenciales, un reflejo de la búsqueda de una normalización en tiempos de COVID por parte del gobierno, que por un lado expone a la inmensa mayoría de las y los chilenos al contagio de un virus que aún no ha sido controlado, mientras que impulsa una agenda represiva y de ajuste que lejos está de una prevención sanitaria.
Hoy en plena segunda ola reluce el espíritu miserable de quienes ponen la ganancia sobre la vida. En primer lugar, Piñera al anunciar el inicio de clases para la primera semana de marzo declaró: “Serán los padres y apoderados, no el gobierno ni tampoco el Colegio de Profesores, los que deberán tomar libremente la decisión”, una sentencia unilateral disfrazada de un discurso de “libertad de elegir” deja de lado a la propia comunidad educativa, principales actores que podrían definir sí existen las condiciones para garantizar clases presenciales de forma segura, es por eso que la opinión del gremio docente junto al estudiantado y la comunidad en su conjunto es aún más importante que cualquier presidente.
Para complementar el cuadro se sumó con euforia patronal el ministro de economía Lucas Palacios anunciando que “los profesores buscan cualquier excusa para no trabajar” y en sintonía con el desprecio hacía los educadores, el pinochetista y senador Iván Moreira planteó que “los profesores han estado de vacaciones todo el año”. Contrario a todo el discurso de odio contra las y los profesores, lo cierto es que son uno de los sectores más golpeado por la sobrecarga laboral previo a la pandemia y que ahora viven una profundización en la precarización de su trabajo que elevó las horas que involucra la planificación y el desarrollo de las clases, sumado a la falta de infraestructura que el Estado y el gobierno no facilitan, mientras que las tareas domesticas y de cuidados juegan por partida doble en la espaldas de las profesoras.
¡Que deciden las y los profes junto a la comunidad educativa!
Quedó demostrado en los meses de pandemia que el gobierno apunta a prevalecer la ganancia de unos pocos por sobre la salud y vida de las mayorías. En aquella racionalidad, la del capital, se entiende que los malls estén abiertos, el transporte saturado, una lógica que suma el toque de queda y la cuarentena acotada a fines de semana con un claro sesgo de clase. Ahí se inscribe el retorno a clases sin tener garantías del control de la pandemia y que personajes como el ministro de salud borde lo anticientífico de sus declaraciones para sustentar dicha (ir)racionalidad: “los niños en general, han tenido muy poca contagiosidad, o sea no transmiten el coronavirus a los adultos mayores y, además, han tenido casos muy bajos de contagios en los colegios”, dichos que rápidamente fueron desmentido por especialistas.
Es por eso que ante la ofensiva del gobierno en desmedro de las y los profesores es necesaria la respuesta inmediata del gremio y sumar todo el apoyo social. Impulsando asambleas de base de las y los profesores y trazar puentes con el conjunto de la comunidad educativa, estudiantado y apoderados. Exigir las garantías preventivas sanitarias y también de infraestructura como la conectividad. Avanzar en estas medidas junto a las demandas históricas del profesorado para reducir inmediatamente la carga laboral es posible si la conducción del Colegio de Profesores sale de su pasividad y que pase de declaraciones tibias a acciones concretas para frenar al gobierno y que, de una vez por todas, sean las y los profesores junto a la comunidad educativa quienes tenga la posibilidad de ejercer con plenas garantías laborales y sanitarias el derecho básico a la educación.
Desde el Movimiento Anticapitalista repudiamos los dichos miserables del gobierno e invitamos a sumarte junto a nosotras y nosotros para construir una alternativa docente al servicio de la movilización y la organización.
