Por Francisca Barbosa, Movimiento Anticapitalista – Juntas y a La Izquierda
El 29 de noviembre de 2017 Lissette Ramos Vásquez recibió un disparo por parte de Luciano Francisco Silva Morales, en la calle a plena luz del día, frente a vecinos y vecinas, en la población Santa Adriana en Lo Espejo. Han sido 3 años y 5 meses el tiempo que la familia Ramos Vásquez ha esperado para un juicio oral que iniciará recién mañana miércoles 12 de mayo.
El caso de Lissette tiene varios elementos que no lo hacen demasiado complejo jurídicamente hablando. Ella y Silva eran convivientes, aún cuando éste ha intentado negarlo en sus declaraciones para que no se aplique el tipo de femicidio que tiene una pena más alta que un homicidio. Recordemos que para el 2017, antes de que entrara en vigencia la ley 21.212, conocida como la Ley Gabriela, el femicidio estaba limitado a la unidad doméstica-familiar y no se reconocía como un crimen de género. Ahora bien, la familia alega antecedentes de violencia que Lissette no quiso denunciar. Tenemos que existen numerosos testigos de lo sucedido ese día, una autopsia que confirma que Lissette murió por una herida de bala y al culpable detenido en flagrancia ese mismo día. Cabe preguntarse ¿por qué ha pasado tanto tiempo entonces sin que exista condena? ¿cómo es que los y las compañeras detenidos en el contexto de la rebelión de octubre ya han sido condenadxs y los femicidas no?
Lamentablemente, el caso de nuestra compañera y su familia es el de muchas. No sólo se ha hecho normal que decenas de mujeres sean asesinadas por año en Chile, sino que también se ha naturalizado la idea de que hay que esperar un largo tiempo antes de siquiera hablar de juicio propiamente tal. Ese tiempo de espera suele ser de total abandono por parte del Estado. Generalmente, las familias tienen que depositar sus esperanzas en instituciones que no conocen y que por lo demás, generan bastante desconfianza. Y es que en todo este proceso están involucradas las policías, el Ministerio Público, el poder judicial y en muchos casos el Sernameg como querellante, representando los intereses de la familia en el procedimiento penal. Estos entes son los mismos que han sido puesto en cuestión con fuerza desde finales de 2019, período que confirmó lo que muchas ya decíamos: el aparato de “justicia” les sirve a unxs pocxs y está igual de podrido que los otros poderes del Estado.
Y esto es evidente cuando vemos que los políticos corruptos y los empresarios que se coluden jamás van a la cárcel. Los vimos cuando las denuncias por violaciones a los derechos humanos del estallido social difícilmente eran investigadas por Fiscalía[1], pero todo avanza siempre tan rápido si hay que perseguir a quienes protestamos en la calle o al pueblo mapuche, criminalizado desde que existe este país. Por otro lado, pareciera que el Estado aparece sólo cuando las mujeres ya han sido asesinadas. Esta “aparición” es precaria, insuficiente y llega demasiado tarde sin las herramientas de transformación que reclamamos. De hecho, la única institución que existe para defender nuestra integridad ha sido, sobretodo en este gobierno, liderada por ineptas que solo han gestionados patéticos fracasos. El último de estos, es la noticia de irregularidades en la atención a mujeres víctimas de violencia.[2]
Así las cosas, las vidas de las mujeres pobres, pobladoras, las incorrectas y camionas no son prioritarias. Busquen el nombre de Lissette en internet y verán que su caso fue escasamente cubierto por la prensa en ese entonces y que sólo figura como un nombre más en las listas de mujeres asesinadas en el 2017. Hace pensar en lo dicho por Rita Segato: el femicidio aparece como espectáculo en los medios, pero no se puede hacer un escándalo mediático por otra muerte más en una población estigmatizada de una comuna pobre ¿no? Suena brutal, pero sabemos que es cierto, que la vida de algunas mujeres vale menos en este mundo que nos etiqueta y degrada. Lo más triste de todo es que hay mujeres cuyos nombres ni siquiera figuran en listas ¿qué pasará con las muertes de esas mujeres que no las grita nadie, esas que no se convierten en hashtag y cuyas fotos nunca vimos?
Esta es una realidad que debemos mirar de frente. El modelo de “justicia” impuesto por el Estado está muy en consonancia con el capitalismo: es individualista, no democrático y patriarcal. Y como feministas necesitamos generar tácticas para enfrentarlo con el fin de que ninguna compañera quede en el olvido, pero por sobretodo, que no haya más mujeres muertas por violencia machista. Sabemos que para esto necesitamos cambios radicales, integrales y estructurales que no se basen en el punitivismo ni en políticas ultra focalizadas y que reemplacen lo que ahora conocemos como el derecho, los tribunales y el poder judicial, etc. Pero no vamos a dejar de denunciar que el sistema le falló a Lissette, a su hijo y a su familia, porque la verdad, como ya se ha dicho, no está hecho ni por ni para las mayorías. Aún así, se nos han prometido derechos mínimos que vamos a reclamar. El caso de Lissette merece un trato digno y justo para todxs sepan la verdad de lo que pasó. Nosotras no la olvidamos, no la dejaremos de gritar y no dejaremos de pelear hasta que la muerte y el dolor dejen de ser lo normal. Exigimos justicia para Lissette Ramos Vásquez ¡TRANQUILA LISSETTE QUE VAMOS A VENCER!
Te invitamos a estar atenta esta semana de juicio que inicia mañana miércoles 12 de mayo a las 9.00 am. Haz mucho ruido por redes sociales y sigue el Instagram oficial: @lissette_ramos_vasquez para participar en la campaña de agitación.
[1] https://www.ciperchile.cl/2020/07/15/balance-penal-del-estallido-fiscalia-investiga-a-466-agentes-del-estado-y-gobierno-acusa-a-3-274-personas-de-cometer-actos-violentos/
[2] https://www.cnnchile.com/pais/contraloria-detecto-irregularidades-prevencion-deteccion-violencia-mujeres-sernameg_20210505/
